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Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de afiliación a la Seguridad Social publicadas por el Gobierno confirman un hito histórico: en abril de 2026, más de 10,4 millones de mujeres tenían empleo en España, lo que representa el 47,5% del total de personas ocupadas. Un logro que, sin embargo, exige ser leído con atención y también con honestidad, porque no es oro todo lo que brilla.
Cuando los números se desagregan por sexo y por clase de contratos, el panorama cambia. La brecha de género en el mercado laboral español no ha desaparecido: se ha desplazado. Ya no se concentra tanto en el acceso al empleo como en su calidad. Y esa distinción no es menor: significa que millones de mujeres trabajan, sí; pero en condiciones sistemáticamente peores que las de sus compañeros varones.
El reparto desigual de los buenos empleos
Los datos lo expresan con claridad. Solo el 39% de los contratos indefinidos a tiempo completo –los más estables, mejor remunerados y con mayor protección social– están ocupados por mujeres. En cambio, cuando se trata de contratos indefinidos a tiempo parcial, la proporción femenina sube al 68%. Y en los contratos temporales a tiempo parcial, la modalidad más precaria y vulnerable que existe, las mujeres representan el 62,5%.
No se trata de una coincidencia estadística. Es un patrón estructural: las mujeres se concentran en las formas de empleo que ofrecen menos horas, menos ingresos y menor cobertura efectiva por desempleo, enfermedad y cotización para pensiones. Mientras los empleos más sólidos siguen siendo mayoritariamente masculinos, los más frágiles tienen, de forma aplastante, rostro de mujer.
El mito de la elección libre
Uno de los argumentos más recurrentes para justificar esta distribución es que las mujeres, sencillamente, prefieren trabajar menos horas; pero la EPA desmonta ese relato. El 45% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no han encontrado un empleo a jornada completa. Un 24% ha reducido su jornada para atender el cuidado de hijos, hijas o personas dependientes, porque en España la corresponsabilidad sigue siendo una quimera. El caso es que, con datos en mano, solo una minoría de mujeres ha elegido libremente esa modalidad.
Cuando casi siete de cada diez mujeres en contratos a tiempo parcial están ahí por necesidad, forzadas por las circunstancias, o por falta de corresponsabilidad, hablar de preferencias personales equivale a falsear la realidad. Lo que los datos reflejan es una falta persistente de corresponsabilidad en los cuidados y un sistema de conciliación que sigue descansando, de forma desproporcionada, sobre los hombros de las mujeres.
La fantasía de la corresponsabilidad
En España, la corresponsabilidad sigue reflejando una brecha estructural profunda: mientras el 60% de las mujeres asume el cuidado diario de hijos menores de 12 años y otras personas dependientes, sólo el 30% de los hombres lo hace. La corresponsabilidad real todavía es tan minoritaria que solo el 20% de los hombres utiliza la prestación por nacimiento y cuidado del menor de 19 semanas de manera autónoma para extender el periodo de cuidados, mientras que el 80% restante mantiene el peso del trabajo sobre la madre o fracciona el permiso, en más del 50% de los casos, para hacerlo coincidir con periodos vacacionales, eventos de ocio o proyectos personales, evidenciando que este avance legal aún no se ha traducido en un cambio en el modelo de ejercer las responsabilidades familiares por parte de muchos hombres.
En el ámbito empresarial, aunque el 91% de las compañías declara aplicar medidas de conciliación, únicamente el 46% impulsa programas activos de corresponsabilidad que involucren equitativamente a los varones. Esta desigualdad tiene un impacto económico crítico, con un coste de oportunidad para el país estimado en 95.581 millones de euros anuales, lo que equivale al 6,4% del PIB. De no reducirse la brecha de género global en el mercado laboral, el coste total para la economía podría alcanzar el 17% del PIB de 2024, según datos del Ministerio de Economía.
Una desigualdad que tiene nombre jurídico
Esta situación no es solo un problema social: es una cuestión de derechos fundamentales. El artículo 14 de la Constitución Española prohíbe de manera expresa la discriminación por razón de sexo. El artículo 35 reconoce el derecho al trabajo en condiciones dignas. Y el artículo 9.2 impone a los poderes públicos la obligación activa de remover los obstáculos que impiden que la igualdad sea real y efectiva, no solo formal, no solo en el papel.
Desde una perspectiva de derechos, el Derecho del Trabajo no puede conformarse con registrar cifras de empleo crecientes. Su función es garantizar que ese empleo sea de calidad, accesible en igualdad de condiciones y libre de discriminación y exclusión estructural. Una legislación laboral que permite que la precariedad se distribuya sistemáticamente por razón de sexo no cumple ese mandato constitucional.
Un descenso del paro insuficiente
El desempleo femenino también ha mejorado: 1,4 millones de mujeres en paro suponen la cifra más baja desde 2008. Pero esa reducción debe contextualizarse, ya que sigue siendo muy superior a la masculina (932.000 hombres desempleados) y se ha producido principalmente en sectores altamente feminizados y estacionales como la hostelería y el comercio, donde la precariedad no es una excepción, sino la norma general.
La desigualdad reorganizada
El récord histórico de mujeres trabajando es una buena noticia. Pero no puede convertirse en un relato de victoria cuando la brecha persiste en la estabilidad contractual, en la doble jornada, en el salario y en la protección social. Lo que los datos de abril de 2026 revelan no es la reducción de la desigualdad en el empleo, sino su reorganización. Las mujeres trabajan más que nunca, dentro y fuera de casa; pero, en demasiados casos, siguen haciéndolo en peores condiciones que los hombres.
Mientras el trabajo parcial involuntario tenga mayoritariamente rostro de mujer, mientras los cuidados no se corresponsabilicen y mientras las políticas laborales no garanticen igualdad real y no solo estadística, el objetivo sigue sin cumplirse. El empleo femenino ha alcanzado un récord; pero la igualdad en el empleo todavía no. Y esto es algo en lo que debemos avanzar, insisto, las mujeres no podemos esperar a 2149 para lograr la igualdad en el empleo.
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de afiliación a la Seguridad Social publicadas por el Gobierno confirman un hito histórico: en abril de 2026, más de 10,4 millones de mujeres tenían empleo en España, lo que representa el 47,5% del total de personas ocupadas. Un logro que, sin embargo, exige ser leído con atención y también con honestidad, porque no es oro todo lo que brilla.
Cuando los números se desagregan por sexo y por clase de contratos, el panorama cambia. La brecha de género en el mercado laboral español no ha desaparecido: se ha desplazado. Ya no se concentra tanto en el acceso al empleo como en su calidad. Y esa distinción no es menor: significa que millones de mujeres trabajan, sí; pero en condiciones sistemáticamente peores que las de sus compañeros varones.
El reparto desigual de los buenos empleos
Los datos lo expresan con claridad. Solo el 39% de los contratos indefinidos a tiempo completo –los más estables, mejor remunerados y con mayor protección social– están ocupados por mujeres. En cambio, cuando se trata de contratos indefinidos a tiempo parcial, la proporción femenina sube al 68%. Y en los contratos temporales a tiempo parcial, la modalidad más precaria y vulnerable que existe, las mujeres representan el 62,5%.
No se trata de una coincidencia estadística. Es un patrón estructural: las mujeres se concentran en las formas de empleo que ofrecen menos horas, menos ingresos y menor cobertura efectiva por desempleo, enfermedad y cotización para pensiones. Mientras los empleos más sólidos siguen siendo mayoritariamente masculinos, los más frágiles tienen, de forma aplastante, rostro de mujer.
El mito de la elección libre
Uno de los argumentos más recurrentes para justificar esta distribución es que las mujeres, sencillamente, prefieren trabajar menos horas; pero la EPA desmonta ese relato. El 45% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no han encontrado un empleo a jornada completa. Un 24% ha reducido su jornada para atender el cuidado de hijos, hijas o personas dependientes, porque en España la corresponsabilidad sigue siendo una quimera. El caso es que, con datos en mano, solo una minoría de mujeres ha elegido libremente esa modalidad.
Cuando casi siete de cada diez mujeres en contratos a tiempo parcial están ahí por necesidad, forzadas por las circunstancias, o por falta de corresponsabilidad, hablar de preferencias personales equivale a falsear la realidad. Lo que los datos reflejan es una falta persistente de corresponsabilidad en los cuidados y un sistema de conciliación que sigue descansando, de forma desproporcionada, sobre los hombros de las mujeres.
La fantasía de la corresponsabilidad
En España, la corresponsabilidad sigue reflejando una brecha estructural profunda: mientras el 60% de las mujeres asume el cuidado diario de hijos menores de 12 años y otras personas dependientes, sólo el 30% de los hombres lo hace. La corresponsabilidad real todavía es tan minoritaria que solo el 20% de los hombres utiliza la prestación por nacimiento y cuidado del menor de 19 semanas de manera autónoma para extender el periodo de cuidados, mientras que el 80% restante mantiene el peso del trabajo sobre la madre o fracciona el permiso, en más del 50% de los casos, para hacerlo coincidir con periodos vacacionales, eventos de ocio o proyectos personales, evidenciando que este avance legal aún no se ha traducido en un cambio en el modelo de ejercer las responsabilidades familiares por parte de muchos hombres.
En el ámbito empresarial, aunque el 91% de las compañías declara aplicar medidas de conciliación, únicamente el 46% impulsa programas activos de corresponsabilidad que involucren equitativamente a los varones. Esta desigualdad tiene un impacto económico crítico, con un coste de oportunidad para el país estimado en 95.581 millones de euros anuales, lo que equivale al 6,4% del PIB. De no reducirse la brecha de género global en el mercado laboral, el coste total para la economía podría alcanzar el 17% del PIB de 2024, según datos del Ministerio de Economía.
Una desigualdad que tiene nombre jurídico
Esta situación no es solo un problema social: es una cuestión de derechos fundamentales. El artículo 14 de la Constitución Española prohíbe de manera expresa la discriminación por razón de sexo. El artículo 35 reconoce el derecho al trabajo en condiciones dignas. Y el artículo 9.2 impone a los poderes públicos la obligación activa de remover los obstáculos que impiden que la igualdad sea real y efectiva, no solo formal, no solo en el papel.
Desde una perspectiva de derechos, el Derecho del Trabajo no puede conformarse con registrar cifras de empleo crecientes. Su función es garantizar que ese empleo sea de calidad, accesible en igualdad de condiciones y libre de discriminación y exclusión estructural. Una legislación laboral que permite que la precariedad se distribuya sistemáticamente por razón de sexo no cumple ese mandato constitucional.
Un descenso del paro insuficiente
El desempleo femenino también ha mejorado: 1,4 millones de mujeres en paro suponen la cifra más baja desde 2008. Pero esa reducción debe contextualizarse, ya que sigue siendo muy superior a la masculina (932.000 hombres desempleados) y se ha producido principalmente en sectores altamente feminizados y estacionales como la hostelería y el comercio, donde la precariedad no es una excepción, sino la norma general.
La desigualdad reorganizada
El récord histórico de mujeres trabajando es una buena noticia. Pero no puede convertirse en un relato de victoria cuando la brecha persiste en la estabilidad contractual, en la doble jornada, en el salario y en la protección social. Lo que los datos de abril de 2026 revelan no es la reducción de la desigualdad en el empleo, sino su reorganización. Las mujeres trabajan más que nunca, dentro y fuera de casa; pero, en demasiados casos, siguen haciéndolo en peores condiciones que los hombres.
Mientras el trabajo parcial involuntario tenga mayoritariamente rostro de mujer, mientras los cuidados no se corresponsabilicen y mientras las políticas laborales no garanticen igualdad real y no solo estadística, el objetivo sigue sin cumplirse. El empleo femenino ha alcanzado un récord; pero la igualdad en el empleo todavía no. Y esto es algo en lo que debemos avanzar, insisto, las mujeres no podemos esperar a 2149 para lograr la igualdad en el empleo.
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