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Las causas de los 32 despidos ejecutados en el aeropuerto de la Base de Rota “eran falsas” 

Adelante Andalucía exige al Gobierno de la Junta que "use la soberanía para defender a los trabajadores de Louis Berger"

El diputado de Adelante Andalucía por Cádiz, José Ignacio García, ha reclamado a la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, que “use la soberanía para defender a los trabajadores de Louis Berger”, en conflicto desde hace tres años con la empresa norteamericana que gestiona el aeropuerto de la Base Naval de Rota.

En sede parlamentaria, García ha dirigido una pregunta a la titular de Empleo para saber las medidas que el Ejecutivo andaluz piensa adoptar para hacer cumplir la legislación laboral española después de que la empresa hiciera hace tres años un ajuste de plantilla, alegando que sobraban 45 trabajadores, y que en este tiempo haya despedido a 32 y contratado a otros 57. “Las causas de esos despidos eran falsas y lo que se quería hacer era una modificación de las condiciones laborales por la puerta de atrás”.

El diputado gaditano agradeció el apoyo expreso de la consejera a la plantilla pero demandó soluciones. “Hay que tomar medidas, señora consejera”, porque “los trabajadores están pidiendo tres cosas: que la empresa se siente a negociar un nuevo convenio, que se readmitan a los despedidos y que se respete el derecho a huelga”. Para García, “lo que hay de fondo es una cuestión de soberanía” pero “este es un territorio andaluz, es territorio de España —insistió—, por lo que deben regir las leyes españolas. No podemos estar amparándonos en la bandera y en la soberanía en tantas ocasiones y cuando debemos usar la soberanía para defender los derechos de los trabajadores nos olvidamos de ella”.

En esta línea, le preguntó sobre la prevalencia de “la regulación laboral española que defiende los derechos y las obligaciones de los trabajadores o el poder de una multinacional que está haciendo lo que quiere en territorio andaluz”. Finalmente, lamentó que ahora el Gobierno de la Junta apele a la responsabilidad del Estado cuando “su propio partido en la provincia de Cádiz decía hasta hace unos meses, antes de las elecciones autonómicas, que era competencia andaluza y, ahora, que es competencia estatal. Lo cierto es que uno por otro, y la casa sin barrer mientras que estos trabajadores llevan tres años en conflicto, con 32 personas en la calle y asistiendo durante todo un año a la vulneración de su derecho a huelga, que está siendo atacado y reprimido mientras que sus gobiernos no ponen soluciones”.

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