En Lebrija, y concretamente en esas marismas que riega el Guadalquivir, late durante el corazón del verano la actividad agroalimentaria más potente de toda la comarca: la transformación del tomate para los botes de kétchup de casi toda Europa. Son cientos de barriles como si de petróleo rojo se tratase.

El centro de control es la cooperativa Las Marismas, que lleva casi medio siglo conectando el campo con la industria, que cuenta con 480 agricultores que trabajan unas 14.000 hectáreas —1.200 de las cuales se destinan a este cultivo, al que se dedican 220 agricultores—, que mantiene en plantilla a casi 150 trabajadores. Este número, no obstante, se duplica desde que llega el verano en una cooperativa que vela por la calidad, la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los tomates desde que se recogen en el campo hasta que se comercializan convertidos en zumo en países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Polonia, Austria, Finlandia, Lituania, Estonia, Suecia, Finlandia o República Checa, entre otros.

Más del 90% de la producción se destina a Europa. De las 5.700 hectáreas dedicadas en la provincia de Sevilla al tomate industrial, 3.500 están en el término municipal de Lebrija, aunque la cooperativa Las Marismas explote este año 1.200 y otras tantas sean explotadas para el grupo portugués Sugal Group (con centro de transformación en Las Cabezas de San Juan) y Conesa (en la pedanía palaciega de El Trobal). El resto, en zonas de Los Palacios y Villafranca o Utrera como Maribáñez, Pinzón y Trajano.

Solo una cooperativa como Las Marismas de Lebrija S.C.A, que pese a la reciente crisis que la ha obligado a un ERE y a refinanciar su deuda (20 millones de crédito ICO) facturó el año pasado más de 42 millones de euros, que asesora en todo el proceso al agricultor, que lo ampara con servicios fundamentales como el semillero, el asesoramiento técnico o la asesoría laboral, fiscal y jurídica, es capaz de coordinar tan intensamente una cadena tan perfecta y diaria que empieza al alba en las propias explotaciones y que termina en la fábrica después de organizar la recolección, gestionar los transportes, supervisar la recepción, realizar controles de calidad y transformar el tomate. Para ello, se utilizan hasta tres circuitos de agua que los limpian antes de ser evaporados en caliente, esterilizados y transformados en zumo desprovisto de pieles y semillas, que se aprovechan para alimentación animal.

Y puede hacerlo, al margen de por una excelente coordinación, por su ubicación estratégica, ya que entre la parcela más lejana y la propia cooperativa no hay más de 15 kilómetros de distancia. Es esta cercanía la que preserva la calidad de la materia prima y la que puede reducir el impacto asociado al transporte, pues el tiempo máximo entre la recolección del tomate y su transformación no supera las 8 horas.

Una clave para preservar la calidad del tomate es la poca distancia y el poco tiempo entre las parcelas y la fábrica: 15 kilómetros como mucho y menos de 8 horas

De modo que todo queda en casa a lo largo de la campaña, desde el cultivo que arranca en plena primavera hasta la recolección, cuyas últimas hectáreas serán repasadas la semana que viene. Será ya en septiembre cuando se expida el producto elaborado a los distintos mercados.

En estos últimos meses la actividad es frenética, hasta el punto de que el tomate industrial supone casi un tercio de la agricultura lebrijana y un 65% del volumen de negocio de la cooperativa, con capacidad de transformar cada día hasta 4 millones de kilos de tomate fresco en pastas, salsas de tomate en diferentes concentraciones, refinaciones y envases con usos industriales como bases para salsas, platos preparados, sopas, cremas, tomate frito y por supuesto kétchup, como el que fabrica el gigante Heinz, o la salsa de tomate de las pizzas de la marca Dr. Oetker.

El problema de los precios

En el último lustro, la producción de tomate industrial en el sector B-XII de Lebrija ha sido una montaña rusa: en 2021 se llegaron a sembrar 1.700 hectáreas, un máximo histórico que vino propiciado por la abundancia de agua, los precios razonables de los insumos (fertilizantes, semillas, gasóleo agrícola y energía eléctrica) y la enorme demanda de tomate procesado en toda Europa después de la pandemia del Covid. Sin embargo, en las dos campañas siguientes ni siquiera se pudo sembrar por culpa de una sequía galopante. La propia cooperativa lebrijana pasó de facturar casi 60 millones de euros en 2021 a solo 15 en 2023. Desde 2024, la producción se ha recuperado tímidamente, pero el problema fundamental son los precios.

El año pasado se pagó la tonelada a 100 euros, y este año, a 105 euros, lo cual sigue siendo “absolutamente insuficiente” según la mayoría de los agricultores lebrijanos con los que ha contactado lavozdelsur.es. El propio presidente de la cooperativa Marismas de Lebrija, José Tejero, reconoce que “está claro que el precio no es el que debiera ser”.

A juicio de estos agricultores, no es realmente rentable si no se paga la tonelada a un mínimo de 135 euros. Si no, es casi “lo comido por lo servido”, como apunta Antonio Arriaza. Y eso que, en este caso, se trata de un agricultor que ha sembrado 70 hectáreas este año. Desde luego, solo quien puede sembrar mucho puede verle la ventaja, pues la media de producción por hectárea es, según muchos agricultores, de 90 o 100 toneladas (aunque fuentes de la cooperativa amplían ese rendimiento a 110). En cualquier caso, cada hectárea soporta un gasto de unos 9.000 euros, y si se está pagando cada tonelada a 105 euros, el beneficio real por hectárea es de alrededor de 1.000 euros como mucho. También Arriaza se queja de la competencia, “incluso de China”, y de que “hay mucho excedente de tomate en el mundo y eso se nota”. En cualquier caso, consciente de que “estamos en una mala racha”, Arriaza razona que “siempre hemos pasado por rachas buenas y rachas malas y que eso ha pasado siempre con el tomate”.

Se está pagando la tonelada a 105 euros y hasta el presidente de la cooperativas Las Marismas de Lebrija reconoce que ese precio no es el que debiera

Juanma Sevillano, otro agricultor lebrijano que llegó a sembrar 25 hectáreas de tomate industrial hace pocos años, ha decidido pasar banca en esta ocasión y se ha decantado por los pimientos, la otra alternativa igualmente roja que han encontrado muchos agricultores lebrijanos ante los bajos precios del tomate. “No he sembrado tomates esta vez por el precio”, asegura. “No me compensaba arrendar tierras, con la subida del gasoil y con los abonos, imposible”, insiste.

“Cuando se habló con las fábricas y se dijo que ese era el precio, decidí no sembrar nada”, señala, y añade: “Hay muchos otros agricultores aquí que también se han echado para atrás con esos precios, y otros que han sembrado tomates pero porque no tienen más remedio, porque no tenían más alternativa al perderse también la remolacha” tras el cierre de la azucarera de Jerez. Con el pimiento rojo, aunque se recoge a mano, "no hay que estar tan pendientes como con el tomate", aseguran trabajadores en una pausa de la recolección. "Al pimiento se le ponen dos goteos para el doble liño que lleva, pero es menos pensionoso que el tomate". 

Este año lo están pagando a 34 céntimos el kilo, pero no tiene tantas hectáreas de momento porque falta demanda. El pimiento rojo lebrijano se lo llevan a Murcia o Navarra, y deja un margen de beneficio mayor que el tomate "si se le echa la pluma y se mira la jornada de trabajo", como explica Félix Herrera, que también parcelas dedicadas al pimiento, más allá de las destinadas a tomate industrial.

Otro agricultor, Manuel Cordero, por su parte, recuerda que el tomate suponía hace muy poco el 50% de la ganancia anual del agricultor en el sector B-XII, pero “ahora mismo, con la competencia desleal de Marruecos, que usa productos fitosanitarios de hace 40 años y apenas paga seguros sociales, nos está quitando las ganancias que antes teníamos en las explotaciones”. “Con el gasto que tenemos por hectárea, se le puede ganar 1.500 euros en el mejor de los casos”, insiste Cordero, quien recuerda que la mayoría de los agricultores tiene cuatro hectáreas y debe invertir “una media de 35.000 euros nada más que en gastos”. “Con este panorama”, se queja, “lo que hace el agricultor es cambiar el dinero de mano”.

“Y la materia activa que aquí está prohibida no solo se permite en Marruecos, sino incluso en Portugal, por ejemplo”, ratifica Diego Sánchez, otro agricultor que recuerda que “105 euros por tonelada es poquísimo”, porque los costes de producción, por fertilizantes, combustibles, materias activas y una trazabilidad cada vez más exigente no hacen sino aumentar. En este sentido, si el maíz dulce y el pimiento están desbancando poco a poco al tomate es también porque no requieren la intensidad “de estar 24 horas pendientes durante más de cuatro meses”.

“Es que todo lo que se pague por debajo de los 135 euros no va a ser rentable”, dice tajante Félix Herrera, quien insiste igualmente en la “competencia desleal que tenemos de Mercosur , que echan líquidos y productos fitosanitarios que a nosotros nos prohibieron hace décadas”. “Con esos productos baratos y la mano de obra que tienen ellos, es muy difícil competir y contra ellos no podemos, y como sigan subiendo los precios, pues el tomate tenderá a ir despareciendo también”, advierte catastrófico Herrera, quien lamenta que “se esté pagando el producto casi por debajo de los costes de producción”. “O a esto se le da un vuelco, o la cosa pinta mal”, insiste, “y no es que haga falta coger mucho, sino que nos paguen lo que vale el producto”.

Tampoco el presidente de la cooperativa, José Tejero, es ajeno a este problema fundamental. “El sector necesita mayor protección y, sobre todo, reglas de competencia equivalentes, porque los agricultores y las industrias europeas están asumiendo exigencias cada vez mayores en sostenibilidad, seguridad alimentaria, calidad y condiciones laborales, mientras compiten con productos de terceros países que no siempre responden a estos mismos requisitos”, argumenta, por lo que considera necesario que “tanto las administraciones como la Unión Europea refuercen los mecanismos de control y protección ante situaciones que ya se han convertido en estructurales para nuestro sector, como el incremento de los costes de producción, la inestabilidad en los precios de insumos y la competencia desleal de siempre”.

Todos los estándares del mundo

Las Marismas trabaja con estándares y certificaciones vinculadas a seguridad alimentaria, buenas prácticas agrícolas, sostenibilidad, medio ambiente, responsabilidad social y acceso a mercados internacionales, entre ellas BRC (British Retail Consortium), enfocado en la industria de procesado y envasado, pues lo exigen las grandes cadenas de distribución para asegurar la inocuidad del producto; Global GAP, que es una norma que regula la producción primaria garantizando la seguridad alimentaria, el cuidado ambiental y el bienestar de los trabajadores; LEAF Marque, sobre la gestión integral de cada finca por lo que respecta a la conservación del suelo y el agua; SPRING (Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use), sobre la gestión trasparente, legal y sostenible del agua de riego; Producción Integrada; ISO 14001, que ayuda a minimizar el impacto ecológico y cumplir con la legislación ambiental; Halal (una certificación que garantiza que los alimentos cumplen con los preceptos de la ley islámica y son aptos para consumidores musulmanes); Kosher (otra certificación para garantizar que la producción y el procesado se ajustan estrictamente a las normas de le ley dietética judía); y SMETA, una metodología de auditoría de comercio ético que evalúa todo tipo de condiciones en la cadena de suministro. Al margen de todo ello, desde la entrada del tomate en fábrica se están realizando controles continuos y cada hora se extraen muestras de todos los productos elaborados para verificar que cada fase del proceso, efectivamente, cumple con los estándares establecidos.

El director general de la cooperativa, Eugenio Ferreira, destaca que “la organización que nos exige la campaña permite trabajar con el máximo de calidad, eficiencia y seguridad alimentaria” y subraya que “la transformación de nuestro tomate genera valor añadido en origen y mantiene actividad industrial vinculada directamente al territorio”.