Entran a robar en un Decathlon con hachas y extintores en plena jornada de ventas: amenazas a clientes y empleados 
Huévar elimina la pirotecnia de la procesión de su patrona ante el riesgo de incendios 
Surrealista desenlace: cuatro guardias civiles acaban ante el juez por correr para llegar a un atraco en Granada 
El terremoto de Colombia se siente en la provincia de Cádiz: "Pensé que mi familia estaba bajo los escombros" 
Las otras presencias en tele del hijo mayor de Güiza: 'First Dates' y la vez que el futbolista pidió "que trabaje más" en lugar de hablar de él 
Una democracia no se mide solo por la existencia formal de elecciones, parlamentos y separación de poderes. Se mide también por quién puede llegar realmente a ocupar los lugares desde los que se decide la vida de la gente. Si los hijos y las hijas de la clase trabajadora no acceden a la universidad, a los altos cuerpos de la Administración, a la Fiscalía, a la Judicatura o a los órganos de dirección de los poderes públicos, la democracia queda amputada en su raíz social.
El problema es estructural: cuando el acceso al poder judicial depende del nivel económico, rentas suficientes y tiempo sin salario, el resultado termina filtrando por clase, más cuando la propia existencia de las Becas SERÉ depende de que se convoquen nuevas ediciones para preparar oposiciones a las carreras Judicial y Fiscal. Esa incertidumbre, además, no solo dibuja falta de convicción/previsión al respecto, es que, se está reconociendo que es la clase social la que determina el acceso a esos cuerpos, quedando así limitado el principio de igualdad de oportunidades.
En Andalucía, la consecuencia es terrible. Andalucía es la comunidad más poblada del Estado, con cerca de 8,75 millones de habitantes en 2025, pero sigue arrastrando los peores indicadores sociales. EAPN sitúa a Andalucía con la tasa de riesgo de pobreza más elevada en 2025, el 27,7%, muy por encima de la media estatal. En su informe anterior, Andalucía ya aparecía en los peores puestos en AROPE, pobreza, pobreza severa y baja intensidad de empleo en el hogar. Por tanto, cuando hablamos de acceso de la clase trabajadora al poder judicial no se trata de una reivindicación corporativa. Hablamos de calidad democrática. Una justicia compuesta casi exclusivamente por quienes tienen capacidad económica mira la realidad desde una experiencia social estrecha y con sesgo de clase, por mucho que se utilice un lenguaje técnico de apariencia neutral.
Ese obstáculo se vuelve insalvable con la privatización educativa. La educación pública fue el ascensor social de generaciones enteras de clase trabajadora, y no pocos afirmaron que fueron las mejor formadas. Esa vía se ha segado por la mercantilización de la Formación Profesional, por la asfixia organizada a los centros públicos, incluida la universidad pública que ha sido estrangulada en favor de centros privados donde el acceso a los mimos depende de la capacidad de pago, el mensaje es brutal: la juventud trabajadora queda orientada hacia la precariedad, bajos salarios y dificultades insalvables para acceder a una vivienda digna y adecuada. Y una generación que no puede estudiar en igualdad, trabajar con estabilidad ni vivir en su tierra difícilmente se podrá construir una democracia completa.
Los gobiernos ultras del partido popular en Andalucía vienen caminando y circulan decididamente en la dirección señalada. Se han autorizado nuevas “universidades” privadas con una Ley Universitaria para Andalucía a la carta, a golpe de decreto del Consejo de Gobierno, sin control y al servicio de fuertes poderes económicos que facilitan titulaciones, mientras, a la universidad pública se le impone insuficiencia presupuestaria, con encarecimiento de la vida estudiantil, expulsión residencial y falta de garantías reales para que la juventud trabajadora llegue, permanezca y prospere.
El bloque reaccionario empuja una idea de sociedad en la que la educación, la vivienda y los servicios públicos se subordinan al mercado. El PSOE y las fuerzas que han aceptado ser su soporte han renunciado a disputar este modelo desde la raíz. Han gestionado el mal menor, han coloreado de rojo políticas insuficientes y han evitado plantear una intervención fuerte para garantizar el acceso de la clase trabajadora a la educación superior, a la universidad, a los cuerpos de la Comunidad Autónoma Andaluza y del Estado, quedando expedito el modelo que favorece la expansión de la oferta privada y debilita el papel igualador de lo público.
El resultado está a la vista: jóvenes que estudian y trabajan sin poder emanciparse, familias que eligen entre alquiler y formación, universidades públicas tensionadas, Formación Profesional convertida en nicho de negocio, oposición a la judicatura reservada en la práctica a solo quienes tienen recursos económicos y pueden estar años sin ingresos y, una vivienda adecuada y digna fuera del alcance de quienes sostienen el país con su trabajo.
Esa política educativa para las élites económicas tiene su reflejo en el actual modelo de seguridad pública que, sin formación democrática sólida, acaba mirando con sesgo de clase al pobre, al joven de barrio y al migrante, tal como está ocurriendo. No es un fallo aislado, sino una consecuencia ordenada. Una policía verdaderamente democrática exige controles externos, formación en derechos fundamentales y humanos, rendición de cuentas y depuración efectiva de toda conducta incompatible con la neutralidad y la igualdad propias del Estado de derecho. Todo lo que hoy no existe.
Andalucía es una pieza de caza fundamental para el triunfo de ese modelo. Precisamente por eso se la quiere empobrecida, resignada y anestesiada. Una Andalucía sin hijos e hijas de la clase trabajadora en la justicia y en los centros de poder tiene consecuencias devastadoras. Se podrá invocar el cumplimiento formal de los procedimientos, pero esa democracia resulta socialmente incompleta. Una democracia que excluye es, en el mejor de los casos, un expediente abierto a la espera de ser liquidado por la vía de los hechos.
Una democracia no se mide solo por la existencia formal de elecciones, parlamentos y separación de poderes. Se mide también por quién puede llegar realmente a ocupar los lugares desde los que se decide la vida de la gente. Si los hijos y las hijas de la clase trabajadora no acceden a la universidad, a los altos cuerpos de la Administración, a la Fiscalía, a la Judicatura o a los órganos de dirección de los poderes públicos, la democracia queda amputada en su raíz social.
El problema es estructural: cuando el acceso al poder judicial depende del nivel económico, rentas suficientes y tiempo sin salario, el resultado termina filtrando por clase, más cuando la propia existencia de las Becas SERÉ depende de que se convoquen nuevas ediciones para preparar oposiciones a las carreras Judicial y Fiscal. Esa incertidumbre, además, no solo dibuja falta de convicción/previsión al respecto, es que, se está reconociendo que es la clase social la que determina el acceso a esos cuerpos, quedando así limitado el principio de igualdad de oportunidades.
En Andalucía, la consecuencia es terrible. Andalucía es la comunidad más poblada del Estado, con cerca de 8,75 millones de habitantes en 2025, pero sigue arrastrando los peores indicadores sociales. EAPN sitúa a Andalucía con la tasa de riesgo de pobreza más elevada en 2025, el 27,7%, muy por encima de la media estatal. En su informe anterior, Andalucía ya aparecía en los peores puestos en AROPE, pobreza, pobreza severa y baja intensidad de empleo en el hogar. Por tanto, cuando hablamos de acceso de la clase trabajadora al poder judicial no se trata de una reivindicación corporativa. Hablamos de calidad democrática. Una justicia compuesta casi exclusivamente por quienes tienen capacidad económica mira la realidad desde una experiencia social estrecha y con sesgo de clase, por mucho que se utilice un lenguaje técnico de apariencia neutral.
Ese obstáculo se vuelve insalvable con la privatización educativa. La educación pública fue el ascensor social de generaciones enteras de clase trabajadora, y no pocos afirmaron que fueron las mejor formadas. Esa vía se ha segado por la mercantilización de la Formación Profesional, por la asfixia organizada a los centros públicos, incluida la universidad pública que ha sido estrangulada en favor de centros privados donde el acceso a los mimos depende de la capacidad de pago, el mensaje es brutal: la juventud trabajadora queda orientada hacia la precariedad, bajos salarios y dificultades insalvables para acceder a una vivienda digna y adecuada. Y una generación que no puede estudiar en igualdad, trabajar con estabilidad ni vivir en su tierra difícilmente se podrá construir una democracia completa.
Los gobiernos ultras del partido popular en Andalucía vienen caminando y circulan decididamente en la dirección señalada. Se han autorizado nuevas “universidades” privadas con una Ley Universitaria para Andalucía a la carta, a golpe de decreto del Consejo de Gobierno, sin control y al servicio de fuertes poderes económicos que facilitan titulaciones, mientras, a la universidad pública se le impone insuficiencia presupuestaria, con encarecimiento de la vida estudiantil, expulsión residencial y falta de garantías reales para que la juventud trabajadora llegue, permanezca y prospere.
El bloque reaccionario empuja una idea de sociedad en la que la educación, la vivienda y los servicios públicos se subordinan al mercado. El PSOE y las fuerzas que han aceptado ser su soporte han renunciado a disputar este modelo desde la raíz. Han gestionado el mal menor, han coloreado de rojo políticas insuficientes y han evitado plantear una intervención fuerte para garantizar el acceso de la clase trabajadora a la educación superior, a la universidad, a los cuerpos de la Comunidad Autónoma Andaluza y del Estado, quedando expedito el modelo que favorece la expansión de la oferta privada y debilita el papel igualador de lo público.
El resultado está a la vista: jóvenes que estudian y trabajan sin poder emanciparse, familias que eligen entre alquiler y formación, universidades públicas tensionadas, Formación Profesional convertida en nicho de negocio, oposición a la judicatura reservada en la práctica a solo quienes tienen recursos económicos y pueden estar años sin ingresos y, una vivienda adecuada y digna fuera del alcance de quienes sostienen el país con su trabajo.
Esa política educativa para las élites económicas tiene su reflejo en el actual modelo de seguridad pública que, sin formación democrática sólida, acaba mirando con sesgo de clase al pobre, al joven de barrio y al migrante, tal como está ocurriendo. No es un fallo aislado, sino una consecuencia ordenada. Una policía verdaderamente democrática exige controles externos, formación en derechos fundamentales y humanos, rendición de cuentas y depuración efectiva de toda conducta incompatible con la neutralidad y la igualdad propias del Estado de derecho. Todo lo que hoy no existe.
Andalucía es una pieza de caza fundamental para el triunfo de ese modelo. Precisamente por eso se la quiere empobrecida, resignada y anestesiada. Una Andalucía sin hijos e hijas de la clase trabajadora en la justicia y en los centros de poder tiene consecuencias devastadoras. Se podrá invocar el cumplimiento formal de los procedimientos, pero esa democracia resulta socialmente incompleta. Una democracia que excluye es, en el mejor de los casos, un expediente abierto a la espera de ser liquidado por la vía de los hechos.
Comentarios