Andalucía existe

antonio manuel

Antonio Manuel

Escritor. Profesor de Derecho Civil UCO y coordinador del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios. Patrono de la Fundación Blas Infante. Vicepresidente de la Federación Ateneos de Andalucía. Portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando. Activista. Autor de 'La huella morisca', 'El soldado asimétrico', 'Flamenco. Arqueología de lo Jondo' y 'Daño'.

Bandera de Andalucía.
Bandera de Andalucía.

En 1974, Carlos Castilla del Pino publicó un artículo denominado “Andalucía no existe”. En él afirmaba que “Andalucía tendrá que hacer sus reivindicaciones económicas, administrativas y educacionales” pero que ello no sería por causa ni el origen de una conciencia de pueblo “que la diferencie y la autoidentifique”. Justo al año siguiente, Enrique Tierno Galván publicó su conocido ¿Qué es ser agnóstico? en el que utilizaba como lógica argumental que un ateo necesita un concepto de Dios para negarlo. Entonces entendí a Castilla del Pino: negaba una concreta noción de Andalucía y, al hacerlo, afirmaba su existencia. Justo lo que vuelve a pasar ahora.

Los contextos sociopolíticos de aquella transición se parecen en demasiadas cosas a la desconocida transición de la segunda república. El gobierno provisional no fue capaz de derribar los pilares que sostenían y sostienen el nacionalcatolicismo español, a pesar de los incuestionables avances que se consiguieron para parecer un Estado moderno. Pero lo cierto es que el miedo a una reacción de las oligarquías del poder tradicional, condicionó en exceso la prudencia y la moderación en muchas de las medidas que se requerían. De ahí los pronunciamientos unilaterales de Catalunya ante la insuficiencia de un modelo territorial que temía denominarse “Federal” huyendo de los ecos de la primera república. O incluso la candidatura del Frente Popular para dar voz a cuántas personas creyeron que el régimen constitucional republicano traerá consigo un verdadero cambio de paradigma, más allá del simple modelo de gobierno. Todo terminó con un golpe de Estado, el genocidio franquista y el miedo clavado en el ADN de quienes nos gobernarían en la transición.

Tras la muerte del dictador, unas oligarquías de poder (económico, religioso y territorial) prediseñaron el nuevo modelo de Estado, con notables avances que nadie puede ni debe cuestionar, pero sin tocar en esencia los pilares del nacionalcatolicismo representados en el escudo de España: “Cruz, Corona y Reinos”. La Cruz se garantizó conservando los privilegios de la Iglesia bajo un Estado confesional encubierto y los acuerdos con el Vaticano; la Corona, manteniendo el heredero elegido por el dictador; y la configuración territorial del Estado, sentando a Cataluña y Euskadi en la mesa de los “padres de la Patria”. La necesidad de paz social y el ansia de democracia eran suficientes motivos para que fueran pocos y marginales quienes cuestionaran el futuro modelo constitucional. Pero nadie podía prever que fuera Andalucía quien lo hiciera añicos generando una auténtica cuestión de Estado con las manifestaciones millonarias del 4 de diciembre de 1977 y el asesinato de Manuel José García Caparrós. Andalucía exigió su derecho a decidir para ser como las que más en el Estado. Y forzó la inclusión del infame 151 que sólo el pueblo andaluz ejerció para alcanzar su autonomía plena.

Hoy vuelven a reproducirse los mismos esquemas, pero de manera más sibilina: la Iglesia católica se ha visto reforzada con el mayor empoderamiento patrimonial de su historia, y hemos pasado de tener dos reyes a cuatro sin consultar a la ciudadanía. Sólo queda por resolver la nueva configuración territorial del Estado. Dejemos claro que en España coexisten hasta cinco modelos superpuestos a la vez: el Estado de la Diputaciones, de los Fueros (derechos civiles propios), de las Diputaciones Forales (haciendas propias), Nacionalidades Históricas con elecciones propias (Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía), más el resto de Comunidades Autónomas. La solución más sensata y posible pasaría por concretarlo en un modelo federal donde los distintos sujetos políticos tengan clara la distribución de sus competencias y la financiación para acometerlas. Andalucía sería uno de ellos por derecho propio. Y es aquí donde comienzan los peligros.

El Congreso de los Diputados se ha convertido en un verdadero Senado ideológico que da voz diferenciada a Cataluña, Galicia, Euskadi, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias, Canarias, Navarra y Teruel. Andalucía tiene 61 diputados y, aunque algunas de sus fuerzas donde se integran se definen federales o confederales, ninguna concede voz propia ni capacidad para determinar políticas concretas para solucionar nuestros males. Claro que me alegra que se apruebe un Ingreso Mínimo Vital para todas las personas que lo necesiten en el Estado. Pero si en Andalucía es donde más pobreza hay, no me alegra que seamos los que más ayuda recibamos si no va acompañada de medidas estructurales para solucionarla. Y lo mismo ocurre con el desempleo, con la migración juvenil, con la educación, con la desindustrialización o con la política agraria o pesquera. Si la conciencia de clase no está vinculada a la conciencia de pueblo, como decía Carlos Castilla del Pino, Andalucía no existe y seguirá a la cola del Estado. Pero yo creo que Andalucía existe. Y no me vale sólo con nombrarla de vez en cuando en los estrados, como si cumpliéramos un trámite o una limosna. Necesitamos condicionar las políticas públicas del Estado para tener las mismas oportunidades que las demás, con tanta o mayor razón que otros pueblos que han conseguido tener representación en el Congreso. Desgraciadamente, Andalucía carece de ella. Y una voz andaluza en Madrid vale más que 61 silencios. 

Más temprano que tarde viviremos un cambio de modelo territorial que termine con este solapamiento de Estados dentro del Estado. Y es en este contexto donde Andalucía corre el peligro de perder la posición política que alcanzó por derecho propio. Sencillamente, porque parece no existir. No se trata de hablar en andaluz en los estrados. Ni de pedir para Andalucía lo que se necesite en cualquier otra parte del Estado. Lo que estamos pidiendo es que sea el pueblo andaluz el que se levante de una puñetera vez para que se le escuche. Y eso sólo ocurrirá cuando tome conciencia de que está callado. Cada vez son más los andaluces y andaluzas de toda índole que reivindican tener voz propia porque saben que, además de nuestra identidad cultural, nos une una comunidad de necesidades. A ellos y ellas interpelo para que salgan a la calle y griten sin miedo que Andalucía Existe.

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