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Unas 300 personas han respondido este miércoles a la convocatoria urgente del Sindicato de Inquilinas de Cádiz frente a la Subdelegación del Gobierno, en una concentración celebrada después del desahucio de Maricarmen en Madrid. La movilización, convocada a las 19.00 horas, buscaba denunciar el lanzamiento ejecutado esa misma mañana en la capital, que el sindicato califica de especialmente violento por la actuación policial. En apenas unas horas, cientos de personas se sumaron a la llamada, en una protesta que también puso el foco en la situación de varias vecinas de Cádiz que, según la organización, se encuentran en riesgo de perder sus viviendas.
Durante el acto, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz señaló directamente al Ministerio de Vivienda, al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida como las administraciones responsables de que Maricarmen haya perdido su casa. La organización sostiene que ninguna de ellas puede argumentar que carecía de competencias o margen de actuación, ya que, según denunció, todas optaron por no intervenir mientras la vecina era expulsada de su vivienda. El caso de Madrid se convirtió así en el eje de una protesta que también quiso trasladar el conflicto por la vivienda hasta Cádiz.
Las portavoces del Sindicato también rechazaron durante la concentración el discurso que, según denunciaron, enfrenta a quienes tienen menos recursos entre sí. En este sentido, defendieron que los responsables de la situación son "los especuladores, los fondos y los rentistas, no las personas migrantes". Como ejemplo, señalaron que mientras la policía sacaba a Maricarmen de su domicilio, rentistas internacionales se encontraban reunidos en una feria inmobiliaria de Madrid para continuar haciendo negocio con las viviendas. "Mientras a unas nos echan, otros brindan", señalaron durante el acto.
La protesta estuvo acompañada de cánticos y saltos, mientras las asistentes expresaban su apoyo a Maricarmen y su rechazo al capitalismo inmobiliario, a los gobiernos que consideran cómplices y a la violencia policial empleada durante el desahucio. "Hoy han desahuciado a Maricarmen, pero mañana puede ser cualquiera de nosotras, y aquí en Cádiz ya tenemos nombres y apellidos", señaló una portavoz del Sindicato. "No vamos a mirar hacia otro lado ni a esperar a que las instituciones hagan lo que no han hecho nunca, sino que vamos a organizarnos para pararlo". La organización aseguró que durante la concentración se hizo patente la rabia por lo ocurrido y la voluntad de organizarse para evitar nuevos desahucios.
Fani y Sonia, dos nombres en Cádiz
El Sindicato recordó además que Fani y Sonia, vecinas de Cádiz, están en riesgo de ser desahuciadas por la Junta de Andalucía, administración a la que la organización atribuye la obligación de garantizar su derecho a la vivienda. Ante esta situación, hizo un llamamiento para acompañarlas en los juicios que tendrán que afrontar y animó a participar en la Asamblea Extraordinaria que celebrará la próxima semana en las Bóvedas de San Germán. El encuentro servirá, según el Sindicato, para organizar la lucha por la vivienda en la ciudad.
La movilización de Cádiz se enmarca, además, en una jornada de protestas que se extendió por múltiples ciudades del Estado este 23 de septiembre. Los Sindicatos de Inquilinas convocaron concentraciones a las que acudieron desde cientos hasta miles de personas, en una respuesta que la organización vincula con el hartazgo ante la situación de la vivienda y la impunidad del rentismo. El Sindicato de Inquilinas de Cádiz cerró su protesta con un mensaje que resume sus reivindicaciones: "Ni una Maricarmen más. La vivienda para vivir, no para especular".
El Gobierno prepara un decreto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta aprobar de forma "urgente" un nuevo decreto ley de vivienda con medidas antidesahucio tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo de alquiler. Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, ha evitado fijar una fecha, aunque ha asegurado que "no descarta nada" y que el Ejecutivo actuará "de manera urgente cuando sea necesario". Sánchez ha reclamado "responsabilidad" a los grupos parlamentarios, cuyo apoyo será necesario para convalidar el decreto, y ha señalado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital por haber hecho "caso omiso" de una "tragedia social" que, a su juicio, deberían haber evitado.
El Gobierno lleva negociando desde antes del verano para reunir los apoyos necesarios para aprobar una norma que incluiría medidas antidesahucio y la prórroga de contratos de alquiler. Según fuentes gubernamentales, los principales escollos están en Podemos y Junts. Sánchez ha recordado que, si el Parlamento hubiera convalidado el anterior decreto, "Maricarmen no hubiera sido desalojada". "Esa es la realidad", ha afirmado. Además, ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a modificar y reforzar la legislación para proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios. "Si estamos en política es para que estas tragedias no sucedan", ha defendido, situando la cuestión en la "lucha contra la injusticia social" y no en el "color político".
Unas 300 personas han respondido este miércoles a la convocatoria urgente del Sindicato de Inquilinas de Cádiz frente a la Subdelegación del Gobierno, en una concentración celebrada después del desahucio de Maricarmen en Madrid. La movilización, convocada a las 19.00 horas, buscaba denunciar el lanzamiento ejecutado esa misma mañana en la capital, que el sindicato califica de especialmente violento por la actuación policial. En apenas unas horas, cientos de personas se sumaron a la llamada, en una protesta que también puso el foco en la situación de varias vecinas de Cádiz que, según la organización, se encuentran en riesgo de perder sus viviendas.
Durante el acto, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz señaló directamente al Ministerio de Vivienda, al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida como las administraciones responsables de que Maricarmen haya perdido su casa. La organización sostiene que ninguna de ellas puede argumentar que carecía de competencias o margen de actuación, ya que, según denunció, todas optaron por no intervenir mientras la vecina era expulsada de su vivienda. El caso de Madrid se convirtió así en el eje de una protesta que también quiso trasladar el conflicto por la vivienda hasta Cádiz.
Las portavoces del Sindicato también rechazaron durante la concentración el discurso que, según denunciaron, enfrenta a quienes tienen menos recursos entre sí. En este sentido, defendieron que los responsables de la situación son "los especuladores, los fondos y los rentistas, no las personas migrantes". Como ejemplo, señalaron que mientras la policía sacaba a Maricarmen de su domicilio, rentistas internacionales se encontraban reunidos en una feria inmobiliaria de Madrid para continuar haciendo negocio con las viviendas. "Mientras a unas nos echan, otros brindan", señalaron durante el acto.
La protesta estuvo acompañada de cánticos y saltos, mientras las asistentes expresaban su apoyo a Maricarmen y su rechazo al capitalismo inmobiliario, a los gobiernos que consideran cómplices y a la violencia policial empleada durante el desahucio. "Hoy han desahuciado a Maricarmen, pero mañana puede ser cualquiera de nosotras, y aquí en Cádiz ya tenemos nombres y apellidos", señaló una portavoz del Sindicato. "No vamos a mirar hacia otro lado ni a esperar a que las instituciones hagan lo que no han hecho nunca, sino que vamos a organizarnos para pararlo". La organización aseguró que durante la concentración se hizo patente la rabia por lo ocurrido y la voluntad de organizarse para evitar nuevos desahucios.
Fani y Sonia, dos nombres en Cádiz
El Sindicato recordó además que Fani y Sonia, vecinas de Cádiz, están en riesgo de ser desahuciadas por la Junta de Andalucía, administración a la que la organización atribuye la obligación de garantizar su derecho a la vivienda. Ante esta situación, hizo un llamamiento para acompañarlas en los juicios que tendrán que afrontar y animó a participar en la Asamblea Extraordinaria que celebrará la próxima semana en las Bóvedas de San Germán. El encuentro servirá, según el Sindicato, para organizar la lucha por la vivienda en la ciudad.
La movilización de Cádiz se enmarca, además, en una jornada de protestas que se extendió por múltiples ciudades del Estado este 23 de septiembre. Los Sindicatos de Inquilinas convocaron concentraciones a las que acudieron desde cientos hasta miles de personas, en una respuesta que la organización vincula con el hartazgo ante la situación de la vivienda y la impunidad del rentismo. El Sindicato de Inquilinas de Cádiz cerró su protesta con un mensaje que resume sus reivindicaciones: "Ni una Maricarmen más. La vivienda para vivir, no para especular".
El Gobierno prepara un decreto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta aprobar de forma "urgente" un nuevo decreto ley de vivienda con medidas antidesahucio tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo de alquiler. Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, ha evitado fijar una fecha, aunque ha asegurado que "no descarta nada" y que el Ejecutivo actuará "de manera urgente cuando sea necesario". Sánchez ha reclamado "responsabilidad" a los grupos parlamentarios, cuyo apoyo será necesario para convalidar el decreto, y ha señalado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital por haber hecho "caso omiso" de una "tragedia social" que, a su juicio, deberían haber evitado.
El Gobierno lleva negociando desde antes del verano para reunir los apoyos necesarios para aprobar una norma que incluiría medidas antidesahucio y la prórroga de contratos de alquiler. Según fuentes gubernamentales, los principales escollos están en Podemos y Junts. Sánchez ha recordado que, si el Parlamento hubiera convalidado el anterior decreto, "Maricarmen no hubiera sido desalojada". "Esa es la realidad", ha afirmado. Además, ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a modificar y reforzar la legislación para proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios. "Si estamos en política es para que estas tragedias no sucedan", ha defendido, situando la cuestión en la "lucha contra la injusticia social" y no en el "color político".
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