Sociedad

1.400 monitores de educación especial plantan cara a la Junta y exigen ser empleados públicos

Desde la Consejería explican que la intención es "que nadie vaya a la calle” y han pedido “tiempo” para hacer una propuesta

Delegadas y delegados de CCOO se han concentrado esta semana a las puertas de la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla, para exigir la subrogación de los casi 1.400 Técnicos de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), contratados por empresas para prestar los respectivos servicios educativos, una vez que dichos servicios sean rescatados por la Administración educativa y prestados con empleo público.

En este sentido, el Secretario Provincial del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz, Sebastián Alcón, “exige el cumplimiento de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, y concretamente su Art. 130.3, por la que la Consejería de Educación y Deporte estaría obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la Administración”.

Por su parte, la Consejería ha recibido a una delegación de trabajadoras. En dicho encuentro, la Viceconsejera Educación les ha transmitido que “la intención del equipo de la Consejería es que nadie vaya a la calle” y ha pedido “tiempo” para hacer una propuesta.

A este respecto, el Responsable de Servicios Complementarios Externalizados del Sindicato de Enseñanza de CCOO Andalucía, Fernando Jiménez, ha pedido, una vez más, la convocatoria de una Mesa de Negociación para tratar la subrogación, sin perder de vista el mantenimiento del empleo de las trabajadoras.

CCOO recuerda que el conflicto surge a raíz del Informe General de la Junta de Andalucía de 2016, por el que queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el año 2022 para convertir estos puestos en públicos.

Además, Fernando Jiménez, denuncia que en este proceso “la Administración ha estado utilizando una engañosa intencionalidad con las trabajadoras, haciéndolas creer que para mantener sus empleos la solución pasaba por su inscripción en la Bolsa Única, obviando, de forma premeditada, su deber de subrogación, tal como dicta la Ley”.

Finaliza Alcón incidiendo en que “la única solución viable es la aplicación de la Ley y la subrogación”. A lo que añade el dirigente sindical, “CCOO está al lado de las trabajadoras, junto a las que ha ya ha realizado concentraciones e, incluso, una jornada de huelga el pasado día 15 de enero”

Ante esta situación, el delegado de CCOO en el comité de empresa de EULEN, Raúl Martínez manifiesta que, “de no tener respuesta por parte de la Consejería de Educación y Deporte en próximas fechas, continuarán con su calendario de movilizaciones que se extiende hasta marzo. Así, hay convocadas huelga y protestas los próximos días 18 y 19 de febrero”.

Tanto el servicio de Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales como el de Interpretación de Lengua de Signos lo desarrollan estas trabajadoras –pues son colectivos altamente feminizados, con casi el 90% de mujeres— en 1.200 centros de enseñanza públicos repartidos por toda Andalucía.

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