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La anomalía detectada tres meses antes del descarrilamiento de Adamuz: Adif dice que estaba dentro de los límites 
Tres menores heridos entre los seis afectados en un accidente entre dos coches en Cañete la Real 
El 30 de julio pasado decenas de miles de personas cruzaron sin control, tanto a pie como a nado, una frontera española y europea aparentemente desprotegida: la de Ceuta. Desde entonces, están pendientes de respuesta numerosas preguntas, que son imprescindibles tras los hechos y valoraciones que se han sucedido en las últimas semanas.
Sin duda estamos ante un tema complejo para el no son recomendables las simplificaciones, aunque se abuse (y se abusará) de ellas. De manera reiterada observamos que, más allá de las merecidas y legítimas críticas a la gestión de lo sucedido, se pretende arrimar el ascua a posiciones que no son más que parte de la ecuación que conforma el problema, de igual forma que se ofrecen unas explicaciones claramente insuficientes, que resultan poco convincentes. Si añadimos la falta de información real, el resultado inevitable es un agravamiento de la crisis, con efectos dramáticos sobre las personas que lo sufren directamente (los migrantes, los ceutíes…) y que provocan incertidumbre a la sociedad en su conjunto.
Evidentemente una cuestión de esta dimensión, y con tantas aristas y posibles consecuencias, casa mal con los tiempos y la forma de hacer de la política actual, con su denodada ambición por lo inmediato y con el intento de buscar el regate corto para dejarlo todo confiado a la evolución natural del estado de opinión. El tema es tan grave, de tal calado, que no valen meras ocurrencias para dar por resuelto el problema: afecta a las personas, a la convivencia y a la propia estabilidad del Estado en su sentido más originario – sus fronteras y su deber de protección social.
Antes de cualquier otra consideración, hay una que debería haber tenido prioridad, y que muy tristemente debería haber llamado la atención de cualquier persona de bien. Nos referimos a la deshumanización de lo ocurrido. Sin descender al ámbito de la identificación de los responsables (algo ineludible en cualquier estado de derecho) o, incluso, al margen de la categorización que, quizá de manera simplista, hacen algunos opinadores calificando de “invasores” a quienes cruzaron la frontera, han muerto casi un centenar y medio de personas. Muchas de ellas, por no decir la inmensa mayoría, jóvenes. También menores. Hablamos de cifras de auténtica calamidad humanitaria; de cifras que nos debería provocar la sensación de vergüenza que clamó el Papa Francisco en Lampedusa en octubre de 2013. Aún quedan personas por recibir sepultura o cadáveres de jóvenes por devolver a unas familias que posiblemente solo sepan de su desaparición. Y lo que es peor, aún parece que estos muertos se han convertido en un elemento más de chantaje. Sencillamente horrible.
Es necesario, también, saber cómo ha ocurrido todo. Un hecho tan tumultuoso no surge de la nada. A poco que se conozca la zona es imposible no detectar con una mínima antelación una avalancha de tales dimensiones provenientes de un país vecino. Hay responsables, activadores y, como poco, personas y posiblemente instituciones en el país de origen o de tránsito que han debido hacer dejación de su deber. Y, como ciudadanía, tenemos el derecho de saber. Si en algún punto, la información es reservada, deberían haberse articulado inmediatamente los protocolos sobre la cuestión y trasladado que, efectivamente, estamos ante una situación tan grave y compleja que sus alguno de sus datos o resortes deberían quedar al margen del conocimiento común.
Pero ha sido al revés. Las controversias políticas han llegado a olvidar el debido respeto que requieren las instituciones del Estado, y se están centrando en cuestiones que requerirían necesariamente unidad. Una de ellas es si los resortes de Estado conocían o no la situación, y había sido transmitida completa y formalmente, de acuerdo con unos requisitos que, por cierto, no se nos dicen. Se comete un error de libro al poner fútilmente en duda el buen hacer y profesionalidad de nuestros servicios de información y de inteligencia para justificar la desatención de un riesgo para nuestra seguridad que es permanente. Otra de las controversias se centra en qué estado extranjero es responsable, aireándose especulaciones y acusaciones de forma muy poco responsable, que nos debilitan aún más en un momento crítico.
Las posibilidades de asalto a nuestra frontera se reiteran en el informe anual de seguridad nacional. También las posibles injerencias de gobiernos extranjeros. Hemos insistido en esta columna sobre la necesidad de tomar en cuenta dichos informes, esenciales para el correcto fundamento del país y para la garantía de la seguridad y convivencia de su ciudadanía. ¿Es que no se leen?
En todo caso, hubiera sido necesario evaluar inmediatamente la situación de forma adecuada. La gravedad era y es evidente. Los problemas de seguridad, de salud pública que puedan ponerse de manifiesto, derivados de una masiva entrada y permanencia de personas sin control en una ciudad como Ceuta, provocan una comprensible sensación de abandono en sus ciudadanos, de colapso de la convivencia con riesgos de todo tipo que son intolerables. Un país respetable debe tener capacidad de respuesta inmediata, aunque los problemas de fondo requieran de sus tiempos de análisis sosegado y, por tanto, de solución. Los liderazgos se demuestran en esto, en la política real, en la búsqueda e implementación de soluciones (si son consensuadas, mejor) ante problemas complejos. Estar al frente, con los ciudadanos y ciudadanas, y demostrarlo, es clave. Soportar la crítica también. Y hacer autocrítica.
Ceuta y Melilla son ciudades indiscutiblemente españolas, y deben ser atendidas como cualquier otro territorio de la nación. Mientras, mirando al exterior, España debe dar una respuesta correcta y responsable; comedida si se quiere, pero clara. Si, como afirmaba el presidente del gobierno, es un ataque a la integridad territorial del país (y lo es), resulta ineludible que se perciba seriedad y firmeza. Las divisiones de nuestros líderes (y no digamos si se suceden en el seno del propio gobierno) solo reflejan debilidad y llaman a nuevos problemas. Ya tenemos experiencia como país con protagonistas similares, aunque ahora concurran circunstancias particulares en un contexto internacional mucho más complejo, en el que también España debería saber situarse correcta y consecuentemente.
Hemos reclamado la solidaridad de nuestros socios europeos, cuyas primeras reacciones han dejado mucho que desear, en efecto. Una evidencia de que no se ha sabido transmitir en ese ámbito la naturaleza y carácter estratégico de esta frontera sur de la UE, que también lo es de España. Mientras corregimos este déficit, debemos evitar el riesgo de desestabilización interna, que es claro y posible, y tendría tristemente efectos inmediatos. Por ello, las fuerzas políticas con auténtica vocación de gobierno no pueden seguir abordando el tema desde la lógica coyuntural y oportunista de los respectivos supuestos réditos electorales.
¿Qué sentido tiene mantener una política de polarización si nos jugamos el futuro como nación? La política exterior, el papel de España como potencia europea y en el contexto mundial, la política de seguridad deben ser parte de un acuerdo mínimo que es inexcusable, máximo en tiempos en el que las injerencias híbridas y los ataques desde las llamadas “zonas grises” son un riesgo cierto.
Pero, como siempre, seguiremos esperando el milagro del sentido común. Y España nos importa.
El 30 de julio pasado decenas de miles de personas cruzaron sin control, tanto a pie como a nado, una frontera española y europea aparentemente desprotegida: la de Ceuta. Desde entonces, están pendientes de respuesta numerosas preguntas, que son imprescindibles tras los hechos y valoraciones que se han sucedido en las últimas semanas.
Sin duda estamos ante un tema complejo para el no son recomendables las simplificaciones, aunque se abuse (y se abusará) de ellas. De manera reiterada observamos que, más allá de las merecidas y legítimas críticas a la gestión de lo sucedido, se pretende arrimar el ascua a posiciones que no son más que parte de la ecuación que conforma el problema, de igual forma que se ofrecen unas explicaciones claramente insuficientes, que resultan poco convincentes. Si añadimos la falta de información real, el resultado inevitable es un agravamiento de la crisis, con efectos dramáticos sobre las personas que lo sufren directamente (los migrantes, los ceutíes…) y que provocan incertidumbre a la sociedad en su conjunto.
Evidentemente una cuestión de esta dimensión, y con tantas aristas y posibles consecuencias, casa mal con los tiempos y la forma de hacer de la política actual, con su denodada ambición por lo inmediato y con el intento de buscar el regate corto para dejarlo todo confiado a la evolución natural del estado de opinión. El tema es tan grave, de tal calado, que no valen meras ocurrencias para dar por resuelto el problema: afecta a las personas, a la convivencia y a la propia estabilidad del Estado en su sentido más originario – sus fronteras y su deber de protección social.
Antes de cualquier otra consideración, hay una que debería haber tenido prioridad, y que muy tristemente debería haber llamado la atención de cualquier persona de bien. Nos referimos a la deshumanización de lo ocurrido. Sin descender al ámbito de la identificación de los responsables (algo ineludible en cualquier estado de derecho) o, incluso, al margen de la categorización que, quizá de manera simplista, hacen algunos opinadores calificando de “invasores” a quienes cruzaron la frontera, han muerto casi un centenar y medio de personas. Muchas de ellas, por no decir la inmensa mayoría, jóvenes. También menores. Hablamos de cifras de auténtica calamidad humanitaria; de cifras que nos debería provocar la sensación de vergüenza que clamó el Papa Francisco en Lampedusa en octubre de 2013. Aún quedan personas por recibir sepultura o cadáveres de jóvenes por devolver a unas familias que posiblemente solo sepan de su desaparición. Y lo que es peor, aún parece que estos muertos se han convertido en un elemento más de chantaje. Sencillamente horrible.
Es necesario, también, saber cómo ha ocurrido todo. Un hecho tan tumultuoso no surge de la nada. A poco que se conozca la zona es imposible no detectar con una mínima antelación una avalancha de tales dimensiones provenientes de un país vecino. Hay responsables, activadores y, como poco, personas y posiblemente instituciones en el país de origen o de tránsito que han debido hacer dejación de su deber. Y, como ciudadanía, tenemos el derecho de saber. Si en algún punto, la información es reservada, deberían haberse articulado inmediatamente los protocolos sobre la cuestión y trasladado que, efectivamente, estamos ante una situación tan grave y compleja que sus alguno de sus datos o resortes deberían quedar al margen del conocimiento común.
Pero ha sido al revés. Las controversias políticas han llegado a olvidar el debido respeto que requieren las instituciones del Estado, y se están centrando en cuestiones que requerirían necesariamente unidad. Una de ellas es si los resortes de Estado conocían o no la situación, y había sido transmitida completa y formalmente, de acuerdo con unos requisitos que, por cierto, no se nos dicen. Se comete un error de libro al poner fútilmente en duda el buen hacer y profesionalidad de nuestros servicios de información y de inteligencia para justificar la desatención de un riesgo para nuestra seguridad que es permanente. Otra de las controversias se centra en qué estado extranjero es responsable, aireándose especulaciones y acusaciones de forma muy poco responsable, que nos debilitan aún más en un momento crítico.
Las posibilidades de asalto a nuestra frontera se reiteran en el informe anual de seguridad nacional. También las posibles injerencias de gobiernos extranjeros. Hemos insistido en esta columna sobre la necesidad de tomar en cuenta dichos informes, esenciales para el correcto fundamento del país y para la garantía de la seguridad y convivencia de su ciudadanía. ¿Es que no se leen?
En todo caso, hubiera sido necesario evaluar inmediatamente la situación de forma adecuada. La gravedad era y es evidente. Los problemas de seguridad, de salud pública que puedan ponerse de manifiesto, derivados de una masiva entrada y permanencia de personas sin control en una ciudad como Ceuta, provocan una comprensible sensación de abandono en sus ciudadanos, de colapso de la convivencia con riesgos de todo tipo que son intolerables. Un país respetable debe tener capacidad de respuesta inmediata, aunque los problemas de fondo requieran de sus tiempos de análisis sosegado y, por tanto, de solución. Los liderazgos se demuestran en esto, en la política real, en la búsqueda e implementación de soluciones (si son consensuadas, mejor) ante problemas complejos. Estar al frente, con los ciudadanos y ciudadanas, y demostrarlo, es clave. Soportar la crítica también. Y hacer autocrítica.
Ceuta y Melilla son ciudades indiscutiblemente españolas, y deben ser atendidas como cualquier otro territorio de la nación. Mientras, mirando al exterior, España debe dar una respuesta correcta y responsable; comedida si se quiere, pero clara. Si, como afirmaba el presidente del gobierno, es un ataque a la integridad territorial del país (y lo es), resulta ineludible que se perciba seriedad y firmeza. Las divisiones de nuestros líderes (y no digamos si se suceden en el seno del propio gobierno) solo reflejan debilidad y llaman a nuevos problemas. Ya tenemos experiencia como país con protagonistas similares, aunque ahora concurran circunstancias particulares en un contexto internacional mucho más complejo, en el que también España debería saber situarse correcta y consecuentemente.
Hemos reclamado la solidaridad de nuestros socios europeos, cuyas primeras reacciones han dejado mucho que desear, en efecto. Una evidencia de que no se ha sabido transmitir en ese ámbito la naturaleza y carácter estratégico de esta frontera sur de la UE, que también lo es de España. Mientras corregimos este déficit, debemos evitar el riesgo de desestabilización interna, que es claro y posible, y tendría tristemente efectos inmediatos. Por ello, las fuerzas políticas con auténtica vocación de gobierno no pueden seguir abordando el tema desde la lógica coyuntural y oportunista de los respectivos supuestos réditos electorales.
¿Qué sentido tiene mantener una política de polarización si nos jugamos el futuro como nación? La política exterior, el papel de España como potencia europea y en el contexto mundial, la política de seguridad deben ser parte de un acuerdo mínimo que es inexcusable, máximo en tiempos en el que las injerencias híbridas y los ataques desde las llamadas “zonas grises” son un riesgo cierto.
Pero, como siempre, seguiremos esperando el milagro del sentido común. Y España nos importa.
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