Comprar o vender una vivienda parece, a ojos de muchos, una operación sencilla: encontrar un comprador, acordar un precio y firmar una escritura. Sin embargo, detrás de cada transacción existe un entramado jurídico, fiscal, documental y humano que puede convertir una compraventa en un proceso complejo si no está en manos de profesionales cualificados.

Esa es precisamente la filosofía que defiende la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA), una entidad que agrupa actualmente a un centenar de agencias repartidas por toda la provincia y que trabaja desde hace años para elevar los estándares de un sector que, paradójicamente, apenas exige requisitos para ejercer.

Al frente de ese compromiso se encuentra Begoña Gómez Roldós, ingeniera industrial, gerente de Comunidades del Sur, tesorera de GICA y también de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España (FAI). Su discurso va mucho más allá de la compraventa de viviendas: habla de profesionalización, ética y confianza.

Un centenar de inmobiliarias trabajando como una sola

Uno de los grandes valores de GICA es el sistema de colaboración entre sus asociados. Cuando un propietario confía la venta de su vivienda en exclusiva a una agencia perteneciente a la asociación, ese inmueble pasa a ser compartido con el resto de inmobiliarias integradas en la red.

El resultado es una mayor difusión de la oferta sin que el vendedor tenga que multiplicar interlocutores o gestionar diferentes contratos. Una única agencia coordina todo el proceso mientras un centenar de profesionales trabajan para encontrar comprador.

Pero la colaboración es solo una parte del proyecto. La asociación centra buena parte de sus esfuerzos en ofrecer formación continua, asesoramiento jurídico, herramientas técnicas y garantías adicionales tanto para los profesionales como para sus clientes.

La profesión para la que no hace falta ningún título

La principal reivindicación de GICA parte de una paradoja que Begoña Gómez resume a lavozdelsur.es con un ejemplo muy gráfico. "Un carnicero necesita un carné de manipulador de alimentos para ejercer, pero cualquiera puede dedicarse a la intermediación inmobiliaria".

La ausencia de una regulación específica permite que personas sin preparación ni experiencia entren en un mercado donde se gestionan operaciones de cientos de miles de euros. Esa falta de control favorece el intrusismo y alimenta prácticas que han deteriorado la imagen del sector durante décadas.

"La profesionalización es nuestra gran batalla", sostiene Gómez. El objetivo pasa por implantar un registro oficial que permita acreditar la capacitación de quienes ejercen la actividad y ofrezca mayores garantías a los ciudadanos.

Mucho más que enseñar una vivienda

El trabajo de un agente inmobiliario dista mucho de abrir una puerta y mostrar un piso. Según explica la responsable de GICA, un profesional debe dominar disciplinas muy diversas para poder acompañar con solvencia a compradores y vendedores.

Conocimientos jurídicos para interpretar contratos, nociones de fiscalidad para explicar impuestos y costes, habilidades de negociación para acercar posiciones entre las partes y capacidad comercial para posicionar correctamente un inmueble forman parte del día a día.

A ello se suma un componente humano imprescindible. "También tenemos que saber un poco de psicología, porque tratamos con personas que atraviesan momentos importantes de su vida y hay que entender sus circunstancias. Es la transacción más importante de tu vida, porque generalmente la gente no compra muchas viviendas", señala. La ética profesional completa una formación que, a juicio de la asociación, debería ser obligatoria.

Las malas prácticas que GICA quiere erradicar

La falta de regulación ha permitido durante años comportamientos que hoy siguen apareciendo de forma aislada y que generan importantes perjuicios económicos para compradores y vendedores.

Desde agencias que comercializan inmuebles sin verificar la documentación hasta operaciones frustradas por herencias sin resolver o propietarios que nunca autorizaron la venta, los problemas pueden surgir cuando no existe un control previo de la legalidad del inmueble.

"Una vivienda no debería salir al mercado sin que toda su documentación esté revisada", explica Gómez. Como ejemplo, recuerda casos en los que solo uno de varios herederos ha autorizado la venta, una circunstancia que puede bloquear la operación cuando llega el momento de la firma.

Un código ético para proteger al cliente

Para evitar ese tipo de situaciones, GICA obliga a sus asociados a cumplir un reglamento interno y un código ético que fija unos estándares de actuación comunes.

La documentación de cada inmueble debe estar comprobada antes de iniciar su comercialización, garantizando que existen las autorizaciones necesarias y que la operación puede culminarse sin sorpresas jurídicas.

Además, la asociación pone a disposición de sus miembros herramientas como el seguro de caución, un mecanismo que protege las cantidades entregadas a cuenta por los compradores y aporta una garantía adicional en una operación donde suelen intervenir importantes cantidades de dinero.

El gran problema del mercado: faltan viviendas

Más allá de la regulación del sector, la realidad inmobiliaria de la provincia de Cádiz presenta un desafío evidente. La demanda continúa siendo elevada mientras la oferta disponible resulta insuficiente para absorber el interés comprador.

Durante los años posteriores a la crisis inmobiliaria se construyó muy poco y esa escasez de nuevas promociones sigue teniendo consecuencias en la actualidad. La falta de producto ha impulsado los precios durante los últimos años, aunque en algunos segmentos empieza a apreciarse una ligera estabilización.

"La principal problemática que tenemos ahora mismo es la falta de oferta", resume Gómez. Una situación que mantiene muy activo el mercado, pero que dificulta el acceso a la vivienda y limita las opciones tanto para compradores como para quienes desean cambiar de residencia.

Una decisión demasiado importante para improvisar

La compra o venta de una vivienda suele ser una de las decisiones económicas más relevantes en la vida de cualquier persona. Sin embargo, muchas veces se afronta pensando que basta con encontrar a la otra parte para cerrar la operación.

Desde GICA insisten en que el acompañamiento profesional reduce riesgos y aporta seguridad en un proceso donde intervienen aspectos registrales, fiscales, urbanísticos y jurídicos que pueden escapar al conocimiento del ciudadano.

"Para cualquier asunto importante buscamos un abogado o un especialista. Con una vivienda, donde nos jugamos gran parte de nuestro patrimonio, debería ocurrir exactamente lo mismo", defiende Gómez.

Una sola inmobiliaria, cien profesionales detrás

Para los vendedores, confiar un inmueble a una agencia integrada en GICA supone acceder a una red de colaboración que multiplica la capacidad de comercialización sin perder un interlocutor único.

La vivienda puede ser ofrecida por el resto de asociados de la provincia e incluso por otras asociaciones inmobiliarias del ámbito nacional con las que existen acuerdos de colaboración, ampliando considerablemente las posibilidades de encontrar comprador.

La apuesta de GICA pasa por un modelo basado en la cooperación entre profesionales frente a la competencia individual. Un sistema que busca ofrecer un mejor servicio al cliente mientras impulsa una reivindicación de fondo: que el sector inmobiliario deje de ser un espacio abierto al intrusismo y se convierta en una actividad plenamente profesionalizada, donde la confianza y la preparación sean tan importantes como las propias viviendas que se venden.