"El oro es la mejor solución a la crisis", solía proclamar Gabriel Ruiz Ramírez, el presidente de Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión (Sempi) o sencillamente Sempi Gold, que ya hace años estuvo vinculado a Afinsa, primero como asesor comercial y, más tarde, como presidente y tesorero en una plataforma gaditana de afectados por una estafa que dejó hace quince años un reguero de miles y miles de afectados y millones de euros defraudados. Una plataforma que, por cierto, defendía la viabilidad de la empresa de sellos.

El jerezano Ruiz Ramírez, más de cuatro años después de aquella afirmación y de que se desatara el caso Sempi Gold por presunta estafa piramidal, ha ingresado en prisión provisional hace unas semanas tras rechazar hacer frente a la fianza de un millón de euros que había fijado la Audiencia Nacional para dejarlo en libertad. "Los lingotes de hierro los fabriqué yo comprando unas pletinas que corté en el patio de mi casa de Jerez", llegó a declarar en el interrogatorio en sede judicial.

Como ha podido saber lavozdelsur.es, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la magistrada María Tardón Olmos, había decretado esa medida cautelar eludible mediante caución. El propio investigado optó por no abonarla, lo que ha terminado por llevarle directamente a la cárcel, según han confirmado fuentes jurídicas.

Una estafa de más de 50 millones y 3.600 afectados

Ruiz está acusado de liderar una presunta estafa piramidal que habría defraudado más de 50 millones de euros a cerca de 3.600 personas en toda España, a través de una compañía que prometía a sus clientes rentabilidades estables de en torno al 4% por invertir en lingotes de oro.

El engaño, según la investigación, era literal: los supuestos lingotes eran en realidad piezas de hierro pintadas de amarillo, fabricadas para simular por su peso, densidad y tamaño el metal precioso que decían representar.

El hallazgo que destapó el fraude: sacas selladas llenas de hierro

Todo comenzó a destaparse cuando la Guardia Civil registró, en febrero de 2022, las sedes de Sempi Gold en Jerez (en el entorno de la calle Santo Domingo) y Madrid, así como el domicilio particular del propio Ruiz a las afueras del núcleo urbano jerezano.

Allí, los investigadores encontraron 25 sacas precintadas de la empresa de seguridad Loomis, "sin apariencia de haber sido manipuladas una vez precintadas". Al abrir las cajas de cartón que contenían, hallaron "hasta cinco piezas de hierro de forma rectangular, simulando por su peso, densidad y tamaño lingotes de oro". El valor que Sempi declaraba por cada saca ascendía a 146.124,88 euros —salvo una, de 113.795,22 euros—, lo que elevaba el total a 3.620.792,34 euros en oro que nunca existió. Loomis custodiaba otras 133 sacas valoradas en 1,2 millones, y Prosegur, 121 sacas adicionales por 572.271,98 euros, todas ellas bloqueadas por orden judicial.

La magistrada considera que existen indicios de un delito continuado de estafa agravada y falsedad documental, además de organización criminal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y evasión de capitales, delitos por los que también se investiga a los dos hijos de Ruiz y a dos empleados de la compañía. Con la provisionalidad propia de esta fase procesal, el presidente de Sempi Gold podría enfrentarse a una pena de hasta ocho años de prisión.

Siguió operando la web incluso después de su primera detención

Uno de los aspectos que más ha pesado en la decisión judicial es que Ruiz habría continuado con la actividad investigada incluso tras su primera detención, en febrero de 2022. Según recoge la investigación, mantuvo abierta y operativa la página web de la compañía, metalesdeinversion.com, que siguió captando clientes hasta que el juzgado ordenó su cierre definitivo en octubre de 2024.

Desde aquella detención hasta hoy, se han contabilizado 25 nuevos inversores presuntamente engañados, por un importe adicional de unos 320.000 euros. La magistrada ha subrayado que las medidas cautelares que ya pesaban sobre él —comparecencias quincenales, prohibición de salir del país e intervención del pasaporte— no fueron suficientes para frenar la actividad investigada, uno de los argumentos de peso para justificar ahora su ingreso en prisión.

Este no es, además, el primer episodio de este tipo en la trayectoria de Ruiz. Como se ha dicho, antes de fundar Sempi, el ahora preso estuvo vinculado a Afinsa, la firma de sellos que hace unos 20 años protagonizó otra estafa masiva, donde llegó a presidir una plataforma de afectados que defendía, paradójicamente, la viabilidad de la propia empresa. Ya en 2019, la CNMV había advertido de que Sempi Gold no estaba autorizada para prestar servicios de inversión y podía tratarse de un "chiringuito financiero".

Con Ruiz ya en prisión, la Audiencia Nacional ha ordenado también el embargo de cuentas, productos financieros y bienes vinculados a las sociedades italianas Sempi Gold Italy y Trust Ingold Italy, así como a la británica Admiral Market UK, radicada en Manchester. Despachos como Bufete Ortiz Miranda y Navas & Cusí se han personado en la causa para intentar recuperar el dinero de los afectados.

"Lo relevante —en nuestra opinión, dicen desde Navas & Cusí— no es sólo lograr una sentencia condenatoria sino localizar bienes suficientes para hacer efectivas las indemnizaciones", explica Fernando Navas, socio-director del bufete, cuya estrategia pasa por rastrear el destino final del dinero y ampliar el cerco patrimonial hacia testaferros, sociedades instrumentales y beneficiarios que hubieran participado en el desvío de los fondos.

Mientras la Justicia trata de reconstruir el rastro del dinero, la cifra de víctimas no han dejado de crecer. Solo en la provincia de Cádiz, el bufete de José Luis Ortiz Miranda representa a una docena de afectados que habrían perdido en torno a un millón de euros, en muchos casos los ahorros de toda una vida, a cambio de un oro que, en realidad, nunca dejó de ser hierro pintado de amarillo.