Sociedad

Fiscalía archiva el caso del IES El Andévalo y advierte a Vox: “Los ataques a docentes serán perseguidos”

El Ministerio Fiscal concluye que el centro onubense no ha vulnerado derechos de los menores y pide "respeto" por la labor de los profesionales de la educación

El fiscal de Menores de Huelva ha archivado el expediente de riesgo abierto tras conocerse una actividad para conmemorar el 8M en el IES El Andévalo de Puebla de Guzmán (Huelva) y ha concluido, a raíz de la denuncia de este supuesto escándalo propagada por la formación ultraderechista Vox, que el centro “no ha realizado actividades que hayan implicado una vulneración de derechos fundamentales de personas menores de edad”. En un comunicado de prensa, el Ministerio Público informa de que “no estima necesaria ninguna actuación adicional al respecto”, una vez el fiscal de Menores ha recabado “los informes y datos que ha estimado oportunos con los que “ha podido comprobar” que el IES El Andévalo no ha vulnerado derechos de los menores.

El 6 de marzo la Fiscalía incoó un expediente de riesgo para comprobar si la actividad podría suponer una vulneración de los derechos a no ser discriminados y a la libertad ideológica y de conciencia de los alumnos menores de edad. A este respecto, ha explicado que el expediente de riesgo es el vehículo normal que utiliza la Fiscalía de Menores para comprobar situaciones de posible desamparo, vulneración de derechos u otra clase de riesgos previstos en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.

Así, en lo que va de año 2019 se han incoado unos 170 expedientes de riesgo y el año 2018 se cerró con 505. Con arreglo a la mencionada Ley Orgánica, la Fiscalía de Menores “tiene la obligación de prevenir, detectar y reparar esa clase de situaciones”. “Este tipo de procedimientos no tiene como propósito descubrir o investigar delitos, como tampoco atribuir responsabilidades a persona alguna”, ha agregado. Por todo ello, destacan que se ha cumplido el mandato de la Ley “guiado únicamente por criterios técnico jurídicos y el interés superior del menor; comprobando personalmente la noticia de que los derechos fundamentales de un grupo de menores de edad de la provincia podrían ser lesionados”.

La Fiscalía, según ha mantenido, “actúa ajena e indiferente ante cualquier otra clase de intereses o ritmos informativos”. El fiscal ha remarcado que en interés de los menores pide “respeto por la labor de los profesionales de la educación” y ha incidido en que “los ataques personales o telemáticos al personal docente podrían ser constitutivos de delito y, en ese caso, serán perseguidos”. Cabe recordar que las actividades cuestionadas, según trascendió, consistían en que los niños salieran al recreo un tiempo después que las niñas para que los escolares varones comprendieran “lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas”, aseguraba un documento publicado.

Por su parte, el equipo directivo del IES ‘El Andévalo’ aseveró que era “rotundamente falso que se fuera a castigar al alumnado sin su derecho al recreo” y en esa línea manifestó en un comunicado “la mala interpretación que se ha realizado de una de las actividades propuestas para la celebración del 8 de Marzo”. Según sostuvo el equipo directivo del instituto en un comunicado difundido con el membrete de la Delegación de Educación de la Junta en Huelva, “el escrito filtrado” en el que se detalla la citada actividad “responde a una propuesta de actividades más amplia, que no era definitiva y no había sido aprobado todavía por el claustro de profesores y Consejo Escolar“.

Añadieron que el centro “siempre ha trabajado la integración desde diferentes planes y programas educativos para fomentar la coeducación, igualdad y educación en valores, y así se cerciora con reconocimientos como ‘Convivencia Plus’ por nuestras buenas prácticas educativas durante varios años consecutivos”, según concluye el equipo directivo. Por otra parte, la directiva del IES presentó la semana pasada denuncia ante la Guardia Civil para tratar de averiguar el origen de la filtración de los documentos de trabajo, tal y como informaron a Europa Press fuentes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro, una vez que se reunió toda la comunidad educativa del instituto.

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