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La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre dos personas en Castellar de la Frontera, en la provincia de Cádiz, como presuntas autoras de un delito de maltrato animal relacionado con tres gallos de pelea que presentaban mutilaciones consideradas ilegales.
La actuación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Algeciras, después de que una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Castellar detectara los animales durante un control rutinario.
Los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban tres gallos dentro de una jaula. Ante los indicios observados, solicitaron la intervención de especialistas del Seprona para que llevaran a cabo una inspección más exhaustiva de las aves.
El Seprona detectó mutilaciones en los tres animales
Durante el examen técnico, los especialistas comprobaron que los ejemplares presentaban mutilaciones visibles consistentes en el descrestado y desbarbado.
A partir de ese momento, los agentes revisaron la documentación presentada por la persona responsable de los animales. Según la Guardia Civil, el certificado veterinario aportado no tenía validez legal para justificar esas lesiones.
El documento no acreditaba el motivo de las intervenciones ni recogía una causa terapéutica individualizada para cada uno de los animales, un requisito que, según ha señalado el Instituto Armado, resulta indispensable de acuerdo con la legislación vigente.
Investigados el poseedor de los gallos y el facultativo
Como consecuencia de las comprobaciones realizadas, la Guardia Civil procedió a investigar a dos personas: el poseedor de los animales y el facultativo que había expedido el certificado presentado ante los agentes.
Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que deberá continuar con el procedimiento correspondiente.
La Guardia Civil ha recordado además su compromiso con el bienestar animal y ha señalado que continuará desarrollando actuaciones de vigilancia, inspección y control dirigidas a prevenir este tipo de prácticas y garantizar el cumplimiento de la normativa.
La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre dos personas en Castellar de la Frontera, en la provincia de Cádiz, como presuntas autoras de un delito de maltrato animal relacionado con tres gallos de pelea que presentaban mutilaciones consideradas ilegales.
La actuación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Algeciras, después de que una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Castellar detectara los animales durante un control rutinario.
Los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban tres gallos dentro de una jaula. Ante los indicios observados, solicitaron la intervención de especialistas del Seprona para que llevaran a cabo una inspección más exhaustiva de las aves.
El Seprona detectó mutilaciones en los tres animales
Durante el examen técnico, los especialistas comprobaron que los ejemplares presentaban mutilaciones visibles consistentes en el descrestado y desbarbado.
A partir de ese momento, los agentes revisaron la documentación presentada por la persona responsable de los animales. Según la Guardia Civil, el certificado veterinario aportado no tenía validez legal para justificar esas lesiones.
El documento no acreditaba el motivo de las intervenciones ni recogía una causa terapéutica individualizada para cada uno de los animales, un requisito que, según ha señalado el Instituto Armado, resulta indispensable de acuerdo con la legislación vigente.
Investigados el poseedor de los gallos y el facultativo
Como consecuencia de las comprobaciones realizadas, la Guardia Civil procedió a investigar a dos personas: el poseedor de los animales y el facultativo que había expedido el certificado presentado ante los agentes.
Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que deberá continuar con el procedimiento correspondiente.
La Guardia Civil ha recordado además su compromiso con el bienestar animal y ha señalado que continuará desarrollando actuaciones de vigilancia, inspección y control dirigidas a prevenir este tipo de prácticas y garantizar el cumplimiento de la normativa.
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