"Si quieres tener melocotones, tienes que plantar un melocotonero. Si tú quieres tener vivienda pública, tienes que hacer urbanismo público". Con esa sencilla analogía, Javier Fernández de los Ríos (1972), ejemplifica la solución a lo que el presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de La Rinconada considera "el problema" del momento que vivimos en España. El acceso a la vivienda de los jóvenes y la imposibilidad de un techo y soluciones habitacionales para familias vulnerables y con pocos recursos centran un debate encarnizado pero con pocas soluciones reales sobre la mesa en un mercado inmobiliario cada vez más inflado.

En su opinión, en el transcurso de una entrevista que lavozdelsur.es publicará íntegramente este fin de semana, el remedio (al menos aparentemente) es simple: "Tenemos que hacer mucho más urbanismo público para tener más suelo y para sacar del mundo de la especulación las necesidades de esos sectores que necesitan vivienda y que no van a poder nunca acudir al mercado de vivienda libre".

Entonces, abunda, "hay que quitarle la especulación, hay que hacer más urbanismo público y hay que meter dinero para abaratar la construcción, y para que, en función de ese abaratamiento de la construcción, podamos abaratar los precios y podamos ir a modelos como el que hemos puesto en marcha en La Rinconada, que lo hemos trasladado también a la idea provincial, donde una vivienda en venta no cueste más de 115.000 euros o una vivienda en alquiler no se alquile por más de 350 euros".

"¿Cómo se hace eso?", pregunta. Y el propio dirigente sevillano se responde: "Hombre, eso se hace poniendo dinero, pero poniendo dinero teniendo voluntad, haciendo urbanismo público, no vendiendo el suelo público a los promotores privados; porque si tú le vendes suelo público a los promotores privados, automáticamente es el privado el que absorbe las posibilidades de ese suelo público".

En este punto, se muestra muy crítico con la administración competente en materia de vivienda, la Junta de Andalucía: "Creo que hay una cosa en la que Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, ha dimitido directamente, que es construir un concepto que se llama vivienda de precio limitado". "La vivienda de precio limitado —explica— es el vehículo en el cual el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho del suelo público que tiene que tener como consecuencia de los distintos desarrollos urbanísticos la manera de convertir, de darle a una tipología de vivienda de renta libre un nombre equivocado, para que parezca que sigue siendo vivienda pública".

"La vivienda pública tiene que ser vivienda pública para siempre; no se puede revender para ganarle dinero"

"Una vivienda pública protegida no puede costar más de 200.000 euros, y hoy la vivienda de precio limitado en Andalucía permite de 200.000 para arriba, con casos como el que hemos visto en Cruzcampo, donde el suelo que estaba destinado a vivienda protegida la está desarrollando el ámbito privado con viviendas a 300.000 euros. Eso no es una vivienda pública, eso no es una vivienda protegida, ni eso resuelve los problemas del mercado".

El ejemplo de La Rinconada

"Nosotros lo que hemos hecho es muy sencillo: sabemos que construir una vivienda vale 160.000-170.000 euros en costes, le quitamos el fenómeno especulativo y le damos 50.000 euros por vivienda para que no valga más de 115.000 euros y una familia joven pueda pagar 300 euros de hipoteca". Y acto seguido, una advertencia: "Con esta vivienda no se podrá especular; la vivienda pública tiene que ser vivienda pública para siempre. No puede ser que nosotros demos subvenciones que nacen de los impuestos de todos, se haga vivienda pública y a los diez años el que la ha comprado pueda venderla, revenderla y ganarle dinero. Para eso no es. Si entramos desde lo público, es para tener un carácter público". 

Entonces, resume, "ese tiene que ser el objetivo: poner recursos, más urbanismo público, tener determinación, que los alcaldes y las alcaldesas metan en su agenda el tema de la vivienda como un tema clave a intervenir, que la ciudadanía nos lo está pidiendo. Y si eso lo conseguimos, pues yo creo que estaremos en la búsqueda de la solución. Que no serán soluciones a corto plazo, porque habrá que buscar también el concepto de la vivienda industrializada y todo esto, pero mientras más tardemos en poner una base sólida, más vamos a tardar en darle soluciones a las nuevas generaciones".

"El sector privado nunca va a hacer vivienda protegida; se hacen trampas al solitario y la gente lo sabe"

A todo esto, suma un asunto que "a mí me preocupa una barbaridad: tenemos una Agencia de Vivienda y Rehabilitación Autonómica en Andalucía, que se llama AVRA, antigua EPSA, que no está construyendo ninguna vivienda en Andalucía. Y las políticas de vivienda, que son competencia de la comunidad autónoma, de la Junta de Andalucía, tienen un instrumento que se llama AVRA que no está construyendo ninguna vivienda pública ahora mismo en Andalucía, sino que la forma en la que se intenta camuflar la política de vivienda es generarle a los privados… O sea, que los privados hagan vivienda protegida. El sector privado nunca va a hacer vivienda protegida, o no va a hacer vivienda protegida a los precios que entendemos que tiene que hacerla si nos inventamos ese algoritmo de la mal llamada vivienda de precio limitado. Pues la verdad que al final se están haciendo trampas al solitario, y la gente lo sabe porque no puede acceder al mercado de la vivienda.

Cortijo de Cuarto: el gran proyecto de vivienda pública en Sevilla

Cortijo de Cuarto es una gran finca de titularidad pública en el sur del término municipal de Sevilla, junto al barrio de Bellavista y la ribera del Guadaíra, propiedad de la Diputación Provincial. Históricamente fue una explotación agrícola y ganadera vinculada a la institución. Hoy el nombre designa sobre todo el desarrollo urbanístico que la Diputación que lidera Fernández de los Ríos impulsa sobre esos terrenos, que ha bautizado comercialmente como Barrio de Quarto. La Diputación lo presentó como el proyecto de futuro para el desarrollo urbanístico de los suelos de su titularidad en torno al Cortijo de Cuarto, en el sur de la ciudad, y lo gestiona a través de su empresa Sevilla Activa.

Se prevén más de 5.500 viviendas, la mitad de ellas protegidas, sobre unas 164 hectáreas, y el plan contempla preservar los dos cortijos, la ermita de Valme, la ribera del Guadaíra y los dos silos en desuso, además de completar equipamientos en Bellavista. Fernández ha ligado el proyecto a la llegada de la línea 3 del metro y a la proximidad del complejo hospitalario del SAS. La clave política es el reparto de competencias: la Diputación es la propietaria del suelo, pero la tramitación urbanística corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, y a la Junta se le ha pedido que incluya la promoción en su Unidad Aceleradora de Proyectos sobre todo para agilizar evaluaciones e informes preceptivos de carácter medioambiental. Ambas administraciones, como es sabido, están en manos del PP.

En el presupuesto de 2026 la Diputación reservó tres millones de euros para trabajos previos de urbanización, un movimiento con el que presiona a las otras dos administraciones a impulsar el que para Javier Fernández de los Ríos es "el proyecto urbanístico de carácter público más importante que se está haciendo ahora mismo en España". "No te hablo ya de Sevilla, no te hablo ya de Andalucía, sino que te hablo a nivel nacional, porque es una administración pública que tiene 150 hectáreas, le saca el concepto de especulación, le saca el concepto de beneficio industrial y pone esos suelos a disposición de un 60 % para que se construya vivienda pública protegida en estas condiciones en las que te decía".

"Nosotros hemos avanzado en este mandato en dos proyectos en materia de vivienda. Uno, dándole subvenciones a los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas, que quieren poner en su agenda el tema de la vivienda; y tenemos ahora mismo en proyectos, en construcción, en planificación, casi 1.500 viviendas en la provincia de Sevilla con estos precios de 115.000 euros, lo cual demuestra que se puede, que no se nos puede llenar la boca de reflexiones teóricas, sino que hay que hacer demostraciones palpables. Y el otro es Cortijo de Cuarto".

"Le he dicho en innumerables ocasiones al alcalde: preocúpate de este proyecto, los destinatarios de ese 60% de vivienda protegida que va a ir ahí van a salir del registro de demandantes de vivienda de Sevilla capital"

¿En qué momento se encuentra? "Es un proyecto que va avanzando a nivel procedimental, a nivel burocrático, a nivel de tramitación ambiental y de tramitación urbanística, y en el que le he transmitido también en diversas ocasiones al alcalde de Sevilla —José Luis Sanz— que le preste atención, porque podría ser, si él quisiera, su gran proyecto en materia de vivienda. Mientras se hable de desarrollo urbanístico y donde la vivienda mayoritariamente estemos hablando de 250.000 euros para arriba, Sevilla va a seguir expulsando a gente joven. ¿Adónde la va a expulsar? O al área metropolitana, que está algo más barata, o a segunda y tercera corona".

"Entonces, le he dicho en innumerables ocasiones al alcalde: preocúpate de este proyecto, porque los destinatarios de ese 60% de vivienda protegida que va a ir ahí, que va a esa zona, a esos precios —gente joven, gente vulnerable—, son gente que va a salir del registro de demandantes de vivienda de Sevilla capital. Porque, quitando una parte del Cortijo de Cuarto que pertenece a Dos Hermanas, el resto es todo Sevilla capital. Por lo tanto, ahí tiene la oportunidad. Está bien que se desarrolle urbanísticamente la ciudad, no seré yo el que le ponga pegas; pero, hombre, no me vengas con que el desarrollo urbanístico que se está haciendo en Sevilla resuelve el problema de la vivienda protegida o da la solución.

Vertiente 'verde' del proyecto: "Queremos también que los ecologistas y la gente comprometida con el medioambiente vean que se puede hacer urbanismo sin romper inercias medioambientales"

P. ¿Y ese proyecto lo veremos en el mandato siguiente?

R. Hombre, yo creo que sí. Hemos traspasado ya un periodo de alegaciones…

P. Lo más farragoso, digamos, ya va pasando.

R. Estamos intentando que el proyecto sea un proyecto muy sostenible también, ya no solamente desde el punto de vista social, por el tema de la vivienda pública, sino que también sea un proyecto muy sostenible desde el punto de vista medioambiental, hasta el punto de que de las 150 hectáreas, 70 hectáreas van a ser de zona verde, porque queremos también que los ecologistas y la gente comprometida con el medioambiente vean que se puede hacer urbanismo sin romper inercias medioambientales.

Entonces, hemos traspasado una primera etapa, seguimos con el procedimiento, espero mayor implicación de la Junta y del propio Ayuntamiento de Sevilla. La legislatura que viene debería haber vivienda en el Cortijo de Cuarto, para darle también una oportunidad de futuro al barrio de Bellavista. Es decir, hemos intentado hacer la cuadratura del círculo, y la podemos hacer porque la Diputación no tiene ningún interés en tener beneficio en este tema; nuestro beneficio tiene que ser un beneficio que, cuando el proyecto esté terminado, hayamos sido capaces de poner eso en un escaparate para demostrarle a todas las provincias, a toda Andalucía y a toda España, que se puede, que se debe y que se tiene que construir urbanismo público. Si hacemos eso, de de aquí a ocho años España tendrá muy encauzado el tema de la vivienda y la gente no tendrá que hipotecar su vida y su cartera para siempre para tener un techo de 50 o 60 metros. La vivienda tiene que ser un medio que esté al alcance de la gente.