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Un vecino de Gines estafa un dineral a familias de Sevilla, Cádiz o Huelva con falsos alquileres para el verano 
El monumento del Parque Atlántico de Jerez cuyo futuro quieren decidir los propios vecinos 
Un 'Breaking Bad' en Dos Hermanas: cae un laboratorio con 12 kilos de droga y siete armas 
Volverán las oscuras… barriadas 
De Andalucía a Extremadura pasando por Aragón, Castilla León y decenas de ayuntamientos, los acuerdos de gobernabilidad entre el Partido Popular (PP) y Vox están reconfigurando el mapa de las políticas de igualdad en España. No hay un decreto único ni una ley que certifique de forma explícita un desmantelamiento normativo, pero el deterioro jurídico opera por una vía más silenciosa: el vaciado administrativo. Aunque formalmente se mantiene el cumplimiento de las leyes estatales de Igualdad, Violencia de Género o Interrupción Voluntaria del Embarazo, la realidad en los territorios gobernados bajo estas alianzas revela un patrón de invisibilización orgánica, confusión terminológica, reorientación presupuestaria, desinformación y hasta antifeminismo.
El primer frente es el institucional. La supresión o fusión de concejalías y consejerías de Igualdad para absorberlas dentro de macroáreas de "familia" o "servicios sociales" se ha convertido en una constante bajo la premisa de la simplificación administrativa. A esta estrategia se suma una batalla lingüística que no es meramente retórica: sustituir "violencia de género" o "violencia machista" por "violencia intrafamiliar" o "doméstica" altera por completo el marco jurídico de protección. Implica diluir el reconocimiento institucional de una violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo, sustituyéndola por una categoría que borra el carácter machista de la violencia que sufren las mujeres por parte de los hombres que son o han sido sus parejas.
El caso andaluz y la disputa por las Unidades de Valoración
El epicentro de este debate se sitúa actualmente en Andalucía. La estructura del Ejecutivo andaluz mantiene bajo la gestión de Vox las competencias de Justicia, de las que dependen orgánicamente las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG). Estos equipos forenses y psicosociales (integrados por personal en los campos de la Psicología, Trabajo Social y Medicina Forense) son la columna vertebral del sistema judicial: de sus informes periciales dependen las órdenes de protección que las autoridades judiciales otorgan a las víctimas.
Mientras el PP insiste en que estas unidades están blindadas al ser gestionadas por funcionarios de carrera independientes, el Ministerio de Igualdad, organizaciones feministas y otros colectivos sociales alertan del riesgo institucional. La preocupación radica en dejar la gestión de estos recursos en manos de un partido negacionista de la violencia machista, que ha calificado la perspectiva técnica de estos profesionales como "sesgo ideológico", que ha cuestionado sistemáticamente la especificidad de la violencia machista y hasta llegó a reclamar los listados de los profesionales que trabajan en ellas.
Por otra parte, también resulta significativo que, en este contexto, el Partido Popular, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, haya nombrado por primera vez a un hombre como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla. Emmanuel Toro Molina, es técnico superior en Sistemas Informáticos, con un perfil profesional orientado a la gestión pública, la comunicación corporativa y el protocolo.
Todo ello ocurre frente a una realidad estadística incuestionable. La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, avalada por la Delegación del Gobierno, constata que una de cada tres mujeres en España (casi 6,5 millones) ha sufrido violencia física, sexual, psicológica o económica por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. A fecha de hoy, 1.377 mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde 2003.
Igualmente, según las estadísticas oficiales actualizadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor volumen absoluto de víctimas mortales y de casos de violencia machista. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en territorio andaluz atienden una media que supera las 10.000 denuncias presentadas por trimestre, según las memorias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Según cifras oficiales, en lo que va de año Andalucía registra 10 mujeres asesinadas por violencia de género. Esto equivale a casi una de cada cuatro víctimas mortales del total nacional (36 casos en todo el país) y es la región que acumula la cifra más alta de España con más de 265 feminicidios íntimos, desde 2003, cuando se empezó a llevar registros.
Los límites del bloque de las derechas
Estas cesiones competenciales no son absolutas ni se aplican de forma homogénea. El Partido Popular retiene la gestión directa de las áreas de Igualdad en diversas autonomías y defiende que la legislación estatal se ejecuta sin alteraciones, argumentando que sus reformas solo buscan desvincular la gestión pública de cualquier sesgo ideológico; pero lo cierto es que la violencia contra las mujeres es un dato fáctico irrebatible, no un asunto partidista. Por su parte, tras las sucesivas reconfiguraciones de alianzas parlamentarias, Vox ha modulado en ocasiones su exigencia de una derogación frontal de estas normas a cambio de priorizar otros objetivos de su agenda, como las políticas de inmigración o la desregulación económica. Sin embargo, el tejido institucional diseñado para la prevención y la asistencia especializada ya acusa el impacto de la fragmentación presupuestaria en varias comunidades autónomas.
Ruptura del mandato constitucional de igualdad
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el debilitamiento práctico, presupuestario o administrativo de estas herramientas no constituye un mero debate de opinión, sino un conflicto de constitucionalidad y legalidad internacional. En el ordenamiento jurídico español, estas acciones colisionan con el mandato de igualdad constitucional y el principio de no regresividad de los derechos humanos, un estándar consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Derecho Internacional. Este principio establece que, una vez que el Estado ha reconocido y dotado un nivel de protección para un derecho fundamental –como el derecho a la vida, a la integridad física (artículo 15 CE) y a la igualdad real y efectiva (artículo 9.2 CE)–, los poderes públicos tienen prohibido adoptar medidas regresivas que devalúen, desmantelen o vacíen de contenido normativo las salvaguardas ya conquistadas.
Asimismo, socavar la especificidad de las Unidades de Valoración o precarizar el acceso a la sanidad pública compromete la responsabilidad del Estado por omisión del deber de diligencia, contraviniendo mandatos imperativos del Convenio de Estambul y de la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). En consecuencia, vaciar el contenido de los derechos o reducir la operatividad de estas herramientas procesales y sanitarias no solo precariza la tutela judicial efectiva de las mujeres y las pone en situación de indefensión, sino que sitúa a las administraciones públicas en los márgenes del bloque de constitucionalidad, al erosionar las garantías básicas de las mujeres ante la violencia estructural que sufren las mujeres y adolescentes por el hecho de serlo; y, con ello, de socavar los derechos de las mujeres basados en el sexo, que el Estado y las instituciones deben garantizar.
De Andalucía a Extremadura pasando por Aragón, Castilla León y decenas de ayuntamientos, los acuerdos de gobernabilidad entre el Partido Popular (PP) y Vox están reconfigurando el mapa de las políticas de igualdad en España. No hay un decreto único ni una ley que certifique de forma explícita un desmantelamiento normativo, pero el deterioro jurídico opera por una vía más silenciosa: el vaciado administrativo. Aunque formalmente se mantiene el cumplimiento de las leyes estatales de Igualdad, Violencia de Género o Interrupción Voluntaria del Embarazo, la realidad en los territorios gobernados bajo estas alianzas revela un patrón de invisibilización orgánica, confusión terminológica, reorientación presupuestaria, desinformación y hasta antifeminismo.
El primer frente es el institucional. La supresión o fusión de concejalías y consejerías de Igualdad para absorberlas dentro de macroáreas de "familia" o "servicios sociales" se ha convertido en una constante bajo la premisa de la simplificación administrativa. A esta estrategia se suma una batalla lingüística que no es meramente retórica: sustituir "violencia de género" o "violencia machista" por "violencia intrafamiliar" o "doméstica" altera por completo el marco jurídico de protección. Implica diluir el reconocimiento institucional de una violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo, sustituyéndola por una categoría que borra el carácter machista de la violencia que sufren las mujeres por parte de los hombres que son o han sido sus parejas.
El caso andaluz y la disputa por las Unidades de Valoración
El epicentro de este debate se sitúa actualmente en Andalucía. La estructura del Ejecutivo andaluz mantiene bajo la gestión de Vox las competencias de Justicia, de las que dependen orgánicamente las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG). Estos equipos forenses y psicosociales (integrados por personal en los campos de la Psicología, Trabajo Social y Medicina Forense) son la columna vertebral del sistema judicial: de sus informes periciales dependen las órdenes de protección que las autoridades judiciales otorgan a las víctimas.
Mientras el PP insiste en que estas unidades están blindadas al ser gestionadas por funcionarios de carrera independientes, el Ministerio de Igualdad, organizaciones feministas y otros colectivos sociales alertan del riesgo institucional. La preocupación radica en dejar la gestión de estos recursos en manos de un partido negacionista de la violencia machista, que ha calificado la perspectiva técnica de estos profesionales como "sesgo ideológico", que ha cuestionado sistemáticamente la especificidad de la violencia machista y hasta llegó a reclamar los listados de los profesionales que trabajan en ellas.
Por otra parte, también resulta significativo que, en este contexto, el Partido Popular, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, haya nombrado por primera vez a un hombre como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla. Emmanuel Toro Molina, es técnico superior en Sistemas Informáticos, con un perfil profesional orientado a la gestión pública, la comunicación corporativa y el protocolo.
Todo ello ocurre frente a una realidad estadística incuestionable. La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, avalada por la Delegación del Gobierno, constata que una de cada tres mujeres en España (casi 6,5 millones) ha sufrido violencia física, sexual, psicológica o económica por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. A fecha de hoy, 1.377 mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde 2003.
Igualmente, según las estadísticas oficiales actualizadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor volumen absoluto de víctimas mortales y de casos de violencia machista. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en territorio andaluz atienden una media que supera las 10.000 denuncias presentadas por trimestre, según las memorias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Según cifras oficiales, en lo que va de año Andalucía registra 10 mujeres asesinadas por violencia de género. Esto equivale a casi una de cada cuatro víctimas mortales del total nacional (36 casos en todo el país) y es la región que acumula la cifra más alta de España con más de 265 feminicidios íntimos, desde 2003, cuando se empezó a llevar registros.
Los límites del bloque de las derechas
Estas cesiones competenciales no son absolutas ni se aplican de forma homogénea. El Partido Popular retiene la gestión directa de las áreas de Igualdad en diversas autonomías y defiende que la legislación estatal se ejecuta sin alteraciones, argumentando que sus reformas solo buscan desvincular la gestión pública de cualquier sesgo ideológico; pero lo cierto es que la violencia contra las mujeres es un dato fáctico irrebatible, no un asunto partidista. Por su parte, tras las sucesivas reconfiguraciones de alianzas parlamentarias, Vox ha modulado en ocasiones su exigencia de una derogación frontal de estas normas a cambio de priorizar otros objetivos de su agenda, como las políticas de inmigración o la desregulación económica. Sin embargo, el tejido institucional diseñado para la prevención y la asistencia especializada ya acusa el impacto de la fragmentación presupuestaria en varias comunidades autónomas.
Ruptura del mandato constitucional de igualdad
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el debilitamiento práctico, presupuestario o administrativo de estas herramientas no constituye un mero debate de opinión, sino un conflicto de constitucionalidad y legalidad internacional. En el ordenamiento jurídico español, estas acciones colisionan con el mandato de igualdad constitucional y el principio de no regresividad de los derechos humanos, un estándar consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Derecho Internacional. Este principio establece que, una vez que el Estado ha reconocido y dotado un nivel de protección para un derecho fundamental –como el derecho a la vida, a la integridad física (artículo 15 CE) y a la igualdad real y efectiva (artículo 9.2 CE)–, los poderes públicos tienen prohibido adoptar medidas regresivas que devalúen, desmantelen o vacíen de contenido normativo las salvaguardas ya conquistadas.
Asimismo, socavar la especificidad de las Unidades de Valoración o precarizar el acceso a la sanidad pública compromete la responsabilidad del Estado por omisión del deber de diligencia, contraviniendo mandatos imperativos del Convenio de Estambul y de la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). En consecuencia, vaciar el contenido de los derechos o reducir la operatividad de estas herramientas procesales y sanitarias no solo precariza la tutela judicial efectiva de las mujeres y las pone en situación de indefensión, sino que sitúa a las administraciones públicas en los márgenes del bloque de constitucionalidad, al erosionar las garantías básicas de las mujeres ante la violencia estructural que sufren las mujeres y adolescentes por el hecho de serlo; y, con ello, de socavar los derechos de las mujeres basados en el sexo, que el Estado y las instituciones deben garantizar.
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