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"La verdad no es importante: es inevitable".
M. Taruffo
Hace una semana escribí en estas páginas que nadie va a Ceuta por whisky: que setenta mil personas no cruzan a nado un espigón en dos días sin convocatoria, sin rutas, sin horarios, sin transporte hasta la playa y sin la tolerancia, activa o pasiva, de quien promueve esta operación. Proponía ocho hipótesis y una conclusión: aquello no fue una marea, fue una jugada, y las jugadas tienen autor. Cinco días después, la magistrada María Tardón, titular de la plaza 3 de instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha dictado un auto que dice, en lenguaje forense, casi lo mismo, pero al revés. Conviene leerlo (de momento solo hay notification de prensa), porque en su interior conviven los hechos y los discursos) y no siempre en el orden que uno esperaría y que el sentido común confirma.
El auto, dictado el 7 de septiembre en las diligencias previas 64/2026, resuelve la competencia de la Audiencia Nacional y fija el marco de la investigación. Se apoya en un informe de 55 páginas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que la propia jueza había encargado y que llegó al juzgado el 31 de agosto. Según el resumen que ha publicado Confilegal, ese informe describe tres oleadas sucesivas con perfiles distintos, una estructura de al menos cinco niveles, una alerta de riesgo «extremo» emitida el 29 de julio, y un dato que por sí solo desmonta cualquier tesis de espontaneidad: el 90,8 % de los teléfonos relevantes detectados en la movilización digital tenían prefijo marroquí. Sobre el terreno, policías uniformados orientando a la gente hacia el punto exacto por donde se bordea el espigón del Tarajal. El informe lo llama «guiado activo». La jueza declara compartir el término.
Hasta aquí, mis dos primeras hipótesis quedan más que confirmadas: la de la omisión deliberada de los servicios de seguridad marroquíes y la de una gestión favorecedora del proceso desde el otro lado de la frontera. El auto va incluso más lejos que yo en un punto: habla de «guerra híbrida» y de «zona gris», es decir, de la utilización de un flujo migratorio como instrumento de presión contra un Estado. Que una instructora de la Audiencia Nacional escriba eso en una resolución judicial no es poca cosa. Es la primera vez que un órgano del Estado español pone por escrito, con valor procesal, lo que el Gobierno lleva cinco semanas tratando de solventar por vía diplomática y amistosa.
Ahora bien, el auto tiene una asimetría que salta a la vista. Los niveles cuarto y quinto de esa estructura, los de la planificación y la dirección, aparecen en la resolución como casillas vacías. La jueza dice que la instrucción deberá averiguar quién las ocupaba. Y al mismo tiempo, en la misma resolución, rechaza la querella presentada contra el rey de Marruecos y varios mandos de sus fuerzas de seguridad, calificándola de instrumentalización política de la acción penal. Puede que tenga razón en el fondo, porque una querella por lesa humanidad contra un jefe de Estado extranjero es jurídicamente un disparate en este contexto geopolítico. Pero el efecto práctico es evidente: la parte marroquí de la investigación nace con una barrera infranqueable. A un Estado soberano no se le instruye, y a sus policías tampoco. Lo que queda, entonces, es la otra orilla.
Y aquí es donde llega el truco. El auto anuncia que se investigará también la actuación en territorio español, incluida «la adecuación de los medios de respuesta» desplegados teniendo en cuenta las alertas previas. Entre las partes personadas figuran, por acumulación acordada por la propia jueza, la querella de HazteOír, la del PP y la denuncia de Vox, esta última dirigida expresamente contra el delegado del Gobierno en Ceuta por prevaricación y denegación de auxilio. Es decir: en la única dirección en la que la instrucción puede avanzar sin toparse con la inmunidad de un Estado extranjero, las acusaciones populares ya tienen nombres y apellidos escritos. Esa era mi sexta hipótesis, la del lawfare, y el auto no la confirma todavía, pero le abre la puerta y deja la luz encendida.
La construcción competencial merece un párrafo aparte, porque es lo jurídicamente más frágil de la resolución. Tardón se apoya en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye a la Audiencia Nacional los delitos contra la forma de Gobierno, y en el artículo 590.1 del Código Penal, que castiga a quien con actos ilegales compromete la paz o la independencia del Estado. Son tipos pensados para españoles que provocan a una potencia extranjera, no para agentes de esa potencia. Para hacerlos encajar, el auto recurre a un argumento de contexto que tiene su ironía: recuerda que el presidente del Gobierno, en su visita a Ceuta el 31 de julio, definió lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial de España. Las palabras de Sánchez, dichas en caliente para marcar distancia con Rabat, se convierten así en el fundamento de una investigación cuyo recorrido más probable termina en la Delegación del Gobierno. La retórica de la soberanía tiene estas cosas: quien la invoca no controla quién la recoge.
No quiero ser injusto con la resolución. Es cuidadosa en varios puntos que otras instrucciones célebres de la Audiencia Nacional no lo fueron. Declara el secreto solo sobre una pieza separada, no sobre toda la causa. Impone fianza de 6.000 euros a cada acusación popular y les obliga a unificar representación, lo que limita el uso del proceso como altavoz. Insiste, hasta tres veces, en que la calificación es provisional. Y ordena a los juzgados de Ceuta que le remitan las diligencias por los 83 cadáveres recuperados en aguas españolas, que es lo que de verdad debería importar y lo que menos titulares ha producido. Jakobs enseñó que el derecho penal del enemigo se reconoce porque el proceso deja de buscar la verdad para buscar la neutralización; este auto, por ahora, todavía busca la verdad. Lo que no puede evitar es que otros hayan decidido de antemano cuál tiene que ser.
Porque el problema no está en el auto solo, que también, sino en el tablero. Abascal anunció el procesamiento por traición semanas antes de que existiera la resolución. Ahora hay una resolución que no habla de traición, pero que ha abierto un cauce por el que la palabra puede entrar. Ferrajoli lo explicó mejor que nadie: las garantías no se pierden de golpe, se erosionan. Un auto prudente hoy, una ampliación de la investigación mañana, una declaración como investigado pasado, y al final del camino un titular en vísperas de las elecciones de 2027. Ninguno de los pasos intermedios será escandaloso por sí mismo. Lo escandaloso será el resultado agregado, y para entonces ya nadie recordará que empezó con un informe policial que señalaba a Marruecos.
Turchin diría que estamos viendo cómo unas élites en exceso, en Rabat y en Madrid, se disputan el Estado a través de sus instituciones. Yo diría algo más sencillo. La jueza Tardón ha fijado el hecho: no fue espontáneo, hubo organización, hubo guiado desde el otro lado. Ese dato es valioso y hay que agradecérselo. Pero el relato lo van a escribir otros, en los juzgados y fuera de ellos, y ya sabemos en qué dirección. Cuando una investigación solo puede avanzar hacia uno de los dos lados de la frontera, no hace falta ser profeta para adivinar hacia cuál avanzará. Si ya nadie va a Ceuta por whisky, tatamtampoco por la nadie abre una causa en la Audiencia Nacional por casualidad.
"La verdad no es importante: es inevitable".
M. Taruffo
Hace una semana escribí en estas páginas que nadie va a Ceuta por whisky: que setenta mil personas no cruzan a nado un espigón en dos días sin convocatoria, sin rutas, sin horarios, sin transporte hasta la playa y sin la tolerancia, activa o pasiva, de quien promueve esta operación. Proponía ocho hipótesis y una conclusión: aquello no fue una marea, fue una jugada, y las jugadas tienen autor. Cinco días después, la magistrada María Tardón, titular de la plaza 3 de instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha dictado un auto que dice, en lenguaje forense, casi lo mismo, pero al revés. Conviene leerlo (de momento solo hay notification de prensa), porque en su interior conviven los hechos y los discursos) y no siempre en el orden que uno esperaría y que el sentido común confirma.
El auto, dictado el 7 de septiembre en las diligencias previas 64/2026, resuelve la competencia de la Audiencia Nacional y fija el marco de la investigación. Se apoya en un informe de 55 páginas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que la propia jueza había encargado y que llegó al juzgado el 31 de agosto. Según el resumen que ha publicado Confilegal, ese informe describe tres oleadas sucesivas con perfiles distintos, una estructura de al menos cinco niveles, una alerta de riesgo «extremo» emitida el 29 de julio, y un dato que por sí solo desmonta cualquier tesis de espontaneidad: el 90,8 % de los teléfonos relevantes detectados en la movilización digital tenían prefijo marroquí. Sobre el terreno, policías uniformados orientando a la gente hacia el punto exacto por donde se bordea el espigón del Tarajal. El informe lo llama «guiado activo». La jueza declara compartir el término.
Hasta aquí, mis dos primeras hipótesis quedan más que confirmadas: la de la omisión deliberada de los servicios de seguridad marroquíes y la de una gestión favorecedora del proceso desde el otro lado de la frontera. El auto va incluso más lejos que yo en un punto: habla de «guerra híbrida» y de «zona gris», es decir, de la utilización de un flujo migratorio como instrumento de presión contra un Estado. Que una instructora de la Audiencia Nacional escriba eso en una resolución judicial no es poca cosa. Es la primera vez que un órgano del Estado español pone por escrito, con valor procesal, lo que el Gobierno lleva cinco semanas tratando de solventar por vía diplomática y amistosa.
Ahora bien, el auto tiene una asimetría que salta a la vista. Los niveles cuarto y quinto de esa estructura, los de la planificación y la dirección, aparecen en la resolución como casillas vacías. La jueza dice que la instrucción deberá averiguar quién las ocupaba. Y al mismo tiempo, en la misma resolución, rechaza la querella presentada contra el rey de Marruecos y varios mandos de sus fuerzas de seguridad, calificándola de instrumentalización política de la acción penal. Puede que tenga razón en el fondo, porque una querella por lesa humanidad contra un jefe de Estado extranjero es jurídicamente un disparate en este contexto geopolítico. Pero el efecto práctico es evidente: la parte marroquí de la investigación nace con una barrera infranqueable. A un Estado soberano no se le instruye, y a sus policías tampoco. Lo que queda, entonces, es la otra orilla.
Y aquí es donde llega el truco. El auto anuncia que se investigará también la actuación en territorio español, incluida «la adecuación de los medios de respuesta» desplegados teniendo en cuenta las alertas previas. Entre las partes personadas figuran, por acumulación acordada por la propia jueza, la querella de HazteOír, la del PP y la denuncia de Vox, esta última dirigida expresamente contra el delegado del Gobierno en Ceuta por prevaricación y denegación de auxilio. Es decir: en la única dirección en la que la instrucción puede avanzar sin toparse con la inmunidad de un Estado extranjero, las acusaciones populares ya tienen nombres y apellidos escritos. Esa era mi sexta hipótesis, la del lawfare, y el auto no la confirma todavía, pero le abre la puerta y deja la luz encendida.
La construcción competencial merece un párrafo aparte, porque es lo jurídicamente más frágil de la resolución. Tardón se apoya en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye a la Audiencia Nacional los delitos contra la forma de Gobierno, y en el artículo 590.1 del Código Penal, que castiga a quien con actos ilegales compromete la paz o la independencia del Estado. Son tipos pensados para españoles que provocan a una potencia extranjera, no para agentes de esa potencia. Para hacerlos encajar, el auto recurre a un argumento de contexto que tiene su ironía: recuerda que el presidente del Gobierno, en su visita a Ceuta el 31 de julio, definió lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial de España. Las palabras de Sánchez, dichas en caliente para marcar distancia con Rabat, se convierten así en el fundamento de una investigación cuyo recorrido más probable termina en la Delegación del Gobierno. La retórica de la soberanía tiene estas cosas: quien la invoca no controla quién la recoge.
No quiero ser injusto con la resolución. Es cuidadosa en varios puntos que otras instrucciones célebres de la Audiencia Nacional no lo fueron. Declara el secreto solo sobre una pieza separada, no sobre toda la causa. Impone fianza de 6.000 euros a cada acusación popular y les obliga a unificar representación, lo que limita el uso del proceso como altavoz. Insiste, hasta tres veces, en que la calificación es provisional. Y ordena a los juzgados de Ceuta que le remitan las diligencias por los 83 cadáveres recuperados en aguas españolas, que es lo que de verdad debería importar y lo que menos titulares ha producido. Jakobs enseñó que el derecho penal del enemigo se reconoce porque el proceso deja de buscar la verdad para buscar la neutralización; este auto, por ahora, todavía busca la verdad. Lo que no puede evitar es que otros hayan decidido de antemano cuál tiene que ser.
Porque el problema no está en el auto solo, que también, sino en el tablero. Abascal anunció el procesamiento por traición semanas antes de que existiera la resolución. Ahora hay una resolución que no habla de traición, pero que ha abierto un cauce por el que la palabra puede entrar. Ferrajoli lo explicó mejor que nadie: las garantías no se pierden de golpe, se erosionan. Un auto prudente hoy, una ampliación de la investigación mañana, una declaración como investigado pasado, y al final del camino un titular en vísperas de las elecciones de 2027. Ninguno de los pasos intermedios será escandaloso por sí mismo. Lo escandaloso será el resultado agregado, y para entonces ya nadie recordará que empezó con un informe policial que señalaba a Marruecos.
Turchin diría que estamos viendo cómo unas élites en exceso, en Rabat y en Madrid, se disputan el Estado a través de sus instituciones. Yo diría algo más sencillo. La jueza Tardón ha fijado el hecho: no fue espontáneo, hubo organización, hubo guiado desde el otro lado. Ese dato es valioso y hay que agradecérselo. Pero el relato lo van a escribir otros, en los juzgados y fuera de ellos, y ya sabemos en qué dirección. Cuando una investigación solo puede avanzar hacia uno de los dos lados de la frontera, no hace falta ser profeta para adivinar hacia cuál avanzará. Si ya nadie va a Ceuta por whisky, tatamtampoco por la nadie abre una causa en la Audiencia Nacional por casualidad.
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