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Las “represalias” contra la plantilla del aeropuerto de la Base de Rota: despidos y sanciones que no cesan

El comité anuncia la convocatoria de una nueva huelga mientras la concesionaria, Louis Berger Aircraft Services, mantiene su política de recortes

Edgard llevaba 23 años trabajando en el aeropuerto de la Base Naval de Rota hasta que, hace unos meses, le notificaron su despido. Como él, otros 23 compañeros han engrosado las listas del paro cumpliéndose así la amenaza de la empresa que gestiona las instalaciones. Louis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS) es la concesionaria del aeródromo roteño desde mediados de 2016, momento en el que empezaron los conflictos con unos trabajadores que siempre se mostraron contrarios a su política de recortes, que pretendía despedir a 45 empleados de los 174 que conforman la plantilla, aunque finalmente consintió dejarlo en 15 si el resto asumían una rebaja salarial. De momento, ya son 24 los despedidos y temen que la sangría continúe en las próximas semanas, cuando está previsto que se inicie una nueva huelga, la quinta del colectivo, que tendrá lugar entre el 13 de junio y el 16 de septiembre durante cuatro días a la semana.

Edgard Schmidt es el secretario del comité de empresa y, junto a él, otra compañera del comité ha sido despedida recientemente. “Ya quedan siete de nueve”, asegura el primero, quien se queja de las “represalias” tomadas por la empresa, como los despidos “injustificados” y las sanciones impuestas a empleados que secundaron los paros de hace unos meses. ¿Creen que habrá entendimiento con LBAS? “Es una cuestión de voluntad”, apunta Schmidt, quien añade que “para negociar tiene que haber buena fe y hay que ir con la verdad por delante, no declarando pérdidas cuando en realidad no estoy ganando lo suficiente, ni hablando de plantilla sobredimensionada cuando el día a día se demuestra que falta gente”.

Las condiciones puestas por los trabajadores para interrumpir la huelga que empieza a mediados de junio son la negociación del convenio colectivo, la readmisión de los despedidos, la vuelta a su puesto del director del departamento ATOC y la anulación de las sanciones impuestas a siete trabajadores en anteriores huelgas. La cita que tuvo lugar en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) el pasado mes de febrero sirvió para que la empresa mostrara las cuentas de 2017 en “medio folio”, critica Schmidt, lo que se tomaron como “una burla, una tomadura de pelo”. Las cuentas arrojaban pérdidas, “yo no soy experto en economía pero había gastos de explotación inflados y se incluían las partidas de los despidos de 2017 como pérdidas… cosas incongruentes”.

Los empleados, durante la última huelga, también se quejaron de los “abusivos” servicios mínimos que se impusieron en algunos departamentos, donde trabajaron el 80% de sus miembros, un asunto que fue recurrido por CCOO. El sindicato considera que la empresa está cometiendo una “cacería de trabajadores” y que la actitud de la compañía sólo quiere “generar terror entre los trabajadores inventándose la empresa una segunda adjudicación de transportes no recogida en el contrato de la Marina de los EEUU. El convenio colectivo de la empresa está en vigor y por ello dicha empresa ha sido sancionada en más de cuatro ocasiones por la Inspección de Trabajo”.

Una de las pancartas que cuelga en el perímetro de la Base.

Además, critican que cuando se están produciendo despidos de empleados españoles, por otra parte se están contratando a ciudadanos americanos, “que cobran cuatro veces más”, apuntan desde el comité, que considera muy graves estos hechos. El convenio suscrito entre EEUU y España no puede anular derechos básicos consagrados en la Constitución española, ni la legislación laboral actual, apunta la plantilla.

La empresa asegura en su página web que los trabajadores de LBAS tienen un índice de absentismo laboral más alto que el resto de la industria —5,74% y 3,75%, respectivamente— y que sus empleados cobran un sueldo superior a la media de la localidad —entre 30.000 y 36.000 euros en el primer caso y unos 15.500 euros en el de Rota—. “Mientras que Cádiz sufre de una de las tasas de desempleo más elevadas del país, que obligan a miembros de un núcleo familiar a compartir ingresos y apoyar a miembros de la familia extendida, los trabajadores de LBAS ganan más del doble del salario promedio de Rota. Con frecuencia, más de un miembro de una familia trabaja para la empresa”, señalan.

La compañía, anteriormente, ya había asegurado que “los representantes del comité fallan a los trabajadores en su obligación de negociar la reestructuración que necesita LBAS”. Además, justifica los primeros despidos señalando que “los representantes del comité todavía no han ofrecido una solución alternativa para alinear el contrato de los trabajadores a la realidad del nuevo contrato suscrito con U.S. Navy —Marina de EEUU—, vigente desde agosto de 2016”. Por eso, dicen, “la empresa tuvo que despedir en enero pasado —de 2017— a doce trabajadores que ocupaban posiciones redundantes”, y a otros dos por “razones disciplinarias”.

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Comentarios

  1. Estos trabajadores, que se creen los dueños del aeropuerto de la Base de Rota, en cuanto no se hace lo que exigen, se dedican a utilizar las regulaciones de seguridad (que bien poco les importan cuando quieren) para provocar retrasos en los vuelos. Cuando la empresa les aplica a ellos el tan provechoso reglamento, ya el mismo no les hace tanta gracia.
    A ver si explican el motivo por el que echaron a los del comité, seguro que no conviene.
    En resumen, una plantilla con una amplia leyenda negra bien justificada y que ahora van de víctimas.. poco creíbles.

  2. Esas “represalias” no son sino la aplicación de las mismas reglamentaciones que la plantilla usa para fastidiar a la empresa. Cuando el boomerang les viene de vuelta es cuando se quejan. Victimismo exagerado.

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