Tras casi cuatro semanas de confinamiento derivado de la aprobación del estado de alarma y sus respectivas prórrogas, aún hay personas privadas de libertad en diferentes Centros de Internamiento para Extranjeros. Recordemos que esos centros son lugares en los que se encierra a personas migrantes durante un plazo que, de acuerdo a la legislación, debe ser inferior a 60 días y bajo la (discutible) justificación de ser el medio para ejecutar su expulsión.
A lo largo de los últimos años se ha debatido intensamente sobre la existencia de estos centros. La aberración jurídica que supone utilizar la pena más dura (la privación de libertad) no ya como sanción a un delito sino como medida cautelar para la ejecución de una sanción administrativa ha sido puesta reiteradamente sobre la mesa por diversos actores políticos, sociales y jurídicos. Con todo, lo sucedido en estos días subraya el carácter represivo e injusto de estos centros.
Porque, incluso antes de que el 14 de marzo se decretase el estado de alarma en España y se limitase la libertad de circulación, la gran mayoría de los Estados prohibieron los desplazamientos con origen en el Estado español hacia su territorio. Eso hacía imposible que las personas encerradas pudieran ser expulsadas y, por tanto, convertía en absolutamente injusta e ilegal su permanencia en esos centros. A este respecto, el encierro de estas personas solo está constitucionalmente permitido por el tiempo necesario para su expulsión. Por ello, si la mayoría de Estados de origen de estos migrantes, a saber, Marruecos, Argelia, Senegal o Guinea habían cerrado sus fronteras a las personas provenientes de España, la prolongación de su privación de libertad era totalmente contraria a Derecho.
Pese a ello, la puesta en libertad de los internos y el cierre de estos centros no se produjo de forma inmediata. Es más, en el momento en el que se escriben estas líneas aún quedan personas encerradas en los CIE de Murcia y Algeciras. Era algo previsible habida cuenta de que el Ministro del Interior, en un primer momento, señaló la conveniencia de mantener los CIE operativos y a las personas privadas de libertad en su interior.
Además de la ilegalidad de esa postura, debe resaltarse su falta de humanidad. Si algo se ha evidenciado en los últimos años en relación con los CIE han sido las deplorables condiciones en las que se encontraban. En un contexto de pandemia y contagio masivo la posible entrada de la Covid-19 en alguno de los diferentes Centros de Internamiento de Extranjeros habría resultado devastadora. Pese a ello, en un principio, el mensaje del ministro Grande Marlaska fue el de mantener la situación, primando, como siempre ha hecho, las cuestiones de control migratorio sobre las humanitarias e, incluso, sobre la vida de estas personas.
Sin embargo, la fuerza de los hechos obligó a cambiar aquella postura y a clausurar uno a uno todos los CIE. Bueno, casi todos. Aún hay tres abiertos y una cincuentena de personas privadas de libertad pendientes de una imposible expulsión y con el riesgo de contraer una grave enfermedad que asola nuestro país pero que a ellos los hallaría en especial estado de debilidad. Y es que, incluso en estos períodos, conviene recordar a Todorov y aquello de que "por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de barbarie o de civilización".
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