Hay una pregunta que rara vez nos hacemos: ¿qué tienen en común un prostíbulo, una red de trata, un vientre explotado para gestar un hijo ajeno, una mujer migrante atrapada en un piso por una deuda imposible o una trabajadora condenada a realizar cuidados en condiciones de precariedad?

A simple vista, nada. La sociedad nos ha acostumbrado a contemplar cada una de estas realidades como problemas independientes, con nombres distintos, leyes distintas y debates distintos.

Sin embargo, todas forman parte de una misma estructura. Cambia el producto. Nunca cambia la mercancía.

Vivimos en una sociedad que ha aprendido a poner precio al cuerpo de las mujeres. Algunas veces compra su sexualidad. Otras, su capacidad reproductiva. Otras, su fuerza de trabajo en los cuidados. El mercado se adapta a las necesidades de cada momento, pero siempre encuentra el mismo territorio del que obtener beneficio: el cuerpo femenino.

Por eso me resulta imposible leer como noticias independientes lo ocurrido estos días en Cádiz y en Burgos.

En Cádiz, la Policía Nacional ha desarticulado una red que captaba mujeres en Colombia con falsas promesas de prosperidad, imponiéndoles una deuda inicial de 3.000 euros y un alquiler de 500 euros semanales para explotarlas sexualmente en un piso de la capital. En Burgos, la investigación sobre un grupo de mujeres brasileñas trasladadas a España para gestar y dar a luz apunta, si los hechos terminan confirmándose, a una estructura organizada de explotación reproductiva.

Muchos verán dos sucesos distintos. Yo veo el mismo mercado funcionando con dos productos diferentes.

En Cádiz se comercia con la disponibilidad sexual de las mujeres. En Burgos, con su capacidad reproductiva. En ambos casos, el beneficio nace del mismo lugar: la vulnerabilidad de mujeres migrantes convertida en oportunidad de negocio.

No hablamos de casualidades. Tampoco de episodios aislados. Hablamos de un sistema económico que ha descubierto que la pobreza también puede convertirse en una fuente de rentabilidad. Que las fronteras, las leyes de extranjería, la desigualdad entre países y la desesperación pueden transformarse en herramientas extraordinariamente eficaces para alimentar un mercado internacional que necesita cuerpos disponibles.

Nos tranquiliza pensar que la explotación pertenece exclusivamente a las mafias. Es una forma cómoda de reducir el problema a un puñado de delincuentes. Pero las mafias no crean el mercado; simplemente ocupan el espacio que este les ofrece. Allí donde existe demanda de prostitución habrá quien suministre mujeres. Allí donde exista negocio en torno a la reproducción aparecerán intermediarios dispuestos a organizarlo. Allí donde el cuerpo de las mujeres genere beneficios, surgirán quienes pretendan apropiarse de él.

Por eso el debate no debería limitarse a perseguir las redes criminales, aunque hacerlo sea imprescindible. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿por qué esas redes encuentran siempre mujeres en situación de vulnerabilidad para alimentar este negocio? ¿Qué condiciones económicas, políticas y sociales permiten que estas estructuras se reproduzcan una y otra vez?

Desde hace décadas, el feminismo radical y el movimiento abolicionista vienen señalando que la prostitución, la pornografía, la explotación reproductiva y otras formas de mercantilización del cuerpo de las mujeres no son debates independientes. Son manifestaciones distintas de una misma lógica patriarcal: la que convierte aquello que debería ser indisponible . el cuerpo, la sexualidad, la capacidad reproductiva y la dignidad de las mujeres,  en objeto de compra, alquiler o intercambio.

Sin embargo, las instituciones continúan respondiendo de forma fragmentada. Actúan cuando estalla un caso de trata. Debaten cuando aparece un escándalo relacionado con la explotación reproductiva. Aprueban protocolos sectoriales. Diseñan recursos parciales. Pero siguen sin afrontar la raíz del problema: la existencia de un mercado que necesita disponer del cuerpo de las mujeres para seguir siendo rentable.

Esa desconexión también se percibe en el ámbito local. Desde Cádiz Abolicionista llevamos años trasladando propuestas concretas para reforzar la prevención, la atención especializada y la protección de las mujeres víctimas de trata y prostitución. No porque una ordenanza municipal pueda acabar con un mercado global, sino porque toda política pública debería comenzar por reconocer la realidad que tiene delante. Con demasiada frecuencia, la respuesta ha sido el silencio, la indiferencia o el rechazo.

Quizá el mayor éxito de este sistema haya sido convencernos de que estamos ante problemas diferentes. Nos hace discutir sobre prostitución por un lado, explotación reproductiva por otro, cuidados en otro espacio y pornografía en otro distinto. Mientras fragmentamos el debate, el mercado permanece intacto.

Porque el mercado nunca ha distinguido entre unas capacidades y otras. 

El mercado siempre ha visto lo mismo: cuerpos de mujeres sobre los que obtener beneficio.

Y mientras no comprendamos que Cádiz y Burgos no son dos historias distintas, sino dos manifestaciones de un mismo sistema de apropiación y mercantilización de los cuerpos de las mujeres, seguiremos celebrando operaciones policiales y escandalizándonos durante unos días. Cambiarán las ciudades. Cambiarán las víctimas. Cambiarán los métodos. Lo único que permanecerá será el mercado.