Política

Condenan al Ayuntamiento de Cádiz por cancelar un ciclo de cine israelí para protestar en defensa de los Derechos Humanos

La denuncia fue interpuesta por Acción y Comunicación en Oriente Medio, una asociación hispano israelí con sede en Madrid, y el Juzgado ordena el pago de las costas por parte del Consistorio gaditano

La coordinadora general de Podemos Cádiz, Laura Mingorance, ha lamentado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo en costas procesales al Ayuntamiento de Cádiz por suspender en el año 2017 un ciclo de cine israelí que se estaba celebrando en el edificio Espacio de Cultura Contemporánea. La denuncia fue interpuesta por Acción y Comunicación en Oriente Medio, una asociación hispano israelí con sede en Madrid. En una nota, Mingorance ha recordado que el Ayuntamiento tomó esa decisión “al comprobar que entraba en contradicción con el acuerdo de adhesión a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí, adoptado por la junta de gobierno local de Ayuntamiento en sesión celebrada el 12 de agosto de 2016″.

En este sentido, ha señalado que este acuerdo se enmarcaba dentro de la campaña #YoNOComproApartheid, en la que se elaboró el sello Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) cuando se cumplían diez años del Dictamen del Tribunal de La Haya contra el Muro construido ilegalmente por Israel en Palestina. “Se trataba de apoyar la lucha del pueblo palestino por sus derechos humanos, así como el derecho a la igualdad y a la autodeterminación”, ha señalado Mingorance.

“A nosotras nos condenan por defender los Derechos Humanos o la verdad sobre el caso Loreto, pero no por el uso indebido de dinero público en prostíbulos, ni por corrupción o por tener una caja B”, ha afirmado la coordinador general de Podemos, que ha añadido que “tampoco se nos investiga por el despilfarro en gambas y Campari, ni por pagar una tesis dudosa con dinero público (en alusión a miembros del PP de Cádiz)”.

Mingorance ha manifestado que “ahí está la diferencia, y por eso seguiremos con la cabeza alta luchando por la defensa de los derechos de las personas, y no por nuestro interés propio”. Asimismo, ha recordado que la sentencia no es firme y contra ella no cabe otra cosa que la presentación de un recurso de apelación.

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