Ayer desahuciaron a Mari Carmen. Tiene 87 años y llevaba más de siete décadas viviendo en la misma casa. Su historia debería servirnos para algo más que para conmovernos durante unos días o enfrentarnos en redes sociales. Debería obligarnos a preguntarnos qué lugar ocupa hoy el derecho a la vivienda y hasta dónde estamos dispuestos a dejar llegar la lógica del mercado.

Ante casos como este aparece rápidamente un argumento aparentemente definitivo: “La ley lo permite”. Y sí, las leyes están para cumplirlas. Pero también pueden y deben cambiarse cuando dejan de responder adecuadamente a las necesidades de la sociedad.

Una ley puede explicar por qué se produce un desahucio. Lo que no puede impedirnos es preguntarnos por qué hemos llegado hasta aquí. El artículo 47 de nuestra Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Además, habla expresamente de impedir la especulación.

La Constitución reconoce también el derecho a la propiedad privada, pero establece que su función social delimita su contenido. No estamos, por tanto, ante derechos necesariamente incompatibles, sino ante la necesidad de encontrar un equilibrio entre propiedad y derecho a la vivienda. Y aquí está, a mi juicio, el verdadero problema.

Durante décadas hemos aceptado que la vivienda deje de ser fundamentalmente un hogar para convertirse en un activo económico: una inversión, una fuente de rentabilidad, un producto con el que ganar dinero. Comprar para vender más caro. Comprar para alquilar. Destinar viviendas al alquiler turístico. Esperar a que aumente su valor. Todo ello forma parte de un mercado que hemos terminado aceptando como algo inevitable.

Y cuando alguien cuestiona esta realidad aparece la respuesta: “Es el mercado”. Pero ¿qué estamos diciendo realmente?

En el caso de Mari Carmen se argumenta que durante décadas pagó un alquiler de alrededor de 500 euros mientras actualmente viviendas de la zona pueden alcanzar rentas de 2.500 o 2.600 euros. La pregunta es sencilla: ¿la vivienda se ha hecho cinco veces más grande, tiene cinco veces más habitaciones o vale cinco veces más porque sus prestaciones hayan mejorado en esa proporción? No. Fundamentalmente ha cambiado su valor dentro del mercado inmobiliario.

Entonces, ¿de verdad una vivienda tiene un valor social de 2.600 euros mensuales o hemos construido un mercado capaz de convertir una necesidad básica en una extraordinaria fuente de rentabilidad? No se trata de negar el derecho de propiedad ni de convertir a todo propietario en especulador. No es lo mismo tener una vivienda que hacer negocio con la vivienda.

No podemos colocar en el mismo plano a una familia que hereda una segunda vivienda y a grandes sociedades de inversión, fondos o empresas cuyo modelo de negocio consiste en adquirir activos inmobiliarios para obtener rentabilidad.

La vivienda tiene, además, una característica que la diferencia de muchas otras mercancías: todos necesitamos una. Y aquí aparece una cuestión todavía más profunda.

Si aceptamos que todo aquello que puede generar dinero debe someterse prioritariamente a la lógica del beneficio, ¿dónde ponemos el límite? Si la vivienda puede ser exclusivamente un negocio porque alguien puede obtener una rentabilidad con ella, ¿por qué no debería ocurrir lo mismo con la educación? ¿Y con la sanidad? ¿Y con los cuidados, la dependencia o cualquier otra necesidad fundamental?

Porque si todo puede convertirse en mercancía, todo puede terminar teniendo un precio. Y si todo tiene un precio, los derechos dejan de ser derechos para convertirse en privilegios de quienes pueden pagarlos. Una sociedad democrática necesita economía, empresas, inversión y propiedad privada. Pero la economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía. El mercado puede ser una herramienta; no puede convertirse en la medida de todos nuestros derechos.

Por eso, no creo que el debate deba reducirse a determinar si Mari Carmen tomó las decisiones correctas hace treinta años. Podemos hablar de contratos, subrogaciones, sentencias y derechos de los propietarios. Pero hay una pregunta que debería seguir presente:

¿Qué clase de sociedad queremos construir si una mujer de 87 años puede acabar fuera de la vivienda en la que ha vivido durante más de siete décadas y nuestra única respuesta es que la ley lo permite?

Si las leyes no protegen adecuadamente determinadas situaciones de vulnerabilidad, habrá que cambiarlas. Si el mercado no garantiza el acceso a una vivienda digna, habrá que regularlo. Y si nuestros jóvenes no pueden emanciparse porque el precio de la vivienda absorbe una parte insoportable de sus ingresos, habrá que actuar.

Porque el problema no es individual. Es estructural. Hemos llegado a asumir como normal que una vivienda sea antes una inversión que un hogar; que emanciparse dependa muchas veces de la capacidad económica de los padres; que el alquiler pueda llevarse una parte desproporcionada de los ingresos; y que, cuando alguien no puede asumir los precios, la respuesta sea sencillamente: “Que se vaya a otro sitio”.

Mari Carmen no es el problema. El problema es un modelo que ha permitido que la vivienda se convierta en una fuente de acumulación de riqueza mientras millones de personas tienen dificultades para acceder a ella.

Podemos defender la propiedad privada y, al mismo tiempo, defender la función social de la vivienda. Podemos reconocer los derechos de los propietarios y proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Podemos aceptar la existencia del mercado sin aceptar que sea el mercado quien decida por sí solo quién puede vivir dignamente.

Porque una vivienda no es solamente aquello que alguien posee. Es aquello que otra persona necesita para vivir.

Y esa debería ser la pregunta que nos deja el caso de Mari Carmen: ¿Queremos que la vivienda sea fundamentalmente un negocio o queremos que vuelva a ser, ante todo, un hogar? Yo creo que la respuesta debería ser sencilla.

Las viviendas están para que la gente pueda vivir en ellas. Y cuando una sociedad olvida eso, el problema ya no es solamente el precio de una casa. El problema es que estamos poniendo precio a algo que debería ser un derecho.