El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio. El plan, que entrará en vigor a partir de mañana, cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye rebajas fiscales, ayudas directas y descuentos dirigidos a colectivos vulnerables y a los sectores más afectados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que las medidas se mantendrán vigentes durante el tiempo necesario con el objetivo de proteger a los ciudadanos y respaldar a las pequeñas y medianas empresas, así como al sector primario y la industria. El Boletín también recoge un decreto para la congelación temporal de los precios del alquiler, aunque el Ejecutivo aún no dispone de mayoría parlamentaria suficiente para su convalidación.
Entre las principales medidas energéticas figura la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10%, junto a la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7% y la reducción del impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5%. En el caso del gas, se reduce igualmente el IVA del 21% al 10% para el gas natural, los pellets y la leña, además de establecerse la congelación del precio máximo del butano y el propano.
En materia de carburantes, el plan contempla la rebaja del IVA del 21% al 10% y la disminución del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, lo que se traduce en una reducción efectiva de hasta 30 céntimos por litro y de 20 euros por depósito. Asimismo, se establecen ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, además de apoyos específicos para fertilizantes.
El paquete incluye también medidas dirigidas a colectivos vulnerables, como la mejora del bono social eléctrico hasta el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para los severos hasta final de año, así como el incremento del bono social térmico a 50 euros. Se garantiza además el suministro de agua y energía y se refuerza la supervisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Para la industria electrointensiva se establece una bonificación del 80% de los peajes eléctricos, con un ahorro estimado de 200 millones de euros, y se amplía en 300 millones la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA destinada al sector agroalimentario y pesquero.
Vivienda y medidas laborales
En el ámbito de la transición energética, el Ejecutivo impulsa deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, así como para la adquisición de vehículos eléctricos y enchufables, con una deducción del 15%. También se refuerza el autoconsumo ampliando de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre generación y consumo, se incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico y se introducen incentivos fiscales como la libertad de amortización en el impuesto de sociedades y bonificaciones de hasta el 50% en el IBI y del 95% en obras vinculadas a energías renovables.
Por último, el plan incorpora medidas laborales y de vivienda, entre ellas la prohibición de despidos en empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a la crisis y la obligación de implantar planes de movilidad sostenible en compañías de más de 200 empleados, o 100 por turno. En materia de vivienda, se establece la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga de dos años para los contratos que finalicen entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de contener el impacto social y económico del conflicto.
