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Quizás ya nos hemos cansado de tener que aguantar las novedosas ocurrencias de unos políticos desarraigados de la sociedad, pero que aprovechan las crisis que ellos mismos propiciaron y alimentaron para que, con un 'abracadabra', quieran impresionar con sus trucos falsos de magia que, cada vez más, se parecen a esa nigromancia o magia centrada en una sociedad moribunda en ilusiones. Y es el caso de las políticas de vivienda.
Unos exprimieron el ladrillo con sus brotes verdes; otros vendieron los ladrillos que la intemperie se comía… y cuando las cosas comenzaron a normalizarse (ya no sé si a recuperarse), empezaron los 'abracadabras'. Muchos, siempre demasiados, de los que tenían responsabilidad en las políticas desarrolladas por las Cajas de Ahorros de la época y en la financiación de toda clase de productos y servicios, se quitaron de en medio. Y otros, la ciudadanía en general, tuvimos que absorber esos déficits financieros a través de fondos para recuperar entidades que se vendieron por nada para quedarnos con lo peor de los ladrillos, que se traspasaron a fondos buitre o se regalaron a otros bancos para compensar la transacción, engordarlos y «salvarlos». Y me llama la atención que, entre los que tomaron esas decisiones, por acción u omisión, estaban muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras porque no hay viviendas y saben las causas, pero han estado en silencio.
Los partidos de los últimos gobiernos sacan pecho con las políticas en materia de vivienda: (2018) El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, (2019) la Reforma de los Alquileres, (2020) el Escudo de Vivienda, (2021) la Rehabilitación y fondos europeos, (2022) el Bono Alquiler Joven y Plan Estatal 2022-2025, (2023) Ley por el Derecho a la Vivienda, (2024) Avales para la compra y promoción, (2025) absolutamente en blanco hasta en la demagogia, (2026) un brindis al sol cuando han comenzado las lluvias.
Leyes que no sobrevivieron, otras que no sirvieron y la mayoría que no transformaron una realidad marcada por una inestabilidad de ingresos de ciudadanos particulares, la cual ha reflejado una desigualdad social persistente e imposibilita el desarrollo de proyectos vitales. Y esto se refleja en las caídas ante las crisis que han sobrevenido en estos últimos años, donde, pese al crecimiento, la inestabilidad de ingresos impide la proyección vital de millones de hogares y refleja una realidad: España emerge como un caso extremo de fragilidad económica en Europa, con una vulnerabilidad desproporcionada ante las crisis que exige reformas estructurales urgentes.
Frente a la realidad de un Gobierno y sus propuestas, encontramos una oposición que, en el mismo periodo, ha deseado restaurar un equilibrio entre arrendadores e inquilinos, proteger la propiedad privada y fomentar que miles de viviendas vuelvan al mercado, sin criminalizar al pequeño propietario ni al sector inmobiliario. Medidas que, opinan, permitirían la recuperación de viviendas 'okupadas', dando seguridad jurídica a propietarios y propiciando rebajas fiscales y medidas que faciliten la construcción de viviendas… Otros brindis al sol, por distintas causas.
Pero tenemos que ser muy conscientes de que los salarios bajos, la temporalidad laboral y una inflación desbocada y agravada por el precio de la vivienda y los suministros conforman la vida de millones de personas, sus alegrías e ilusiones y el poder vivir una vida prometida, plena de dignidad, que por derecho natural se debe posibilitar y que los 'fantasmas partitocráticos' nos prometen.
Y es el caso de la vivienda, acuciante en estos últimos años y no fruto de la desesperación de los últimos meses, que ha estallado con un desgraciado desahucio 'solucionado', pero con suicidios en otros casos no mediáticos. Así, el modelo inmobiliario español —especulativo y que privilegia la inversión sobre el uso social de la vivienda, alimentando booms constructivos mientras amplias capas sociales quedan excluidas— ha seguido campando a sus anchas. De este modo, a pesar del número de viviendas construidas en las últimas tres décadas, este país mantiene un parque inmobiliario infrautilizado para el uso ordinario, situándose a la cabeza europea en viviendas vacías y secundarias, pero a la cola en viviendas principales destinadas a hogar.
Y esto es una muestra de lo que ha ocurrido en España. Hay causas claro de ello, ya que casi la mitad de la población trabajadora carece de la estabilidad básica necesaria para planificar su futuro, acceder a una vivienda digna o formar una familia en condiciones adecuadas, configurando nuevas formas de vulnerabilidad social estructural que trascienden la mera coyuntura económica. El profundo proceso de desindustrialización y la terciarización económica hacia los servicios han generado una creciente polarización ocupacional entre los extremos de cualificación, que además encuentra una paradoja en la falta de obreros para ocupar esos puestos de trabajo.
La vivienda es hoy el epicentro de la desigualdad en España en general y en Andalucía en particular. Es la dimensión de la exclusión más extendida y afecta a casi una de cada cuatro personas que presenta algún rasgo de exclusión residencial.
Los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, se han disparado muy por encima de los ingresos. Entre 2018 y 2024, el precio de compra de una vivienda aumentó un 65%, una evolución completamente desconectada de los salarios. El resultado es claro: acceder a una vivienda —y poder mantenerla— se ha convertido en una de las principales fuentes de inseguridad vital para miles de hogares.
En el alquiler, la presión es especialmente dura. Aunque solo una minoría de la población vive de alquiler (15 %), este grupo concentra una vulnerabilidad muy elevada: el 43 % de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.
El resultado de esta escalada de precios es un sobreesfuerzo residencial que empuja a más de 400 000 hogares por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados la vivienda y los suministros.
Las consecuencias ya son estructurales. Medio millón de personas viven en viviendas inseguras y más de 1,2 millones en viviendas inadecuadas, con problemas de hacinamiento, habitabilidad o insalubridad. Hablar hoy en día de vivienda es hablar de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias que destinan más de la mitad de su sueldo a pagar un alquiler y que viven con el miedo constante a una subida o a una no renovación. La vivienda ha dejado de ser hogar, calor y protección para ser un factor de estrés, de inseguridad y, sobre todo, de bloqueo vital.
Tenemos trabajo por delante y no podemos dejarnos impresionar con propuestas sacadas en medio de una realidad muy marcada por conflictos, tensiones entre partidos, ideales especulativos en general, elecciones decisivas e inestabilidad de todo tipo.
Una política general, para que sea efectiva, necesita sosiego, visión a largo plazo, intereses comprometidos y transparentes y un marco win-win donde todos cedan para que los ciudadanos ganemos.
Quizás ya nos hemos cansado de tener que aguantar las novedosas ocurrencias de unos políticos desarraigados de la sociedad, pero que aprovechan las crisis que ellos mismos propiciaron y alimentaron para que, con un 'abracadabra', quieran impresionar con sus trucos falsos de magia que, cada vez más, se parecen a esa nigromancia o magia centrada en una sociedad moribunda en ilusiones. Y es el caso de las políticas de vivienda.
Unos exprimieron el ladrillo con sus brotes verdes; otros vendieron los ladrillos que la intemperie se comía… y cuando las cosas comenzaron a normalizarse (ya no sé si a recuperarse), empezaron los 'abracadabras'. Muchos, siempre demasiados, de los que tenían responsabilidad en las políticas desarrolladas por las Cajas de Ahorros de la época y en la financiación de toda clase de productos y servicios, se quitaron de en medio. Y otros, la ciudadanía en general, tuvimos que absorber esos déficits financieros a través de fondos para recuperar entidades que se vendieron por nada para quedarnos con lo peor de los ladrillos, que se traspasaron a fondos buitre o se regalaron a otros bancos para compensar la transacción, engordarlos y «salvarlos». Y me llama la atención que, entre los que tomaron esas decisiones, por acción u omisión, estaban muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras porque no hay viviendas y saben las causas, pero han estado en silencio.
Los partidos de los últimos gobiernos sacan pecho con las políticas en materia de vivienda: (2018) El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, (2019) la Reforma de los Alquileres, (2020) el Escudo de Vivienda, (2021) la Rehabilitación y fondos europeos, (2022) el Bono Alquiler Joven y Plan Estatal 2022-2025, (2023) Ley por el Derecho a la Vivienda, (2024) Avales para la compra y promoción, (2025) absolutamente en blanco hasta en la demagogia, (2026) un brindis al sol cuando han comenzado las lluvias.
Leyes que no sobrevivieron, otras que no sirvieron y la mayoría que no transformaron una realidad marcada por una inestabilidad de ingresos de ciudadanos particulares, la cual ha reflejado una desigualdad social persistente e imposibilita el desarrollo de proyectos vitales. Y esto se refleja en las caídas ante las crisis que han sobrevenido en estos últimos años, donde, pese al crecimiento, la inestabilidad de ingresos impide la proyección vital de millones de hogares y refleja una realidad: España emerge como un caso extremo de fragilidad económica en Europa, con una vulnerabilidad desproporcionada ante las crisis que exige reformas estructurales urgentes.
Frente a la realidad de un Gobierno y sus propuestas, encontramos una oposición que, en el mismo periodo, ha deseado restaurar un equilibrio entre arrendadores e inquilinos, proteger la propiedad privada y fomentar que miles de viviendas vuelvan al mercado, sin criminalizar al pequeño propietario ni al sector inmobiliario. Medidas que, opinan, permitirían la recuperación de viviendas 'okupadas', dando seguridad jurídica a propietarios y propiciando rebajas fiscales y medidas que faciliten la construcción de viviendas… Otros brindis al sol, por distintas causas.
Pero tenemos que ser muy conscientes de que los salarios bajos, la temporalidad laboral y una inflación desbocada y agravada por el precio de la vivienda y los suministros conforman la vida de millones de personas, sus alegrías e ilusiones y el poder vivir una vida prometida, plena de dignidad, que por derecho natural se debe posibilitar y que los 'fantasmas partitocráticos' nos prometen.
Y es el caso de la vivienda, acuciante en estos últimos años y no fruto de la desesperación de los últimos meses, que ha estallado con un desgraciado desahucio 'solucionado', pero con suicidios en otros casos no mediáticos. Así, el modelo inmobiliario español —especulativo y que privilegia la inversión sobre el uso social de la vivienda, alimentando booms constructivos mientras amplias capas sociales quedan excluidas— ha seguido campando a sus anchas. De este modo, a pesar del número de viviendas construidas en las últimas tres décadas, este país mantiene un parque inmobiliario infrautilizado para el uso ordinario, situándose a la cabeza europea en viviendas vacías y secundarias, pero a la cola en viviendas principales destinadas a hogar.
Y esto es una muestra de lo que ha ocurrido en España. Hay causas claro de ello, ya que casi la mitad de la población trabajadora carece de la estabilidad básica necesaria para planificar su futuro, acceder a una vivienda digna o formar una familia en condiciones adecuadas, configurando nuevas formas de vulnerabilidad social estructural que trascienden la mera coyuntura económica. El profundo proceso de desindustrialización y la terciarización económica hacia los servicios han generado una creciente polarización ocupacional entre los extremos de cualificación, que además encuentra una paradoja en la falta de obreros para ocupar esos puestos de trabajo.
La vivienda es hoy el epicentro de la desigualdad en España en general y en Andalucía en particular. Es la dimensión de la exclusión más extendida y afecta a casi una de cada cuatro personas que presenta algún rasgo de exclusión residencial.
Los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, se han disparado muy por encima de los ingresos. Entre 2018 y 2024, el precio de compra de una vivienda aumentó un 65%, una evolución completamente desconectada de los salarios. El resultado es claro: acceder a una vivienda —y poder mantenerla— se ha convertido en una de las principales fuentes de inseguridad vital para miles de hogares.
En el alquiler, la presión es especialmente dura. Aunque solo una minoría de la población vive de alquiler (15 %), este grupo concentra una vulnerabilidad muy elevada: el 43 % de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.
El resultado de esta escalada de precios es un sobreesfuerzo residencial que empuja a más de 400 000 hogares por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados la vivienda y los suministros.
Las consecuencias ya son estructurales. Medio millón de personas viven en viviendas inseguras y más de 1,2 millones en viviendas inadecuadas, con problemas de hacinamiento, habitabilidad o insalubridad. Hablar hoy en día de vivienda es hablar de jóvenes que no pueden emanciparse, de familias que destinan más de la mitad de su sueldo a pagar un alquiler y que viven con el miedo constante a una subida o a una no renovación. La vivienda ha dejado de ser hogar, calor y protección para ser un factor de estrés, de inseguridad y, sobre todo, de bloqueo vital.
Tenemos trabajo por delante y no podemos dejarnos impresionar con propuestas sacadas en medio de una realidad muy marcada por conflictos, tensiones entre partidos, ideales especulativos en general, elecciones decisivas e inestabilidad de todo tipo.
Una política general, para que sea efectiva, necesita sosiego, visión a largo plazo, intereses comprometidos y transparentes y un marco win-win donde todos cedan para que los ciudadanos ganemos.
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