Cádiz ha formalizado finalmente su adhesión a la Red de Municipios Libres de Trata. Lo ha hecho después de años de debates, acuerdos parciales y propuestas impulsadas desde distintos espacios políticos y sociales. Sin embargo, existe una contradicción difícil de ignorar: la ciudad ha conseguido entrar en la Red sin haber construido todavía un verdadero espacio común capaz de sostener una política compartida frente a la trata y la explotación sexual.
Y quizá ahí esté el verdadero problema.
Porque entrar en la Red era importante, sí. Pero nunca fue suficiente.
Cuando en septiembre de 2021 desde Cádiz Abolicionista impulsamos esta propuesta y conseguimos llevarla al pleno municipal, lo que intentábamos abrir no era únicamente un debate simbólico. Nuestra intención era lograr una declaración institucional conjunta y comenzar a construir espacios de trabajo y coordinación frente a la trata y la explotación sexual.
Aquella declaración institucional era importante precisamente porque la Red de Municipios Libres de Trata parte de una posición claramente abolicionista frente a la explotación sexual. Y ahí aparecía una de las principales dificultades políticas del debate.
No todos los espacios políticos entendían ni entienden la trata y la prostitución desde la misma perspectiva. Existían posiciones muy diferentes sobre cómo debía afrontarse esta realidad y sobre qué papel debía asumir una ciudad que decidiera incorporarse a una red abolicionista.
Precisamente por eso insistíamos tanto en la necesidad de diálogo.
Porque sabíamos que, sin espacios de encuentro, trabajo conjunto y acuerdos mínimos, iba a ser muy difícil construir una política pública sólida y sostenida en el tiempo. Y porque también entendíamos que permanecer en posiciones completamente enfrentadas no ayuda a avanzar frente a una realidad tan compleja y tan dura para tantas mujeres.
En 2021, además, la lucha contra la explotación sexual no ocupaba precisamente un lugar central dentro de la agenda política municipal. Y precisamente por eso fue necesario insistir, empujar y sostener durante años un debate incómodo que muchas veces quedaba reducido a posiciones ideológicas enfrentadas o a simples declaraciones simbólicas.
Las asociaciones no podemos presentar propuestas directamente en los plenos municipales. Aquella iniciativa pudo defenderse porque el PSOE decidió llevar institucionalmente la propuesta al pleno y cederme la palabra para defenderla en nombre de Cádiz Abolicionista.
Sin embargo, la declaración institucional y el espacio de trabajo conjunto que defendemos no salieron adelante en aquel momento. El equipo de gobierno presentó una enmienda de sustitución y apoyó su propio texto, impidiendo que prosperara la propuesta en los términos planteados inicialmente.
Aun así, aquel pleno abrió un recorrido político que continuó durante los años siguientes.
La propuesta volvió a debatirse en 2022 y consiguió salir adelante con el apoyo del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Aquello demostraba que era posible construir consensos alrededor de una cuestión que debería situarse por encima de intereses partidistas o cálculos electorales.
Pero incluso entonces quedó pendiente lo más importante: transformar aquella adhesión en una política verdaderamente compartida.
Y esa ausencia se hizo todavía más evidente durante el último año. Desde Cádiz Abolicionista presentamos a la concejala de Igualdad una propuesta de ordenanza municipal con la intención de seguir avanzando en medidas concretas contra la trata, la explotación sexual y el sistema prostitucional.
La propuesta planteaba abrir un debate político sobre los límites y responsabilidades que una ciudad comprometida con los derechos de las mujeres debía asumir frente a la trata, la explotación sexual y el sistema prostitucional, así como sobre la necesidad de desarrollar medidas acordes con los compromisos y acuerdos que las propias instituciones dicen defender.
Entre otras cuestiones, se proponía actuar sobre las dinámicas que sostienen la explotación de mujeres en contextos prostitucionales y avanzar hacia políticas públicas más coherentes con los principios recogidos en la propia Red de Municipios Libres de Trata.
Sin embargo, después de muchos intentos, no fue posible alcanzar acuerdos. Las diferencias sobre el enfoque político de la prostitución y sobre las líneas fundamentales que defiende el feminismo hicieron imposible construir un texto compartido.
Y precisamente por eso era tan importante haber generado antes espacios estables de diálogo y coordinación.
Porque cuando esos espacios no existen, los desacuerdos terminan apareciendo tarde, de forma fragmentada y sin estructuras capaces de sostener un verdadero debate político de ciudad.
Ese debería ser el centro de la discusión.
No quién aparece en la fotografía final. No quién capitaliza institucionalmente un anuncio. Sino si Cádiz está realmente dispuesta a construir políticas públicas sostenidas, coherentes y compartidas frente a la explotación sexual.
Porque el riesgo de muchas adhesiones institucionales es precisamente ese: quedarse en el símbolo.
La trata no se enfrenta únicamente aprobando declaraciones o formalizando adhesiones. Se enfrenta construyendo políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo, coordinando recursos, escuchando a las entidades que llevan años trabajando sobre el terreno y generando consensos amplios que no desaparezcan cada vez que cambia un gobierno.
Por eso también creo importante hablar de memoria política.
Las políticas públicas no aparecen de la nada. Detrás de cada avance suele existir un trabajo previo desarrollado muchas veces por mujeres organizadas que sostienen debates incómodos cuando todavía no forman parte de las prioridades institucionales.
Y resulta difícil construir una política sólida contra la explotación sexual mientras ese propio recorrido empieza a diluirse o a invisibilizarse.
La formalización definitiva ha llegado en mayo de 2026, más de tres años después de la aprobación plenaria de 2022 y a un año de nuevas elecciones municipales.
Pero la verdadera pregunta sigue siendo otra.
Si Cádiz está realmente dispuesta a construir todo lo que debería venir después.
Cádiz ha formalizado finalmente su adhesión a la Red de Municipios Libres de Trata. Lo ha hecho después de años de debates, acuerdos parciales y propuestas impulsadas desde distintos espacios políticos y sociales. Sin embargo, existe una contradicción difícil de ignorar: la ciudad ha conseguido entrar en la Red sin haber construido todavía un verdadero espacio común capaz de sostener una política compartida frente a la trata y la explotación sexual.
Y quizá ahí esté el verdadero problema.
Porque entrar en la Red era importante, sí. Pero nunca fue suficiente.
Cuando en septiembre de 2021 desde Cádiz Abolicionista impulsamos esta propuesta y conseguimos llevarla al pleno municipal, lo que intentábamos abrir no era únicamente un debate simbólico. Nuestra intención era lograr una declaración institucional conjunta y comenzar a construir espacios de trabajo y coordinación frente a la trata y la explotación sexual.
Aquella declaración institucional era importante precisamente porque la Red de Municipios Libres de Trata parte de una posición claramente abolicionista frente a la explotación sexual. Y ahí aparecía una de las principales dificultades políticas del debate.
No todos los espacios políticos entendían ni entienden la trata y la prostitución desde la misma perspectiva. Existían posiciones muy diferentes sobre cómo debía afrontarse esta realidad y sobre qué papel debía asumir una ciudad que decidiera incorporarse a una red abolicionista.
Precisamente por eso insistíamos tanto en la necesidad de diálogo.
Porque sabíamos que, sin espacios de encuentro, trabajo conjunto y acuerdos mínimos, iba a ser muy difícil construir una política pública sólida y sostenida en el tiempo. Y porque también entendíamos que permanecer en posiciones completamente enfrentadas no ayuda a avanzar frente a una realidad tan compleja y tan dura para tantas mujeres.
En 2021, además, la lucha contra la explotación sexual no ocupaba precisamente un lugar central dentro de la agenda política municipal. Y precisamente por eso fue necesario insistir, empujar y sostener durante años un debate incómodo que muchas veces quedaba reducido a posiciones ideológicas enfrentadas o a simples declaraciones simbólicas.
Las asociaciones no podemos presentar propuestas directamente en los plenos municipales. Aquella iniciativa pudo defenderse porque el PSOE decidió llevar institucionalmente la propuesta al pleno y cederme la palabra para defenderla en nombre de Cádiz Abolicionista.
Sin embargo, la declaración institucional y el espacio de trabajo conjunto que defendemos no salieron adelante en aquel momento. El equipo de gobierno presentó una enmienda de sustitución y apoyó su propio texto, impidiendo que prosperara la propuesta en los términos planteados inicialmente.
Aun así, aquel pleno abrió un recorrido político que continuó durante los años siguientes.
La propuesta volvió a debatirse en 2022 y consiguió salir adelante con el apoyo del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Aquello demostraba que era posible construir consensos alrededor de una cuestión que debería situarse por encima de intereses partidistas o cálculos electorales.
Pero incluso entonces quedó pendiente lo más importante: transformar aquella adhesión en una política verdaderamente compartida.
Y esa ausencia se hizo todavía más evidente durante el último año. Desde Cádiz Abolicionista presentamos a la concejala de Igualdad una propuesta de ordenanza municipal con la intención de seguir avanzando en medidas concretas contra la trata, la explotación sexual y el sistema prostitucional.
La propuesta planteaba abrir un debate político sobre los límites y responsabilidades que una ciudad comprometida con los derechos de las mujeres debía asumir frente a la trata, la explotación sexual y el sistema prostitucional, así como sobre la necesidad de desarrollar medidas acordes con los compromisos y acuerdos que las propias instituciones dicen defender.
Entre otras cuestiones, se proponía actuar sobre las dinámicas que sostienen la explotación de mujeres en contextos prostitucionales y avanzar hacia políticas públicas más coherentes con los principios recogidos en la propia Red de Municipios Libres de Trata.
Sin embargo, después de muchos intentos, no fue posible alcanzar acuerdos. Las diferencias sobre el enfoque político de la prostitución y sobre las líneas fundamentales que defiende el feminismo hicieron imposible construir un texto compartido.
Y precisamente por eso era tan importante haber generado antes espacios estables de diálogo y coordinación.
Porque cuando esos espacios no existen, los desacuerdos terminan apareciendo tarde, de forma fragmentada y sin estructuras capaces de sostener un verdadero debate político de ciudad.
Ese debería ser el centro de la discusión.
No quién aparece en la fotografía final. No quién capitaliza institucionalmente un anuncio. Sino si Cádiz está realmente dispuesta a construir políticas públicas sostenidas, coherentes y compartidas frente a la explotación sexual.
Porque el riesgo de muchas adhesiones institucionales es precisamente ese: quedarse en el símbolo.
La trata no se enfrenta únicamente aprobando declaraciones o formalizando adhesiones. Se enfrenta construyendo políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo, coordinando recursos, escuchando a las entidades que llevan años trabajando sobre el terreno y generando consensos amplios que no desaparezcan cada vez que cambia un gobierno.
Por eso también creo importante hablar de memoria política.
Las políticas públicas no aparecen de la nada. Detrás de cada avance suele existir un trabajo previo desarrollado muchas veces por mujeres organizadas que sostienen debates incómodos cuando todavía no forman parte de las prioridades institucionales.
Y resulta difícil construir una política sólida contra la explotación sexual mientras ese propio recorrido empieza a diluirse o a invisibilizarse.
La formalización definitiva ha llegado en mayo de 2026, más de tres años después de la aprobación plenaria de 2022 y a un año de nuevas elecciones municipales.
Pero la verdadera pregunta sigue siendo otra.
Si Cádiz está realmente dispuesta a construir todo lo que debería venir después.
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