Durante décadas se nos ha repetido una idea que parecía incuestionable: si se bajan los impuestos a quienes más tienen, invertirán más, crearán empleo, aumentará la riqueza y, finalmente, esa prosperidad llegará al conjunto de la sociedad. Era la conocida teoría del “goteo” (trickle-down economics), popularizada en los años de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Sin embargo, la evidencia acumulada durante medio siglo cuenta una historia muy distinta. Un análisis de las reformas fiscales en 18 países de la OCDE entre 1965 y 2015 concluye que las rebajas fiscales dirigidas al 1 % más rico no aumentan el crecimiento económico, no reducen el desempleo y no generan beneficios apreciables para el conjunto de la población. Su principal efecto es otro: incrementar la renta de quienes ya eran más ricos —alrededor de un 0,8 % en cinco años— y aumentar la desigualdad.

Cuando disminuyen los impuestos también disminuyen los recursos

El debate suele centrarse en quién paga más o menos impuestos, pero rara vez se habla de la otra cara de la moneda: qué ocurre con los servicios públicos cuando disminuyen los ingresos del Estado. Porque los impuestos financian aquello que compartimos: la sanidad, la educación, la dependencia, la investigación, la salud pública, las prestaciones sociales o la protección frente a las emergencias.

Si la recaudación disminuye de forma sostenida como pasa en Andalucía con Moreno Bonilla y no se compensa con otras fuentes de ingresos, aparecen consecuencias que conocemos demasiado bien: listas de espera más largas, menos profesionales sanitarios, sin infraestructuras, que envejecen, dificultades para incorporar nuevas tecnologías, menor inversión en prevención y salud pública, mayor deterioro de la atención primaria...

No es casualidad que muchos sistemas sanitarios sufran tensiones financieras mientras se siguen defendiendo políticas fiscales que reducen su capacidad de financiación.

La desigualdad también enferma

Existe además otro aspecto menos visible. La desigualdad no solo afecta a la economía; afecta directamente a la salud. Las sociedades más desiguales presentan peores indicadores de salud física y mental, mayor mortalidad prematura, más enfermedades crónicas, peor bienestar psicológico y mayores diferencias en esperanza de vida entre grupos sociales. La evidencia científica lleva años mostrando que las desigualdades sociales terminan traduciéndose en desigualdades en salud.

En otras palabras, cuando aumentan las diferencias económicas también aumentan las diferencias en las oportunidades de vivir una vida larga y saludable.

La sanidad pública no es un gasto: es una inversión

Con frecuencia se presenta el gasto sanitario como un coste que conviene contener.

Pero una sanidad fuerte mejora la productividad, reduce las incapacidades laborales, favorece el desarrollo económico y aumenta la cohesión social.

Invertir en atención primaria, prevención, vacunación, salud mental o vigilancia epidemiológica genera beneficios económicos muy superiores a su coste inicial. Lo comprobamos durante la pandemia y lo seguimos comprobando con el envejecimiento de la población. Recortar ingresos públicos puede parecer una decisión fiscal; en realidad también es una decisión sanitaria.

El verdadero debate

Esto no significa que todos los impuestos deban subir ni que cualquier incremento fiscal sea automáticamente positivo. La calidad del gasto público importa tanto como su volumen, y los sistemas tributarios deben ser eficientes, progresivos y transparentes. Pero sí obliga a cuestionar un argumento repetido durante décadas: que bajar impuestos a los más ricos acaba beneficiando a todos.

La mejor evidencia disponible dice justamente lo contrario. Después de cincuenta años de experiencia internacional, el supuesto “goteo” no ha llegado. Lo que sí ha aumentado es la concentración de la riqueza, mientras muchos servicios públicos han visto limitada su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Y cuando hablamos de sanidad, eso no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de salud pública.