El informe de Ramón de Carranza y el destino de un empleado municipal

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El informe de Ramón de Carranza y el destino de un empleado municipal

22-11-2017 / 08:23 h.
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El equipo de gobierno municipal de Cádiz, con el apoyo de los concejales socialistas, ha decidido retirar el nombre de Ramón de Carranza Fernández de la Reguera a la avenida que bordea el paseo de Canalejas, entre la plaza del Ayuntamiento y la actual Diputación Provincial. La convivencia de Carranza, y su familia, con los golpistas de julio de 1936 era conocida. Por supuesto para el que quiera conocerla.

Monárquico convencido, participó en la preparación del golpe de julio de 1936 conspirando con Sanjurjo en Lisboa. No en vano se trataba de unos de los representantes del más añejo caciquismo local, emparentado por matrimonio con otros caciques locales, como las familias Gómez y Moreno de Mora, y beligerante anti-republicano. Conocida es la anécdota que protagonizó en marzo de 1936 cuando, por ser el diputado de mayor edad, presidió la sesión preparatoria del parlamento elegido tras las elecciones que ganó el Frente Popular. Al terminar, se negó a hacerlo con un ¡Viva la República! Como se venía haciendo desde 1931. Zanjó las protestas con un “no me da la gana”. Uno de sus hijos, José León, ya había sido detenido por estar implicado en la “Sanjurjada” en agosto de 1932, después fue alcalde franquista de la ciudad durante más de dos décadas. Otro, también llamado Ramón, fue alcalde golpista de Sevilla. Además, su hermano Fernando de Carranza Fernández de la Reguera figura entre los fundadores en 1936 de Hisma, la empresa pantalla que ocultaba la compra de materiales de guerra, incluidos aviones, de los golpistas al gobierno alemán.

Amigo de José María Pemán, otro personaje ligado con el caciquismo político local, los sectores más reaccionarios del país y entusiasta participante en el golpe, fue nombrado por Primo de Rivera alcalde de Cádiz en julio de 1927. Puesto que ocupó hasta abril de 1931. Regresó a ese cargo, además de al de gobernador civil, a los pocos días de la ocupación golpista de Cádiz: el 28 de julio de 1936. En él permaneció hasta su muerte en septiembre de 1937. En realidad, la entrada de la familia Carranza en el ayuntamiento tuvo lugar el mismo 20 de julio cuando Eduardo Aranda Asquerino, casado con Micaela Carranza Gómez, hija de Ramón de Carranza, se hizo cargo de la comisión gestora que los golpistas nombraron en sustitución del ayuntamiento.

Su alcaldía comprende el periodo más duro de la matanza golpista que terminaría con la vida de más de 600 gaditanos, el encarcelamiento de varios centenares y el destierro y exilio de otros muchos. El ayuntamiento gaditano colaboró activamente con la represión mediante la depuración de los trabajadores municipales y la elaboración de los informes que le solicitaba la Justicia del Terror golpista. Varias decenas de ellos firmados de puño de letra por el propio Ramón de Carranza. Además de participación de la Guardia Municipal en la detención de personas, búsqueda de huidos y elaboración de informes incriminatorios.

Su alcaldía comprende el periodo más duro de la matanza golpista que terminaría con la vida de más de 600 gaditanos

Como muestra, además de los que el ayuntamiento ha utilizado para la propuesta de revocación del nombre de la calle, baste un ejemplo. El caso  de Fernando Serrano Salagaray, administrador de la lonja municipal del mercado de la ciudad. Gaditano de 31 años en 1936, estaba casado con Elisa Valle con la que tenía dos hijos y vivía en la calle General Menacho. Era empleado municipal desde 1929,  durante la primera alcaldía de Ramón de Carranza. Primero fue contable, después, en el régimen republicano, entró en la administración del mercado. Educado en los Salesianos de Utrera y los jesuitas de El Puerto, en la década de los veinte había participado en las tertulias del café Riche, en el Mentidero, en las que se reunían jóvenes de ideología republicana. Era por tanto una persona educada y de ideas liberales que se comprometió políticamente en 1931 al  entrar en el Partido Republicano Autónomo. Más tarde militó en el radicalismo socialista, el partido mayoritario en la ciudad, y la Izquierda Republicana azañista. Un compromiso que, en 1934, le costó que fuera destituido por la gestora derechista  que sustituyó al ayuntamiento de 1931. Fue repuesto en marzo de 1936 por el ayuntamiento del Frente Popular.

En consecuencia tenía todos los números para ser uno de los afectados por la política de depuración emprendida, desde su primera sesión, por la gestora golpista encabezada por Carranza. Serrano, a pesar de sus antecedentes, no fue detenido inmediatamente. Al contrario que su hermano José, masón de la logia Hermano Vigor, que lo fue el 28 de julio. Su suerte cambió el 25 de agosto. Ese día, sobre el mediodía,  bombarderos gubernamentales lanzaron varios proyectiles sobre la ciudad que ocasionaron cinco muertos y numerosos heridos. La población quedó convulsionada y las autoridades golpistas intentaron por todos los medios aparentar calma. El comercio que cerró fue multado y al poco de abandonar los aviones la bahía, una manifestación recorrió las calles. Fue en este contexto en el que Fernando Serrano fue denunciado y, esa misma tarde detenido e ingresado en el cuartel de la Guardia Municipal en el propio ayuntamiento. Después pasó por la prisión provincial y, a fines de agosto, trasladado al castillo de Santa Catalina desde donde fue traslado en el hospital de Mora enfermo de tuberculosis.

Al oírse las explosiones, según el propio interesado, quiso mantener el ánimo de los presentes diciendo que lo que pasaba no era nada, que estaban en guerra y podía ocurrir que pasaran cosas peores

La causa había sido que, durante el ataque, Serrano se encontraba en la lonja junto a otros trabajadores. Al oírse las explosiones, según el propio interesado, quiso mantener el ánimo de los presentes diciendo que lo que pasaba no era nada, que estaban en guerra y podía ocurrir que pasaran cosas peores. Sin embargo, alguien lo interpretó de forma diferente: como expresión de júbilo por el ataque que suponía el principio de la recuperación de la ciudad por los golpistas. Desconocemos quien fue. Los que le acompañaban ratificaron las palabras de Serrano que eran de aliento, no de burla. Sólo aparecieron, en el sentido peyorativo o sarcástico, en los informes policiales, de Falange, Requeté y en el propio del ayuntamiento firmado por Carranza. Aunque no conozcamos al denunciante sí sabemos que existía quien no le apreciaba mucho. Así se deduce del informe que realizó un agente de policía en noviembre de 1936 cuando, tras pasar más de dos meses en la prisión, Fernando Serrano logró, por su estado de salud, ser desterrado a Alcalá de los Gazules.


Acta del Consejo de Guerra a Serrano Salagaray.

Decía el agente que era “rumor público”, entre los funcionarios públicos y vecinos de esta capital”, que tanto él como su familia estaban protegidos por el capitán de la Guardia Civil golpista Ángel Fernández Montes de Oca, casado con una hermana. Su hermano, el médico de la beneficencia municipal José Luis Serrano, había logrado también salir en libertad, a pesar de ser conocido como masón. Pero, sobre todo, quien despertaba la indignación era que su padre, José Serrano de la Jara, director del negociado municipal de aguas, a pesar de su reconocido izquierdismo y  de haber sido detenido y cesado, no había recibido la “grave sanción que todo el mundo esperaba, cuando otros de actuación parecida lo han sido justamente en anterior cuantía”.

El 12 de noviembre Fernando Serrano llegó a Alcalá. Parecía que, en efecto, había logrado desaparecer de escena tras atravesar el periodo más negro de la represión: la de la aplicación de los bandos de guerra. Sin embargo, con la puesta en marcha de la Justicia del Terror militar su nombre reapareció. A fines de 1936 se fueron revisando los expedientes de quienes habían sido detenidos hasta entonces y no habían sido juzgados. Durante esos meses se certificaron muchos de los asesinatos cometidos y se recordaron los casos que parecían haberse desvanecido. Uno de ellos el de Serrano. La información que llegó a manos del jefe de los servicios de justicia golpista en Cádiz, Marcelino Rancaño Gómez, venía encabezada por el informe que el jefe de la brigada  de investigación de milicias, Ulpiano Yrayzoz, había remitido en octubre de 1936 al entonces delegado de Orden Público, Adolfo de la Calle. La unidad paramilitar que Carranza había creado inmediatamente tras llegar a la alcaldía y que se encargaba, principalmente, del control de la población de la ciudad liberando de esa carga a las unidades militares. En él se extendía a habitual el júbilo de Serrano por los bombardeos de la ciudad y aseguraba que manifestaba públicamente que el golpe estaba destinado a fracasar.

El 19 de abril de 1937 Francisco de Paula Valera y Sainz de la Maza, un juez de instrucción incorporado a la justicia golpista, comenzó a elaborar el sumario. Su primera diligencia fue interrogar a Serrano que estaba desde finales de febrero en la prisión provincial gaditana. Después, fueron llegando los informes incriminatorios, entre ellos el de Carranza, y las declaraciones de los testigos ya comentadas. Una más de las instrucciones de esos procedimientos sumarísimos de urgencia en los que apenas se ocultaba el interés por continuar  con el castigo a los opositores y mantener el terror en la sociedad iniciado el verano anterior. Cuando Valera terminó no pudo mantener la acusación de masón ni la de haber sido interventor en las elecciones de febrero de 1936. Augusto Conte, vicepresidente de la comisión de investigación masónica, había informado de que el masón era su hermano José Luis y su nombre no apareció en la lista de los interventores electorales. También tuvo que admitir que las pretendidas manifestaciones de júbilo no habían sido probadas. Sólo tenía claro que había militado en partidos republicanos y  asistido a tertulias con estudiantes de la FUE y masones. Aún así, a Valera no le tembló el pulso para procesarle por considerarle incurso en delitos de adhesión a la rebelión.

Así que a las cuatro de la tarde del 17 de mayo, en la facultad de medicina, ante el tribunal presidido por Rafael López Alba compareció Rafael Serrano. El fiscal, Alfonso Moreno Gallardo, otro abogado al servicio de la justicia militar golpista, le pidió 6 años por un delito de “excitación y provocación a la rebelión” contemplado en el bando de guerra de 18 de julio. Antonio Gutiérrez de la Jara, un abogado que actuó como defensor en muchos de los consejos de guerra de estos meses, reconoció el delito de “provocación a la rebelión” y solicitó seis meses de prisión.


"Hizo manifestaciones jubilosas", escribe el alcalde de la época, Ramón de Carranza, al juez.

La sentencia es un monumento más de la Justicia del Terror teniendo en cuenta que el ponente, quien la redactó, era Armando García Royo un juez de instrucción, como tantos otros que hemos visto, al servicio de los golpistas. Consideraba probado que el acusado, afiliado a partidos republicanos de izquierda, hacía, “desde antiguo”, hacía manifestaciones de izquierdismo y visto con simpatía los incendios de edificios religiosos. De esto último no hay rastro en la instrucción y parece que sale de cosecha propia del ponente. No se atrevió a contradecir a los testigos y la sentencia no consideró probada las manifestaciones de regocijo por el bombardeo. Incluso llamó la atención que todos los informes en ese sentido eran copias exactas unos de otros.

Pero Serrano no iba a escapar de rositas. Podía considerarse un afortunado por la condena que le pedían y, pocas dudas cabían, que le iban a imponer. Así que García Royo consideró que el contumaz, por antiguo, extremismo de Serrano  sirvió de ejemplo a las masas incultas que se disponían a llevar hasta el final sus “ansias destructoras”. No lo hicieron porque el golpe de estado se lo impidió. En consecuencia Serrano era responsable de que muchos realizaran un delito de rebelión militar previsto en el código de justicia militar y en el bando de guerra de 18 de julio. Quizás consciente de la barbaridad jurídica, y de la tergiversación de lo ocurrido, que estaba realizando quien había sido juez durante la República, finalmente, consideró que Serrano no era peligroso. No había tenido cargos en los partidos en que había militado, no había secundado algunas huelgas y tenía una buena conducta social. Por tanto la pena debía ser la mínima contemplada, los seis años. Descontados los meses que había permanecido ya encarcelado le quedaban algo más de 6 años por cumplir. Debería ser puesto en libertad el 27 de agosto de 1942. No lo fue porque había fallecido.

Aprobada la sentencia, permaneció en la prisión gaditana. Hasta que el 14 de enero de 1939, el médico de la cárcel solicitó su traslado al hospital de Mora por haberle diagnosticado un tumor en el cuello que se extendía hasta la inserción inferior del músculo esternocleidomastoideo. No podía operarle en la prisión. La mañana del 15 fue trasladado. A las pocas horas, sin haberle intervenido, fallecía. Su hermano José Luis solicitó que el cadáver fuera trasladado al domicilio del finado antes de enterrarlo. Así se hizo.

 
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