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Denuncian a dos guardas de una finca de la Sierra de Cádiz por grabar a manifestantes en defensa de los caminos públicos

El sendero entre Prado del Rey y El Bosque acoge una marcha reivindicativa que acaba en una denuncia por el incumplimiento de la normativa de seguridad privada y de protección de datos, y por atentar contra los derechos de los participantes

La Sierra de Cádiz ha acogido este pasado fin de semana una nueva marcha para reclamar la apertura de sus caminos públicos, en este caso del que conecta Prado del Rey con El Bosque. Organizada por la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de la Sierra de Cádiz, Ecologistas en Acción y el Club de Senderismo Tritón, dicho camino fue cerrado ilegalmente en marzo de 2015 a su paso por las fincas Las Lomas y Rancho del Moro. En esta ocasión, relatan desde la organización conservacionista, los propietarios de estas fincas optaron por dejar abiertas las cancelas instaladas para impedir el paso de los vecinos y senderistas. Sin embargo, al llegar a la finca Rancho del Moro había dos guardas de seguridad, y uno de ellos estaba grabando con una cámara a los participantes en la marcha.

Tras advertirle que la normativa legal de seguridad privada (Ley 5/2014 y Real Decreto 2364/1994) prohíbe “utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público”, siguió grabándoles, por lo que se le solicito que se identificaran a los dos, a lo que están obligados, y a lo que también se negaron. Ante esta situación, los manifestantes llamaron a la Guardia Civil “que nos comunicó que una patrulla nos estaría esperando en la población de El Bosque. Dicha patrulla no apareció, debido, según nos informaron en el 062, a un incidente imprevisto, conminándonos a denunciar los hechos al día siguiente en el cuartel de la Guardia Civil”.

Al término de la marcha los participantes acordaron formalizar denuncia contra estos guardas y la entidad para la que trabajan (Agasa) por el incumplimiento de la normativa de seguridad privada y de protección de datos, y por atentar contra sus derechos.

A juicio de Ecologistas, “no deja de sorprender que siempre que los propietarios que han cerrado y usurpado caminos públicos demandan la presencia de la Guardia Civil, ésta monta un amplio dispositivo para impedir el paso de los senderistas, pero cuando los ciudadanos reclamamos la presencia de la Guardia Civil para defender nuestro derecho a pasar por caminos públicos y vías pecuarias, no aparecen, y nos remiten a denunciar los hechos en el cuartel más próximo, que en fines de semana suele estar cerrado”. En todo caso, confían, “esperemos que la apertura de este camino se mantenga; caso contrario, volveremos a convocar nuevas marchas hasta la total y definitiva recuperación de este camino público”.

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