Construyeron sin licencia, en suelo rústico y sabiendo que era ilegal. Ahora tienen condena. El Tribunal de Instancia de Cádiz ha dictado sentencia número contra dos personas por un delito contra la ordenación del territorio en el municipio de Chiclana. La pena: un año y ocho meses de prisión, multa de 3.360 euros e inhabilitación especial para la construcción o edificación durante dos años y seis meses. Además, deberán asumir a su costa la demolición total de todo lo construido, incluyendo cerramientos, edificaciones y piscinas. El Ayuntamiento de Chiclana actuó como acusación particular junto al Ministerio Fiscal.
Los hechos probados se remontan a septiembre y octubre de 2022. Los condenados habían adquirido la parcela en diciembre de 2020 por 30.000 euros mediante escritura pública. Sin solicitar licencia alguna, procedieron a dividir el terreno en dos subparcelas mediante muros de bloques de hormigón.
En una de ellas levantaron una vivienda de dos plantas de unos 150 metros cuadrados, una construcción adicional de 20 metros cuadrados y una piscina de 24 metros cuadrados. En la otra parcela, igualmente cerrada con bloques de hormigón, construyeron otra vivienda de dos plantas de unos 120 metros cuadrados, otra edificación de 12 metros cuadrados y una segunda piscina de igual superficie. El valor total de lo construido asciende a 360.516,92 euros.
Todo ello en suelo clasificado como no urbanizable no especializado, o Suelo Rústico según la normativa vigente, la LISTA. La sentencia recoge expresamente que las obras "se efectuaron a sabiendas" de esa clasificación. El informe técnico municipal concluyó además que las construcciones no son susceptibles de legalización.
El Ayuntamiento, satisfecho
El delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, ha advertido en distintas ocasiones sobre las consecuencias de las ilegalidades en suelo rústico. Esta sentencia es, según el Ayuntamiento, el resultado directo de esas actuaciones. La inspección urbanística municipal se realizó el 14 de septiembre de 2022, constatándose la división de la finca y las construcciones sin licencia.
Aunque al ser la condena inferior a dos años los condenados no ingresarán en prisión de forma efectiva, sí acumularán antecedentes penales. Y tendrán que pagar de su bolsillo la demolición de unas obras que superan los 360.000 euros en valor. Un precio muy alto por construir donde no se podía.