La Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro) ha salido al paso de la propuesta del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, de vetar los espectáculos pirotécnicos en Andalucía, una medida planteada el pasado 31 de julio de 2026. Para la patronal, se trata de una decisión "indiscriminada y carente de base real y estadística" que responde, según sus propias palabras, a un "populismo irresponsable".

La organización no se anda con rodeos en su nota de prensa: asegura que esta "recomendación política y arbitraria, que ignora la realidad y la ley, busca la foto fácil". El problema, denuncian, no se queda en el plano discursivo. Según la asociación, el anuncio ya está generando una cascada de cancelaciones con un "perjuicio económico y social brutal" para una actividad que califican de legal, regulada y profundamente arraigada en la cultura andaluza.

Lejos de negar el problema de fondo, la asociación matiza su postura: comparte la preocupación por los incendios forestales, pero rechaza frontalmente el diagnóstico de la Junta. "Los datos oficiales demuestran que prohibir la pirotecnia es una maniobra populista que no responde al riesgo real", sostienen. Por ello, han solicitado con carácter urgente una reunión técnica con la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias para fijar criterios profesionales frente a lo que consideran decisiones puramente políticas, y diseñar un procedimiento ágil de autorización durante la temporada estival.

Incidencia despreciable en los incendios forestales

El argumento central de la organización se apoya en los datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según esas cifras, entre 2015 y 2023 la pirotecnia fue responsable de apenas el 0,02% de la superficie forestal quemada en Andalucía: 21,6 hectáreas de un total de 104.525. Para poner el dato en perspectiva, la asociación recuerda que la quema de restos de poda arrasó 142 veces más superficie, las colillas 92 veces más, las líneas eléctricas 85 veces más y las labores agrícolas autorizadas sumaron 266 veces más superficie quemada que la pirotecnia.

La patronal va más allá y subraya que en nueve años la pirotecnia no provocó ni un solo gran incendio forestal en Andalucía. El incidente medio por esta causa es de 0,77 hectáreas, veinte veces menor que la media general, y el mayor incendio registrado en toda España por esta causa alcanzó 87,6 hectáreas, muy lejos del umbral de 500 hectáreas que técnicamente define un gran incendio forestal.

"Los datos científicos son demoledores: prohibir la pirotecnia es una medida cosmética que no habría evitado más del 0,02% de la superficie quemada en nueve años", destaca la organización, que además advierte de que esa cifra ya marginal mezcla el uso particular de petardos con los espectáculos profesionales, ejecutados con perímetros de seguridad y medios de extinción propios.

Desde la Dirección Técnica de Aepiro se lanza una crítica directa a la clase política: "Los políticos están persiguiendo al sector más controlado y seguro por mero populismo". Un mensaje que busca desmontar la narrativa oficial apelando a la comparación estadística con otras causas de incendio mucho más habituales y menos vigiladas.

Reunión urgente y dudas sobre el marco legal

Más allá del choque de cifras, Aepiro ha trasladado formalmente a la Junta de Andalucía una pregunta de fondo: si este veto se articulará mediante una orden vinculante o si, por el contrario, se trata de un blindaje político que traslada la presión a los ayuntamientos. La asociación reclama seguridad jurídica tanto para operadores como para las corporaciones locales, y exige que cualquier restricción se aplique con criterio técnico y territorial, diferenciando el suelo urbano consolidado de las zonas agrícolas y del terreno forestal o de influencia forestal, tal y como ya contempla el artículo 13 del Decreto 247/2001.

Según recuerda la patronal, el propio reglamento andaluz —el Decreto 247/2001, modificado por el Decreto-ley 5/2026— ya somete el uso pirotécnico a autorización expresa caso por caso. Por eso, insisten, "este veto generalizado vulnera el propio marco legal vigente", ya que la normativa actual permitiría precisamente ese análisis diferenciado que la asociación reclama, en lugar de una prohibición uniforme para todo el territorio.

El aviso final de la asociación no deja lugar a la ambigüedad: si la Junta mantiene el veto fuera de las zonas de riesgo forestal real, la campaña de 2026 supondrá un golpe histórico para fabricantes, técnicos y fiestas populares, con destrucción de empleo sin que ello suponga, según sus cálculos, ninguna reducción perceptible en el riesgo real de incendios.