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El PSOE y el Gobierno han continuado esta semana en la espiral imparable de casos de corrupción y nuevas revelaciones. Son varios frentes abiertos y uno solo por sí mismo ya haría tambalear a un Gobierno. Está el juicio al hermano de Pedro Sánchez, el caso Ábalos, el caso Zapatero, el caso Leire -éste con múltiples ramificaciones, la última en el País Vasco-... Todo ello tiene un traslado en el hartazgo de la gente, que ven cómo ha habido deshonestos en el PSOE, pero que además intentó activar unas cloacas para desactivar las investigaciones, lo cual no hace más que incrementar la gravedad de lo que se está conociendo.
Ante este panorama, el votante progresista está, como poco, impresionado, consternado. Pocos quedan que piensen que todo esto es un complot, porque no hay razones para apelar a las fake news o la máquina del fango de la que hablaba el PSOE hasta hace no tanto. La pregunta ya es qué nuevo nombre de dirigentes acabará saliendo y con qué grado de responsabilidad en cuál de los casos conocidos hasta ahora, si es que no salen a la luz otros nuevos.
Pero esa falta de confianza no solo está entre mucha gente, sino también entre los socios de la investidura. Cada partido tiene su propia agenda y sus propios intereses, a menudo condicionados por procesos electorales próximos. Un caso es el del PNV, que pedía acortar lo que queda de legislatura. De forma más o menos clara, o por razones diversas, se mueven por ahí otros partidos.
Esa ruptura en el Parlamento no es nueva, pero es más preocupante. Porque el PSOE está perdiendo a un ritmo acelerado cualquier posibilidad de sacar adelante iniciativas legislativas, poner en marcha reformas... Esta semana, Pedro Sánchez anunciaba un nuevo impulso en la carrera de los Presupuestos Generales, pero parece evidente que en este escenario no habrá partido minoritario que quiera pactar. Un presupuesto, además, que se aprobaría para tener que convocar al final de la primavera de 2027, como muy tarde, así que ya con poco margen.
No queda ya para el Gobierno capital político ni tiempo en la legislatura para solucionar problemas. Hablamos de la vivienda a menudo, pero España tiene más retos, como los nuevos tiempos que se vienen en industria, energía, gasto militar, o el escenario sobre el que trabajar tras acabar los fondos europeos. Cuestiones estratégicas en lo nacional y en lo internacional, que incluyen también la financiación autonómica, actualmente sin avances más allá de mensajes públicos.
Es legítimo para Pedro Sánchez y para el PSOE finalizar la legislatura mientras no haya una mayoría alternativa. En España, las mociones de censura requieren de un candidato alternativo, y ahí el PP no tiene posibilidades de sumar a la vez a Vox y partidos nacionalistas en favor de Núñez Feijóo -ni de ningún otro candidato instrumental e independiente, parece-. Ni siquiera parece que le compense ir a Waterloo a ver a Puigdemont, como le pide Junts, porque sería un peaje muy alto sin garantía alguna de éxito, pudiendo de hecho dar más alas a Vox.
Pero que sea legítimo no significa que sea la mejor. Para el PSOE, son muchas voces las que recuerdan que en mayo de 2027 tocan elecciones municipales y autonómicas. Si este goteo incesante continúa, esos socialistas que realizan su trabajo en ayuntamientos y autonomías se ven en tesituras imposibles ante la ciudadanía. El PSOE está sufriendo y mientras dure la legislatura no hay margen, parece, para remontar emocional y políticamente.
Por ello, cabe preguntarse para qué esta legislatura. Si no se puede legislar, si los socialistas amanecen cada mañana asustados temiendo una nueva operación policial, ¿para qué seguir? ¿Es el temor a la llegada al poder de la ultraderecha el argumento principal? ¿Es el único? De seguir, debe dejar claro que hay un plan de políticas a aplicar. Lo contrario será perder el tiempo.
El PSOE y el Gobierno han continuado esta semana en la espiral imparable de casos de corrupción y nuevas revelaciones. Son varios frentes abiertos y uno solo por sí mismo ya haría tambalear a un Gobierno. Está el juicio al hermano de Pedro Sánchez, el caso Ábalos, el caso Zapatero, el caso Leire -éste con múltiples ramificaciones, la última en el País Vasco-... Todo ello tiene un traslado en el hartazgo de la gente, que ven cómo ha habido deshonestos en el PSOE, pero que además intentó activar unas cloacas para desactivar las investigaciones, lo cual no hace más que incrementar la gravedad de lo que se está conociendo.
Ante este panorama, el votante progresista está, como poco, impresionado, consternado. Pocos quedan que piensen que todo esto es un complot, porque no hay razones para apelar a las fake news o la máquina del fango de la que hablaba el PSOE hasta hace no tanto. La pregunta ya es qué nuevo nombre de dirigentes acabará saliendo y con qué grado de responsabilidad en cuál de los casos conocidos hasta ahora, si es que no salen a la luz otros nuevos.
Pero esa falta de confianza no solo está entre mucha gente, sino también entre los socios de la investidura. Cada partido tiene su propia agenda y sus propios intereses, a menudo condicionados por procesos electorales próximos. Un caso es el del PNV, que pedía acortar lo que queda de legislatura. De forma más o menos clara, o por razones diversas, se mueven por ahí otros partidos.
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