Con la pregunta con la que titulamos esta columna no estamos planteando una reforma de nuestra Constitución, como algunos podrían tener la tentación de proponer a modo de una ocurrencia más a la que nos está acostumbrando esta “nueva” forma de hacer política. Nos cuestionamos si en nuestro país tenemos actualmente una conciencia suficientemente mayoritaria, que permita un amplio consenso sobre cuáles son nuestros verdaderos retos como nación, sobre la necesidad de abordarlos con debates profundos y relevantes, y, por supuesto, sobre los sólidos acuerdos de convivencia en que deberían avocar aquéllos.

Desde hace meses, venimos denunciando en esta columna una forma banal de la gestión de lo público que es demasiado recurrente en todas las fuerzas políticas. Y lo que es peor, tristemente, parece haber trascendido el círculo político hasta convertirse en una manera de relación social, en una forma de trasladar la información y en una estrategia de conformación de la opinión que evita interesadamente cualquier debate sereno.

Muchos son los temas que es necesario abordar. Se evidencian con claridad meridiana. Unos son transversales, de verdadero interés general, que son ineludibles y urgentes para el futuro del país. Otros son problemas latentes, o aún por desarrollar en toda su extensión, que habría que considerar para minimizar incertidumbres y peligros, esquivando en la medida de lo posible ese mundo convulso que algunos buscan para hacer realidad el aforismo de “a río revuelto…”. Son temas que tienen, o deberían tener, verdadero alcance constitucional, entendiendo por ello un carácter nuclear para conformar un pacto social estable de convivencia duradera en unas condiciones de progreso y expectativas vitales de ciudadanos y ciudadanas.

El desarrollo incontrolado de la IA y PISA

A veces la enumeración de los asuntos puede ser controvertida, porque, en su selección y en su propia denominación, parece identificarse una intencionalidad que sólo esconde la anteposición del interés particular sobre el general (sea este de mera estrategia política o, peor, de un escondido interés económico). Tan es así que es difícil discernir.

Está ocurriendo, por ejemplo, con el debate actual sobre los riesgos de un desarrollo incontrolado de los sistemas de inteligencia artificial. Asistimos sorprendidos a una discusión pública de elevado voltaje, que nos parece trascendente, pero que dirigen muy pocas personas y al que es completamente ajeno el resto de la ciudadanía. Extraña situación siendo, como somos, los potenciales destinatarios de los apocalípticos efectos que se anuncian. La falta de transparencia nos excluye de un debate sereno e informado, hasta el punto de no saber cuánto hay de verdad o cuánto de lucha geoestratégica por el liderazgo y el control tecnológico (que implica el control económico y social).

En relación con este tema, llama la atención, además, la falta de pronunciamiento de nuestros gobernantes y líderes políticos más próximos. No son capaces de trasladar a la sociedad su idea al respecto, lo que o bien indica falta de conocimiento o bien desinterés (más allá de la trifulca del día a día). No hay un debate sobre cuál debe ser el papel de España, o de Europa, en el proceso de evolución tecnológica. Y cuando lo hay, o parece haberlo (como en relación con los centros de datos), volvemos inmediatamente a planteamientos maniqueos que nada aportan.

Claro que antes tenemos otros retos que urgentemente deberían ser objeto de atención permanente y no sólo de debate coyuntural. Nos referimos, por ejemplo, a la Educación (con mayúsculas). Los resultados del informe PISA son demoledores. Independientemente de las críticas que pueda merecer la evaluación en sí (que seguramente las merece), muestra una realidad perceptible. La falta de comprensión lectora que se destaca, por ejemplo, es simplemente la constatación de que hemos abandonado la lectura, y no solo de nuestros niños y jóvenes en los centros docentes, sino que puede ser el reflejo de algo que afecta a toda la sociedad. Que efectivamente sea un mal extendido a nivel global no debe consolarnos. Antes, al contrario.

Hay quien ha planteado si la lectura sigue siendo un indicador de referencia. Se argumenta que hemos evolucionado a informarnos o formarnos empleando nuevos métodos audiovisuales y digitales, mundo que dispone de contenidos de tanta calidad y profundidad que los clásicos en papel. Pero no. La desatención de la lectura, de la información contrastada, del aprendizaje en definitiva en su concepción más amplia, son sólo los síntomas de la enfermedad real: la progresiva conformación de una sociedad maleable y manipulable, sin espíritu crítico, y por demás sin voluntad de acción o participación política. Es decir, carente de uno de los fundamentos principales para que exista una verdadera democracia.

La solución no puede partir de ocurrencias. No se soluciona sólo prohibiendo las pantallas o los dispositivos móviles a menores de una determinada edad. Y tampoco es un tema que deba quedar exclusivamente en el ámbito estrictamente académico. Es un problema transversal, estructural como sociedad, que debe implicar al ámbito educativo por supuesto, pero también a las familias como piezas clave de una educación integral, sin olvidar una formación en valores que implique el conocimiento, el esfuerzo, el respeto y el espíritu crítico.

El papel de la universidad

Hay otro tema en estos días de vuelta a clases. Nos referimos al papel de la universidad. Los rectores y rectora de las universidades públicas de Andalucía llevan tiempo exigiendo una financiación adecuada. También aquí sería necesario un consenso. Hemos perdido las oportunidades que debería haber proporcionado una sucesión de modificaciones normativas, que lejos de incorporar cambios realmente estructurales para adecuar el sistema universitario a la nueva realidad, parece haberse concentrado en intentar resolver determinados problemas puntuales y coyunturales. La universidad no es sólo un centro de educación superior, aunque allí muchos de nuestros jóvenes empiezan a forjar sus aspiraciones profesionales como adultos, recibiendo una formación que también debiera ser integral. Además de eso, con ser muy importante, la universidad es el primer agente en la generación y transferencia del conocimiento, y también debe estar llamada a altas responsabilidades en el desarrollo del país.

Son sólo un par de temas, actuales, de una enumeración que continuaría con una larga lista, donde siempre aparecerían los que recurrentemente aludimos: seguridad nacional, modelo de protección social (seguridad social -pensiones-, salud, dependencia), política exterior y de defensa, cambio climático, financiación de los servicios públicos, política tributaria,…

En todos estos asuntos nos la jugamos como país. Si verdaderamente nos preocupa España, nos preocupa Andalucía y nos preocupa nuestro pueblo o nuestra ciudad, si nos atañen nuestros conciudadanos, deberíamos hacer un esfuerzo por construir un proyecto común. Es el sentido del bien común. Como dice Rousseau, la soberanía no es (no debería ser) más que el ejercicio de la voluntad general y, por ello, no debería enajenarse. Y menos aún a favor del interés particular, porque ello desvirtuaría el sentido del propio pacto social que supone el Estado.

El contexto, además, es complicado y puede complicarse aún más. Los problemas de déficit a nivel mundial (derivados de los incrementos de gasto por el envejecimiento de la población en el mundo occidental, pero también en defensa y por el gasto financiero de la deuda pública); las turbulencias monetarias que de manera soterrada están afectando a la estabilidad económica global; la guerra regional en oriente y sus consecuencias (humanitarias y económicas, que estamos viendo en el día a día); la amenaza directa que estamos viendo en la Europa del este; la continuidad de la calamidad, en toda su compleja dimensión, que vivimos en Ceuta, entre otros muchos aspectos, debería servir como aviso para que se plantearan soluciones acordadas, al menos mínimamente, a nivel de Estado. Sin embargo, todos los actores claves parecen embarcados en una política de bloques donde los extremos mandan e imponen unos argumentarios que, cuando no se basan en nacionalismos e identitarismos excluyentes, lo hacen desde la construcción de discursos de odio.

Puede que como consecuencia de la estrategia de confrontación termine por conformarse una mayoría electoral suficientemente amplia como para que caiga en la tentación de creerse “constituyente”, excluyendo al resto, para crear un marco únicamente satisfactorio para el bloque que asuma el poder y detente el gobierno y, por supuesto, para las oligarquías que lo sostenga. Quien no tenga la mayoría se retrotraerá a la insignificancia si no es capaz de ser percibido como útil por la ciudadanía y, por tanto, como verdadera alternativa. Instalarse en la polarización, sin embargo, puede resultar para esa probable minoría resultante una respuesta cómoda y continuista. Y no se avanzará.

Las fases siguientes ya las conocemos, porque la historia nos la ha mostrado. Perderemos nuestra posición como país, si no lo hemos hecho ya y si no ponemos remedio. Entonces, nos arrepentiremos.