La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de picadura de tabaco en el marco de la operación conjunta Bumaca, desarrollada principalmente en la localidad de Écija (Sevilla). La actuación se ha saldado con la detención de diez personas, investigadas por delitos de contrabando, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la UDAIFF de la Guardia Civil de Cádiz, la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Sevilla, con el apoyo de diversas unidades fiscales en todo el territorio nacional, en una actuación coordinada contra el contrabando organizado.
Según la investigación, los implicados llegaron a usurpar la identidad de hasta 16 personas, a quienes utilizaban como remitentes en envíos de paquetería, generando graves consecuencias legales y administrativas para las víctimas. Durante el operativo, los agentes intervinieron más de 850 kilogramos de picadura de tabaco, evitando un impacto significativo tanto en la Hacienda Pública como en la salud pública.
El origen de la investigación se remonta a finales de 2023, cuando unidades de la Guardia Civil de Cádiz detectaron un volumen inusual de envíos sospechosos gestionados como infracciones administrativas individuales. Las pesquisas permitieron determinar que los supuestos responsables eran en realidad víctimas, mientras que los verdaderos autores operaban mediante documentación falsificada y teléfonos de difícil rastreo para eludir la acción policial.
Una estructura jerarquizada con logística nacional
El avance de las diligencias, junto al intercambio de información entre distintas unidades fiscales del país, permitió judicializar la operación en junio de 2024. La organización presentaba una estructura jerarquizada, compuesta por al menos 15 personas, muchas de ellas con vínculos familiares y asentadas en Écija, lo que complicaba las tareas de vigilancia e investigación.
Los agentes constataron que la red contaba con infraestructura logística distribuida a nivel nacional, desde donde realizaban envíos aprovechando empresas de paquetería con menores controles. Además, utilizaban identidades usurpadas –incluso de personas en prisión– para dificultar su identificación directa.
En la fase final del operativo se practicaron cuatro registros domiciliarios en Écija, donde se incautaron bienes muebles e inmuebles, así como una importante cantidad de dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo, con un valor superior a medio millón de euros. Las estimaciones apuntan a que la actividad ilícita habría generado beneficios que superan los 150.000 euros.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de picadura de tabaco en el marco de la operación conjunta Bumaca, desarrollada principalmente en la localidad de Écija (Sevilla). La actuación se ha saldado con la detención de diez personas, investigadas por delitos de contrabando, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la UDAIFF de la Guardia Civil de Cádiz, la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Sevilla, con el apoyo de diversas unidades fiscales en todo el territorio nacional, en una actuación coordinada contra el contrabando organizado.
Según la investigación, los implicados llegaron a usurpar la identidad de hasta 16 personas, a quienes utilizaban como remitentes en envíos de paquetería, generando graves consecuencias legales y administrativas para las víctimas. Durante el operativo, los agentes intervinieron más de 850 kilogramos de picadura de tabaco, evitando un impacto significativo tanto en la Hacienda Pública como en la salud pública.
El origen de la investigación se remonta a finales de 2023, cuando unidades de la Guardia Civil de Cádiz detectaron un volumen inusual de envíos sospechosos gestionados como infracciones administrativas individuales. Las pesquisas permitieron determinar que los supuestos responsables eran en realidad víctimas, mientras que los verdaderos autores operaban mediante documentación falsificada y teléfonos de difícil rastreo para eludir la acción policial.
Una estructura jerarquizada con logística nacional
El avance de las diligencias, junto al intercambio de información entre distintas unidades fiscales del país, permitió judicializar la operación en junio de 2024. La organización presentaba una estructura jerarquizada, compuesta por al menos 15 personas, muchas de ellas con vínculos familiares y asentadas en Écija, lo que complicaba las tareas de vigilancia e investigación.
Los agentes constataron que la red contaba con infraestructura logística distribuida a nivel nacional, desde donde realizaban envíos aprovechando empresas de paquetería con menores controles. Además, utilizaban identidades usurpadas –incluso de personas en prisión– para dificultar su identificación directa.
En la fase final del operativo se practicaron cuatro registros domiciliarios en Écija, donde se incautaron bienes muebles e inmuebles, así como una importante cantidad de dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo, con un valor superior a medio millón de euros. Las estimaciones apuntan a que la actividad ilícita habría generado beneficios que superan los 150.000 euros.
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