Ediciones:

Seguir en Discover

Opinión

Ir a Ceuta por whisky

Ocho hipótesis sobre una crisis que no fue espontánea

  • Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, con representantes de Guardia Civil y Policía Nacional.

Empecemos por los hechos . En apenas dos días, el 30 y el 31 de julio, más de setenta mil personas cruzaron la frontera de Ceuta, la inmensa mayoría a nado, bordeando los espigones del Tarajal y de Benzú. No es una cifra: es una ciudad entera desplazándose por el agua. Y aquí conviene detenerse antes de que el relato lo devore todo. Un movimiento de esa magnitud exige convocatoria, rutas, horarios, transporte hasta la costa, tolerancia de los puestos de control. Nada de eso ocurre por generación espontánea en un Estado cuyo aparato de seguridad vigila hasta el último café de Fnideq.

La primera hipótesis, por tanto, es de sentido común: la Gendarmería Real y la DGED, los servicios exteriores marroquíes, sabían lo que se estaba gestando. Que no lo impidieran es, como mínimo, una responsabilidad por omisión tan notable como evidente. No hace falta imaginar una operación perfectamente diseñada desde palacio, con la cúpula de la Gendarmería y los servicios de inteligencia repartiéndose tareas. Basta con la omisión deliberada, con el dejar hacer, que en política exterior marroquí es siempre una forma de hacer.

La segunda hipótesis matiza la primera y la vuelve más inquietante. Según las filtraciones del grupo de hackers Jabaroot, que desde hace meses viene aireando documentos del aparato estatal marroquí, en el interior del Majzén se libra una guerra sorda entre facciones. No estaríamos ante un Estado unitario que castiga a España, como ocurrió en 2021 con el caso Ghali, sino ante un Estado fracturado en el que una fracción de las élites utiliza la frontera como campo de batalla para sus propios intereses, tanto los grandes como los muy locales. La omisión de unos puede ser la maniobra de otros. Y eso explica mejor que ninguna teoría conspirativa la mezcla de descontrol y precisión que se observó aquellos días.

Tercera hipótesis: no puede entenderse la política de seguridad marroquí sin la íntima relación, ya nada secreta desde los Acuerdos de Abraham, entre sus servicios de inteligencia y el Mossad. Cooperación tecnológica, intercambio de información, formación de cuadros. La cuarta es su corolario simbólico: Mohamed VI acaba de bautizar la gran autopista que atraviesa el Sáhara con el nombre de Donald Trump, el presidente que reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio a cambio de la normalización con Israel. Un rey no pone el nombre de un presidente extranjero a la obra pública emblemática de su reinado por cortesía. Lo hace para señalar quién es su aliado y quién no lo es.

La quinta hipótesis es ya de escala global. Existe hoy un bloque reaccionario, una internacional que no tiene reparos en usar los métodos de la extrema derecha clásica, que gobierna en Estados Unidos, en Italia, en Finlandia y en buena parte de Latinoamérica, y que tiene a España en su lista de cuentas pendientes. Pedro Sánchez es, para ese bloque, un intruso incómodo: reconoció el Estado palestino, mantiene una política migratoria que no acepta el vocabulario de la invasión, se resiste al aumento del gasto militar impuesto por Washington. Que Italia y Dinamarca pidieran de inmediato una reunión de urgencia en Bruselas tras la crisis de Ceuta, para reclamar más control de las fronteras exteriores, indica hasta qué punto el episodio fue leído desde el primer minuto como oportunidad política y no como emergencia humanitaria.

Con la sexta entramos en el terreno que mejor conocemos en este país: el lawfare. El PP y Vox, con la colaboración de lo que ya podemos llamar sin rubor el partido judicial y policial, están construyendo un caso de procesamiento de Sánchez por traición. La acusación es de manual: el Gobierno sabía y no hizo nada, luego permitió la entrada de decenas de miles de personas, luego traicionó a la nación. Abascal lo anunció con la misma naturalidad con la que anunció, en su momento, la condena del Fiscal General del Estado y otras que luego llegaron. Cuando un dirigente político adelanta con precisión el resultado de un procedimiento judicial, o es un profeta o conoce a los jueces. Y que la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el asunto vaya a seguir ese guion es, a estas alturas, una previsión que nadie sensato descartaría.

Conviene recordar aquí la doctrina de Jakobs sobre el derecho penal del enemigo: cuando el adversario político deja de ser un ciudadano con derechos para convertirse en un enemigo al que hay que neutralizar, el proceso penal ya no busca la verdad sino la eliminación. La palabra traición, además, tiene una carga que no tienen el cohecho o la prevaricación. Es la palabra que se usa cuando se quiere que el procesado no vuelva.

La séptima hipótesis da profundidad histórica a las anteriores. Tanto Trump como Netanyahu actúan como lo que son: potencias en declive. Estados Unidos ve cómo China le disputa la hegemonía en la tecnología, el comercio y la financiación del Sur global; Israel ha agotado, tras Gaza, el capital de legitimidad que le quedaba. Y una potencia que declina, cuando ya no puede ordenar el mundo, opta por desordenarlo. Generar caos e inestabilidad en el contexto internacional es la estrategia de quien sabe que en un tablero estable pierde, pero en un tablero revuelto puede seguir mandando un tiempo más. Y, entre tanto, hacer caja: contratos de armamento, gas, aranceles, criptomonedas, reconstrucciones a precio de amigo.

De ahí la octava. En ese escenario, con una China que se perfila como hegemón desplazando a Estados Unidos, tanto el sionismo de Netanyahu como el trumpismo comparten un objetivo intermedio: crear focos de conflictividad y desestabilización que sumerjan a la Unión Europea en una crisis permanente. Una Europa dividida, asustada y ocupada con sus fronteras no articula política exterior propia, no reconoce Palestina, no negocia con Pekín por su cuenta y compra armas americanas. Ceuta es, vista así, un foco más: pequeño, barato y extraordinariamente rentable.

La conclusión se desprende sola. El objetivo de esta provocación no es Ceuta, ni la inmigración, ni siquiera Marruecos. El objetivo es impedir que Sánchez llegue políticamente vivo a las elecciones generales de 2027, porque existe un riesgo real de que las gane. Y para eso convergen tres actores con intereses distintos pero compatibles: Trump y su bloque, Netanyahu y sus servicios, y una fracción de las élites marroquíes con sus propios cálculos, algunos geopolíticos y otros tan locales como el control de la frontera y sus negocios. Ninguno de ellos necesita haber firmado un pacto. Basta con que cada uno haga lo que le conviene en el momento en que le conviene, y que el resultado agregado sea el que todos deseaban.

Ferrajoli enseñó que las garantías no se pierden de golpe sino por erosión. Turchin, que las élites en exceso terminan devorándose entre sí y arrastrando al Estado. Ambas lecciones se aplican hoy a Rabat y a Madrid por igual. Lo que ocurrió en las aguas del Tarajal no fue un fenómeno natural. Fue una jugada. Y las jugadas, a diferencia de las mareas, tienen autor. Nadie va a Ceuta por whisky.

Empecemos por los hechos . En apenas dos días, el 30 y el 31 de julio, más de setenta mil personas cruzaron la frontera de Ceuta, la inmensa mayoría a nado, bordeando los espigones del Tarajal y de Benzú. No es una cifra: es una ciudad entera desplazándose por el agua. Y aquí conviene detenerse antes de que el relato lo devore todo. Un movimiento de esa magnitud exige convocatoria, rutas, horarios, transporte hasta la costa, tolerancia de los puestos de control. Nada de eso ocurre por generación espontánea en un Estado cuyo aparato de seguridad vigila hasta el último café de Fnideq.

La primera hipótesis, por tanto, es de sentido común: la Gendarmería Real y la DGED, los servicios exteriores marroquíes, sabían lo que se estaba gestando. Que no lo impidieran es, como mínimo, una responsabilidad por omisión tan notable como evidente. No hace falta imaginar una operación perfectamente diseñada desde palacio, con la cúpula de la Gendarmería y los servicios de inteligencia repartiéndose tareas. Basta con la omisión deliberada, con el dejar hacer, que en política exterior marroquí es siempre una forma de hacer.

La segunda hipótesis matiza la primera y la vuelve más inquietante. Según las filtraciones del grupo de hackers Jabaroot, que desde hace meses viene aireando documentos del aparato estatal marroquí, en el interior del Majzén se libra una guerra sorda entre facciones. No estaríamos ante un Estado unitario que castiga a España, como ocurrió en 2021 con el caso Ghali, sino ante un Estado fracturado en el que una fracción de las élites utiliza la frontera como campo de batalla para sus propios intereses, tanto los grandes como los muy locales. La omisión de unos puede ser la maniobra de otros. Y eso explica mejor que ninguna teoría conspirativa la mezcla de descontrol y precisión que se observó aquellos días.

Tercera hipótesis: no puede entenderse la política de seguridad marroquí sin la íntima relación, ya nada secreta desde los Acuerdos de Abraham, entre sus servicios de inteligencia y el Mossad. Cooperación tecnológica, intercambio de información, formación de cuadros. La cuarta es su corolario simbólico: Mohamed VI acaba de bautizar la gran autopista que atraviesa el Sáhara con el nombre de Donald Trump, el presidente que reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio a cambio de la normalización con Israel. Un rey no pone el nombre de un presidente extranjero a la obra pública emblemática de su reinado por cortesía. Lo hace para señalar quién es su aliado y quién no lo es.

La quinta hipótesis es ya de escala global. Existe hoy un bloque reaccionario, una internacional que no tiene reparos en usar los métodos de la extrema derecha clásica, que gobierna en Estados Unidos, en Italia, en Finlandia y en buena parte de Latinoamérica, y que tiene a España en su lista de cuentas pendientes. Pedro Sánchez es, para ese bloque, un intruso incómodo: reconoció el Estado palestino, mantiene una política migratoria que no acepta el vocabulario de la invasión, se resiste al aumento del gasto militar impuesto por Washington. Que Italia y Dinamarca pidieran de inmediato una reunión de urgencia en Bruselas tras la crisis de Ceuta, para reclamar más control de las fronteras exteriores, indica hasta qué punto el episodio fue leído desde el primer minuto como oportunidad política y no como emergencia humanitaria.

Con la sexta entramos en el terreno que mejor conocemos en este país: el lawfare. El PP y Vox, con la colaboración de lo que ya podemos llamar sin rubor el partido judicial y policial, están construyendo un caso de procesamiento de Sánchez por traición. La acusación es de manual: el Gobierno sabía y no hizo nada, luego permitió la entrada de decenas de miles de personas, luego traicionó a la nación. Abascal lo anunció con la misma naturalidad con la que anunció, en su momento, la condena del Fiscal General del Estado y otras que luego llegaron. Cuando un dirigente político adelanta con precisión el resultado de un procedimiento judicial, o es un profeta o conoce a los jueces. Y que la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el asunto vaya a seguir ese guion es, a estas alturas, una previsión que nadie sensato descartaría.

Conviene recordar aquí la doctrina de Jakobs sobre el derecho penal del enemigo: cuando el adversario político deja de ser un ciudadano con derechos para convertirse en un enemigo al que hay que neutralizar, el proceso penal ya no busca la verdad sino la eliminación. La palabra traición, además, tiene una carga que no tienen el cohecho o la prevaricación. Es la palabra que se usa cuando se quiere que el procesado no vuelva.

La séptima hipótesis da profundidad histórica a las anteriores. Tanto Trump como Netanyahu actúan como lo que son: potencias en declive. Estados Unidos ve cómo China le disputa la hegemonía en la tecnología, el comercio y la financiación del Sur global; Israel ha agotado, tras Gaza, el capital de legitimidad que le quedaba. Y una potencia que declina, cuando ya no puede ordenar el mundo, opta por desordenarlo. Generar caos e inestabilidad en el contexto internacional es la estrategia de quien sabe que en un tablero estable pierde, pero en un tablero revuelto puede seguir mandando un tiempo más. Y, entre tanto, hacer caja: contratos de armamento, gas, aranceles, criptomonedas, reconstrucciones a precio de amigo.

De ahí la octava. En ese escenario, con una China que se perfila como hegemón desplazando a Estados Unidos, tanto el sionismo de Netanyahu como el trumpismo comparten un objetivo intermedio: crear focos de conflictividad y desestabilización que sumerjan a la Unión Europea en una crisis permanente. Una Europa dividida, asustada y ocupada con sus fronteras no articula política exterior propia, no reconoce Palestina, no negocia con Pekín por su cuenta y compra armas americanas. Ceuta es, vista así, un foco más: pequeño, barato y extraordinariamente rentable.

La conclusión se desprende sola. El objetivo de esta provocación no es Ceuta, ni la inmigración, ni siquiera Marruecos. El objetivo es impedir que Sánchez llegue políticamente vivo a las elecciones generales de 2027, porque existe un riesgo real de que las gane. Y para eso convergen tres actores con intereses distintos pero compatibles: Trump y su bloque, Netanyahu y sus servicios, y una fracción de las élites marroquíes con sus propios cálculos, algunos geopolíticos y otros tan locales como el control de la frontera y sus negocios. Ninguno de ellos necesita haber firmado un pacto. Basta con que cada uno haga lo que le conviene en el momento en que le conviene, y que el resultado agregado sea el que todos deseaban.

Ferrajoli enseñó que las garantías no se pierden de golpe sino por erosión. Turchin, que las élites en exceso terminan devorándose entre sí y arrastrando al Estado. Ambas lecciones se aplican hoy a Rabat y a Madrid por igual. Lo que ocurrió en las aguas del Tarajal no fue un fenómeno natural. Fue una jugada. Y las jugadas, a diferencia de las mareas, tienen autor. Nadie va a Ceuta por whisky.

Comentarios