Opinión

La represión del movimiento ecologista

Enfrentarse a los poderes políticos y económicos tiene sus riesgos y consecuencias; también sus satisfacciones. El ecologismo social, el que no sólo se plantea la conservación de nuestra naturaleza, sino que pone en cuestión el modelo socioeconómico capitalista, causa del saqueo y de la apropiación de los recursos de la Tierra por una ínfima minoría, se ha tenido que enfrentar a planes, proyectos y políticas fomentadas por las élites políticas y económicas. Algunos no estaban dispuestos a permitirlo.

Sería prolijo relatar al cúmulo de acciones represivas a las que nos hemos tenido que enfrentar las personas que hemos hecho de la defensa de nuestra Tierra y de sus gentes un objetivo por el que luchar, y arriesgar. Muchas son comunes a otros movimientos sociales, pero quizás lo que ha caracterizado esta represión es que ha venido no sólo de estamentos políticos y administrativos, sino directamente de mafias empresariales que no han escatimado medios para frenar las denuncias de las entidades ecologistas.

El ecologismo social fue uno de los escasos movimientos sociales que se enfrentó a  la burbuja inmobiliaria. Cuando el dinero fluía a raudales por despachos de empresas, administraciones y partidos políticos, y las migajas llegaban a muchos estratos de la población, enfrentarse a esa vorágine que destruía nuestro suelo, agua, espacios naturales, paisajes… no era fácil. Pero lo hicimos. A las consabidas denuncias por encadenamientos a máquinas, bloqueo de obras… se unieron las agresiones y los atentados. Los sufrí en primera persona. Quizás los más miserables y cobardes fueron los que se dirigieron contra nuestras familias.

Dos ejemplos. Cuando denunciamos la construcción de una urbanización ilegal en un pinar de El Puerto protegido y destinado a parque público, llenaron la ciudad con fotos de mi casa amenazando con quemarla. Tuve que tener protección policial hasta que identificamos a los agresores, la mayoría eran policías nacionales y locales. Cuando los ecologistas destapamos una trama de corrupción urbanística en Grazalema, el entonces alcalde (PSOE) no envió a la policía municipal a inspeccionar las obras ilegales, sino a mi casa en Benamahoma. No encontraron nada ilegal, pero firmó una orden de demolición, con multas mensuales de 1.800 euros. Ante nuestras denuncias judiciales, reculó, y al final terminó imputado, el arquitecto municipal encarcelado, y los promotores urbanísticos están pendientes de juicio.

Pero quizás lo más alarmante y mediático ha sido la burda trama para implicarme en un delito de tráfico de drogas. Trama urdida presuntamente por cuatro personas, hoy imputadas, tres eran responsables de una sociedad dedicada a la compra de grandes fincas de caza en el Parque Natural Sierra de Grazalema; el cuarto, un sicario. La compra de fincas forestales ha sido uno de los refugios de blanqueo de dinero de la especulación urbanística… y de otros orígenes menos lícitos aún. Mafias peligrosas, como se ha demostrado.

En todos estos casos ha sido la difusión mediática, hoy en redes sociales, de estas tramas represivas y la reacción social las que han impedido la consumación de amenazas, represalias o confabulaciones, que en este último caso hubiera terminado con un conocido ecologista en la cárcel –estuve en el calabozo- por tráfico de drogas. Tras mi detención por haber transitado por un camino público usurpado por esta sociedad, más de 600 personas se manifestaron por dicho camino, rompiendo vallas y cadenas; no nos pudieron parar. Actualmente, todos los caminos públicos de Grazalema están en proceso de recuperación por parte de un ayuntamiento que, hasta entonces, demostró una incompresible pasividad.

El enorme impacto que tuvo en un primer momento esta detención, se volvió en contra de sus urdidores. El intento de desprestigiar a un movimiento social y destruir la honestidad –nuestro principal aval- de un ecologista, ha fracasado. Aviso para navegantes que debe, y así ha sido en la Sierra de Cádiz, blindar a asociaciones y activistas de las mafias políticas y económicas, y permitir el libre ejercicio de sus derechos democráticos sin riesgos para ellos y ellas, ni para sus familias.

Juan Clavero miembro de Ecologistas en Acción. Este artículo se publicó originalmente en Asociación Pro-Derechos Humanos de Sevilla

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