Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias están a un paso de ser reconocidos legalmente como agentes de la autoridad. La comisión de Interior del Congreso ha aprobado el informe de ponencia y las enmiendas de la Proposición de Ley Orgánica que hará efectivo ese reconocimiento, una reforma que afectará directamente a los trabajadores de los centros penitenciarios de toda España y que ahora continuará su tramitación en el Pleno del Congreso y, posteriormente, en el Senado.

La diputada socialista por Cádiz, Mamen Sánchez, ha calificado el avance de "histórico y de justicia" y ha subrayado el impacto especial que tendrá en una provincia que, con alrededor de 1.600 profesionales repartidos en cinco centros, concentra casi el 7% del personal penitenciario de todo el país.

La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario socialista tras múltiples reuniones con los sindicatos de profesionales penitenciarios y respaldada por el Ministerio del Interior, responde a una reivindicación histórica del sector. Hasta ahora, la ausencia de un reconocimiento legal expreso generaba interpretaciones judiciales dispares sobre el ejercicio de sus funciones, dejando a estos trabajadores en una situación de desprotección jurídica que la nueva ley pretende corregir de forma definitiva.

Qué cambia con la nueva ley: de la presunción de veracidad a la protección en prisión

Las mejoras concretas que introduce la reforma son de calado. La ley reconocerá de forma expresa el estatus de agente de la autoridad para los funcionarios penitenciarios e incorporará la presunción de veracidad de sus informes y declaraciones en el ejercicio profesional, una garantía equiparable a la que ya disfrutan otros cuerpos del Estado. Además, se establecerá el principio de indemnidad ante daños personales o materiales derivados del trabajo, una protección específica en caso de que un funcionario penitenciario ingrese en prisión y una mayor cobertura jurídica también para el personal laboral de Instituciones Penitenciarias, no solo para los funcionarios de carrera.

Mamen Sánchez ha insistido en que esta reforma "aportará seguridad jurídica al conjunto de trabajadores penitenciarios y permitirá evitar interpretaciones judiciales dispares sobre el ejercicio de sus funciones", y ha recordado que el Ministerio del Interior lleva trabajando en estas modificaciones normativas desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez en 2018. "Con la aprobación de la ponencia en la Comisión de Interior damos un paso decisivo para dignificar y proteger a quienes garantizan la seguridad, la convivencia y la reinserción dentro de nuestros centros penitenciarios", ha afirmado la diputada.

Cádiz, uno de los principales núcleos penitenciarios de España

El impacto de la reforma será especialmente notable en la provincia de Cádiz. Los centros penitenciarios de Puerto I, Puerto II y Puerto III en El Puerto de Santa María, Botafuegos en Algeciras y los CIS de Jerez y Algeciras conforman uno de los núcleos penitenciarios más importantes del país, con un volumen de actividad y un número de profesionales que los convierten en referentes dentro del sistema penitenciario español. "Cádiz concentra cerca del 7% del personal penitenciario de todo el país. Miles de familias gaditanas viven directa o indirectamente de esta actividad y conocen perfectamente la dureza, la responsabilidad y el compromiso que exige este trabajo", ha subrayado Sánchez.

La diputada ha cerrado su valoración destacando que "este reconocimiento es fruto del compromiso del Gobierno de España, de la participación de los sindicatos profesionales, del Grupo Parlamentario Socialista y del Ministerio del Interior con un colectivo que llevaba muchos años reclamando seguridad jurídica, protección y reconocimiento institucional". La ley se prevé aprobada en un plazo breve una vez completada su tramitación en ambas cámaras.