Durante años, trabajar como policía en Ceuta significaba hacerlo en una ciudad con una particularidad que forma parte de su propia identidad: vivir junto a una de las fronteras más singulares de Europa. La ciudad autónoma, aun con sus problemas y sus peculiaridades, podía ser atendida en mayor o menor medida con los medios con los que contaba.

Eduardo García lleva 36 años en la Policía Nacional y trabaja en Ceuta desde 2015. Ha conocido una ciudad que, asegura, mantenía una vida prácticamente normal pese a la presión que supone ser frontera exterior de la Unión Europea.

Desde el pasado 31 de julio, cuando accedieron de manera irregular unos 72.000 migrantes –según datos oficiales del Gobierno– el escenario cambió por completo para las fuerzas y cuerpos de seguridad. "Ahora, terminas una intervención y automáticamente vas a otra y a otra", explica García, que es portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) en la ciudad autónoma y en Andalucía.

Desde esta organización sindical aseguran que los agentes están afrontando una situación "excepcional" que ha "multiplicado" la presión sobre las patrullas, la atención a los ciudadanos y los servicios policiales que prestan.

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García habla de una sucesión constante de intervenciones –allanamientos de viviendas, agresiones sexuales, peleas, intentos de robo y daños en vehículos– y también asegura que las llamadas que recibe la sala del 091 se han multiplicado de forma extraordinaria.

Una presión que ya venía de antes

Pero, a pesar de todo, la crisis de finales de julio no se produjo en un escenario completamente estable.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior publicados este pasado 17 de agosto y recogidos por Europa Press, la presión migratoria sobre Ceuta ya había aumentado considerablemente antes de aquella entrada masiva. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto, 5.013 personas habían entrado irregularmente en la ciudad por vía terrestre, frente a las 1.722 del mismo periodo de 2025.

El incremento es del 191,1%, pero el dato tiene una particularidad fundamental: no incluye las entradas de los días 30 y 31 de julio, precisamente las jornadas en las que se produjo la llegada masiva de decenas de miles de personas. Interior ha señalado que aquel episodio requiere un "análisis específico".

"No damos abasto"

Eduardo García asegura que el trabajo policial se ha transformado. Ceuta cuenta con unidades de Policía Judicial, Información, Extranjería y otros servicios que tienen que seguir funcionando mientras una parte importante de los efectivos se dedica a atender las consecuencias de la crisis migratoria.

"Los compañeros terminan una intervención y automáticamente van a otra y a otra", relata.

Así, explica que la sala del 091 ha llegado a recibir "más de 250 llamadas" en algunas jornadas, frente a las "20 ó 25" que, según afirma, podían recibirse habitualmente durante un fin de semana. 

"La seguridad ciudadana se nos ha ido de las manos, no somos capaces de controlarla. No damos abasto", afirma rotundo el portavoz de la CEP, a pesar de los 922 policías nacionales y 955 guardias civiles que hay desplegados en estos días en Ceuta, según datos del Ministerio del Interior.

Pero la CEP considera que el problema no se soluciona únicamente aumentando el número de agentes. "Se trata también de que el Gobierno legisle para que se pueda impedir la entrada de esta forma tan irregular", afirma García, que también reclama más especialistas en Extranjería para poder acelerar los procedimientos. Según el portavoz sindical, el número actual de funcionarios especializados, apenas seis, no permite afrontar con suficiente rapidez una situación de estas dimensiones.

Y es que, la entrada irregular es solo el primer capítulo. Después comienza un proceso administrativo que puede incluir identificación, asistencia, solicitud de protección internacional y, cuando corresponda, procedimientos de devolución.

García reclama un refuerzo específico para esas tareas y considera que sería necesario contar con muchos más expertos. "Hacen falta abogados, intérpretes… Son informes muy complejos y que llevan mucho tiempo", explica. A ello se suma la necesidad de coordinar con Marruecos las devoluciones. Es una parte menos visible de la crisis, pero fundamental para que la situación no se prolongue indefinidamente.

Una frontera bajo vigilancia

Para los policías existe, además, una preocupación que no desaparece aunque el flujo migratorio se reduzca: que vuelva a producirse otra entrada masiva.

Ceuta ya vivió una situación similar en 2021, cuando unas 15.000 personas entraron en la ciudad en apenas unos días. Ahora, después de lo ocurrido en julio, el temor es que pueda repetirse.

García considera que las infraestructuras de la frontera deberían haberse reforzado más desde entonces y vuelve a poner el foco en el espigón del Tarajal: "Debería ser mucho más largo y suponer una barrera real para impedir esto. No nos han hecho ni caso, se han puesto unos flotadores que para lo único que vale es para que descansen". 

García explica que los agentes tienen que estar preparados para intervenir ante una posible nueva entrada masiva, pero que su capacidad de actuación está condicionada por las circunstancias de una avalancha humana. "No podemos utilizar medios coercitivos, ni nuestras defensas, ni la violencia porque mandan por delante a mujeres y niños".

"No sabemos lo que tenemos que hacer"

La coordinación entre las diferentes administraciones y cuerpos de seguridad es otro de los puntos que la CEP pone sobre la mesa. En Ceuta intervienen Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y el ejército en momentos puntuales.

Sin embargo, García considera que esa coordinación no está funcionando como debería ya que asegura haber reclamado “protocolos claros” para que los agentes conozcan exactamente cómo actuar ante las diferentes situaciones derivadas de la crisis. Sin embargo, es tajante al afirmar que "a día de hoy no te creas que los policías sabemos lo que tenemos que hacer", afirma.

La crítica va dirigida fundamentalmente al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno. La CEP sostiene que ha solicitado reuniones con responsables políticos y que no ha recibido la respuesta que esperaba.

"Hacemos lo máximo por la población"

Mientras tanto, los policías continúan trabajando. García asegura que los agentes están prolongando jornadas, retrasando vacaciones y haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener el servicio.

Pero no habla solo por acatar órdenes. Según explica, existe también una voluntad de los propios policías de responder a la situación que está viviendo la ciudad. "Estamos haciendo lo máximo posible por la población de Ceuta", afirma.

Pero cualquier dispositivo extraordinario tiene un límite, y los agentes, recuerda, necesitan descansos, vacaciones y conciliación. Y mantener durante semanas una situación excepcional puede terminar pasando factura a una plantilla que, según la CEP, "ya venía reclamando más efectivos" antes de la crisis.

Por eso el sindicato insiste en que la respuesta no puede descansar únicamente sobre el esfuerzo individual de los policías. Y lamenta: "Recuperar la seguridad está lejos a corto plazo".

Y en unos días en los que diferentes políticos están visitando la ciudad, es claro al preguntarle qué pasaría si pudiera reunirse con el ministro del Interior. Directamente afirma que "a día de hoy no me sentaría con él. No lo siento como nuestro ministro".