El Foro Económico Mundial (WEF) clausuró recientemente su 56ª reunión anual en Davos, Suiza, celebrando como logro una injusticia que debería avergonzar a los líderes mundiales y a toda la humanidad: faltan 123 años para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
Has leído bien: 123 años, es la distancia que nos separa a mujeres y hombres en el ejercicio de derechos, libertades y oportunidades, según el Informe Global de Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial. Lo verdaderamente ofensivo no es sólo la magnitud de esa brecha abismal; sino la naturalización, el cinismo con que instituciones globales presentan esta injusticia como motivo de celebración, pese al evidente deterioro jurídico de los derechos de las mujeres y niñas, el aumento de la violencia física, sexual y digital en nuestra contra y la aberrante situación que sufren millones de mujeres y niñas en países como Afganistán, Irán, Sudán, Yemen, Siria y muchos otros más.
El mismo organismo, que documenta que tardaremos hasta 2149 en lograr la igualdad, tiene la desfachatez machista de calificarlo como "buena noticia", argumentando que la proyección en 2024 era de 132 años. Como si acortar nueve años en una espera de un siglo y cuarto fuera algo más que un ajuste estadístico irrelevante para las vidas de millones de mujeres y niñas a lo largo y ancho del mundo.
No estamos hablando de esperar unos cuantos años de ajustes presupuestarios, ni de unas pocas legislaturas de voluntad política sostenida. Hablamos de seis generaciones completas de mujeres condenadas a esperar inermes poder ejercer el derecho humano fundamental a la igualdad, garantizado desde 1948 por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Derecho que las mujeres estamos reclamando desde la misma Ilustración, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, planteada por Olympe de Gouges en 1791, exigiendo igualdad ante la ley, a efectos de poder ejercer los derechos al voto y acceso a cargos públicos, a la educación, autonomía económica, la igualdad en el matrimonio y divorcio y libertad de pensamiento y expresión, entre otros.
Los números del estancamiento global en materia de derechos
El informe 2025 evalúa 148 economías en cuatro dimensiones críticas: participación económica y oportunidades, logros educativos, salud y supervivencia y empoderamiento político. A nivel global, apenas hemos cerrado el 68,8% de la brecha de género, un avance de míseros 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Desde 2006, cuando se lanzó el índice, el progreso acumulado es de apenas 4,8 puntos porcentuales. A este ritmo de caracol, la igualdad económica tardaría 135 años y la política, 162 años.
Detrás de estas cifras se oculta una realidad aún más cruda: ningún país del mundo ha alcanzado la paridad plena. Islandia, que lidera el ranking por decimosexto año consecutivo, ha cerrado el 92,6% de su brecha, siendo el único país que supera el 90%. Los países nórdicos dominan sistemáticamente las primeras posiciones, pero incluso ellos están lejos de la meta. El resto del mundo presenta panoramas que oscilan entre el estancamiento y el franco retroceso.
Las brechas más persistentes se concentran en dos áreas: el acceso al poder político (con solo el 22,1%) y la participación económica (59,8%). Mientras que en educación y salud los avances son del 95,2% y 96% respectivamente, en los espacios donde se ejerce el poder real, donde se toman las decisiones que afectan a toda la sociedad, las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda clase.
Especialmente revelador es el dato sobre liderazgo económico: las mujeres representan el 41,2% de la fuerza laboral global, pero ocupan apenas el 28,8% de los puestos de alta dirección. Y cuando llegamos a los ministerios que diseñan estrategia económica, defensa e infraestructura, las carteras que verdaderamente concentran poder, la subrepresentación femenina es abrumadora. Ahora que en España salimos del top 10, debemos hacer un análisis particular, que abordaremos próximamente.
La trampa de la relativización de la verdad
El lenguaje importa, y cuando instituciones globales describen como "progreso" una proyección de 123 años para alcanzar derechos humanos básicos, no solo distorsionan la realidad: la perpetúan. Llamar "paridad" a una separación de derechos de más de un siglo entre mujeres y hombres constituye un ejercicio de manipulación semántica que normaliza lo intolerable.
Este marco narrativo no es inocente. Permite a gobiernos y corporaciones presentar mejoras marginales y relativas como triunfos históricos, desviando la atención del fracaso estructural. El problema no es técnico ni administrativo. Es político en el sentido más profundo del término. Mientras el 82% de los economistas jefe consideren que la incertidumbre económica global es muy alta, nivelar el campo de juego acelerando la acción hacia la paridad de género podría ser una fuerza estabilizadora positiva. Sin embargo, quienes concentran el poder político, económico, social y simbólico, abrumadoramente hombres, tienen incentivos claros para mantener el statu quo que protege sus privilegios, se conformarán con presentarnos su campaña de marketing feminista.
El coste de la injusticia
La desigualdad entre mujeres y hombres no es una cuestión de justicia social abstracta. Tiene consecuencias económicas medibles y devastadoras para la inmensa mayoría de la población mundial. La infrautilización sistemática del talento femenino, la pérdida de productividad asociada a la discriminación laboral y la explotación, el freno a la innovación que supone excluir a las mujeres de los espacios de decisión, tiene un precio que pagamos colectivamente y que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.
Ninguna democracia que niegue o limite derechos fundamentales a más de la mitad de su población puede considerarse genuinamente democrática. No puede haber paz duradera sobre cimientos de exclusión sistemática, ni justicia real cuando las estructuras de poder están diseñadas para preservar privilegios por razón de sexo.
¡Exigimos igualdad ya!
Las mujeres del mundo no podemos, ni debemos, aceptar que nuestros derechos fundamentales queden postergados hasta la mitad del siglo XXII. Esta demora no es inevitable ni accidental. Es el resultado deliberado de decisiones políticas concretas: presupuestos que no priorizan la igualdad, legislaciones sin mecanismos efectivos de cumplimiento, estructuras institucionales que reproducen sesgos históricos, sistemas educativos que perpetúan roles y estereotipos, y todo un entramado que fomenta, tolera y perpetúa la violencia contra las mujeres y niñas en todas sus formas.
Cuando las instituciones globales llaman "buena noticia" a que falten 123 años para la justicia, no están midiendo el progreso. Están midiendo nuestra capacidad de indignación, apostando a nuestro cansancio, contando con nuestra resignación; pero se equivocan, el siglo XXI es nuestro y exigimos igualdad ¡ya!