Escribo esta columna por responsabilidad y por respeto a una profesión que tiene una función esencial en cualquier sociedad democrática: garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, plural y suficientemente contextualizada.

Por eso, la entrevista emitida en Mañaneros 360 no pudo dejarme indiferente. No fueron tanto las preguntas como la impresión de que todo estaba cuidadosamente medido y de que, al final, la conversación terminaba proyectando una imagen muy concreta.

Y esa responsabilidad adquiere una dimensión especial cuando hablamos de la radiotelevisión pública, donde trabajan grandes profesionales y que tiene la obligación de estar al servicio de todos los ciudadanos. Precisamente, por eso, quienes ejercemos el periodismo debemos ser especialmente exigentes con el papel que desempeñamos y con el modo en que se utilizan los espacios de una televisión pública.

A lo largo de la conversación, José Luis Rodríguez Zapatero apareció fundamentalmente como víctima y se declaró inocente. Respondió a las preguntas, pero lo hizo en sus propios términos, sin despejar las cuestiones que motivan su investigación judicial.

Desde el máximo respeto al programa y con el riesgo de equivocarme, al escucharla, mi impresión fue que la entrevista estaba concebida dentro de una estrategia de comunicación muy definida y con un recorrido cuidadosamente delimitado. Y creo que, por responsabilidad profesional, hay que poder decirlo. Y ya que cada uno saque sus propias conclusiones.

Basta con detenerse en dos de los asuntos que rodean la investigación para entender la impresión que dejó la conversación. Sobre el rescate de Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero negó cualquier intervención y aseguró que no habló con nadie de la SEPI ni del Gobierno. Sobre las joyas encontradas en su despacho, valoradas en alrededor de 1,3 millones de euros, afirmó que eran un «regalo de cortesía» personal fruto de una amistad, aunque no aclaró quién se las había regalado y remitió a la Justicia para explicar las circunstancias.

Todo ello es, naturalmente, compatible con su derecho a defenderse y con la presunción de inocencia, como insistió en reclamar. Pero también deja preguntas sin respuesta. Y esas preguntas, en una entrevista en la televisión pública, merecían algo más que una explicación que, al menos desde mi percepción, terminó reforzando la imagen de un expresidente víctima de una acusación injusta.

Opinión

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Zapatero tiene, naturalmente, derecho a defenderse. Pero resulta inevitable preguntarse por el momento y las circunstancias en las que se produce una entrevista así. El espacio elegido, el formato y la manera en que se desarrolla no son elementos menores. Y tampoco lo es la escenificación que acompaña a una entrevista de estas características.

Y, todo ello, sucede en un momento en el que se acumulan señales que alimentan la preocupación por la independencia de algunas instituciones esenciales del Estado. No se trata de afirmar que exista una relación directa entre unos hechos y otros, sino de preguntarse hasta dónde puede llegar la influencia del poder político sobre instituciones que deberían actuar con autonomía e independencia.

El fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo. La directora general de la Guardia Civil y el director adjunto operativo del cuerpo están siendo investigados judicialmente, con la presunción de inocencia que debe ampararles. Un exministro ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión.

Son hechos de una extraordinaria gravedad institucional, con independencia de las responsabilidades políticas que cada cual quiera establecer. Pero en España parece que tampoco dimite nadie. Tenemos a un presidente del Gobierno políticamente cercado por sucesivos escándalos de corrupción que afectan a su entorno más próximo y a personas de su máxima confianza, sin que haya asumido responsabilidad política alguna ni haya planteado su dimisión o la convocatoria de elecciones.

El problema es que todo esto sucede mientras el poder político parece ampliar cada vez más su capacidad de influencia sobre instituciones y organismos que deberían ejercer controles independientes. Y cuando el poder comienza a acercarse demasiado a quienes deberían vigilarlo, la preocupación no es partidista: es democrática.

Porque el cuarto poder es uno de los principales mecanismos de control de cualquier democracia. Y, precisamente, por eso, debe estar sometido a la crítica, pero no al control del poder.

España tiene periodistas extraordinarios. Profesionales que han investigado y publicado informaciones que han afectado a gobiernos, partidos y personas muy poderosas. Muchas de las grandes investigaciones que han marcado la actualidad política de los últimos años han nacido en las redacciones, no en las instituciones.

También es cierto que el periodismo debe hacer autocrítica. La militancia política de algunos periodistas, especialmente en determinadas tertulias nacionales, ha deteriorado la confianza en una profesión que debería distinguir con claridad entre información, opinión y activismo. Cuando el periodista deja de preguntar para defender una posición política, la sociedad pierde una herramienta esencial.

Pero la respuesta a esa deriva no puede ser que desde el poder se intente establecer qué medios son legítimos y cuáles deben ser descalificados como «pseudomedios» por publicar informaciones incómodas para el Gobierno o destapar escándalos de corrupción que, en el caso del exministro José Luis Ábalos, han terminado incluso en una condena judicial.

Una noticia debe ser contrastada, corregida o desmentida con datos. Un periodista puede equivocarse y debe responder por ello. Pero investigar al poder no puede derivar en un ataque al mensajero, como estamos normalizando.

La democracia necesita instituciones independientes. Y necesita medios de comunicación capaces de hacer preguntas incómodas a todos los poderes.

No se trata de condenar a José Luis Rodríguez Zapatero antes de que lo haga un tribunal. Tampoco de cuestionar su derecho a defenderse. Se trata de recordar que la televisión pública, con grandes profesionales, tiene una responsabilidad añadida: garantizar que el ciudadano recibe información suficiente, contextualizada y plural para formar su propia opinión. Por eso, exige el respeto de quienes gobiernan a la labor de estos profesionales, sin injerencias.

Porque una democracia necesita medios de comunicación comprometidos con la verdad y alejados del control político. Necesita, sobre todo, que ningún poder pueda sentirse completamente cómodo cuando se enciende una cámara. Y, en este caso, aunque la entrevista proyectara la imagen de un expresidente que se presenta como víctima, quizá el resultado terminó siendo otro: dejó abiertas demasiadas preguntas.

La principal, al menos para mí, sigue siendo la misma: ¿por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende con tanta contundencia a José Luis Rodríguez Zapatero? La respuesta corresponde a quienes deben darla. Mientras tanto, que la Justicia haga su trabajo y que el periodismo pueda hacer el suyo con libertad.