Una llamada de madrugada terminó abriendo un inesperado frente judicial para cuatro agentes de la Guardia Civil. Según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), dos patrullas fueron investigadas penalmente después de superar los límites de velocidad mientras acudían a un atraco en una localidad de Granada. Los hechos ocurrieron sobre las 03.00 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) alertó del asalto y ordenó a las patrullas más cercanas desplazarse “con la máxima celeridad” para impedir el delito y auxiliar a las posibles víctimas. Durante el trayecto, ambos vehículos oficiales fueron captados por un radar fijo.

AUGC sostiene que, pese a existir informes que justificaban el exceso de velocidad por tratarse de un servicio urgente, el GIAT de la Zona de Sevilla ordenó instruir diligencias penales contra los componentes de las dos patrullas. Mes y medio después, los cuatro guardias civiles tuvieron que acudir al Juzgado de Guardia para prestar declaración. La asociación asegura que el procedimiento les causó perjuicios personales y profesionales y señala que uno de ellos incluso tuvo que interrumpir sus vacaciones para comparecer.

AUGC recuerda que una eventual aplicación del artículo 379.1 del Código Penal podía haber supuesto penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir durante más de un año y hasta cuatro. La organización considera especialmente difícil de entender lo sucedido porque la normativa de circulación contempla un régimen específico para los vehículos prioritarios en servicios de urgencia, permitiendo superar determinados límites bajo las condiciones previstas legalmente. Finalmente, tanto Fiscalía como la autoridad judicial descartaron responsabilidad penal, poniendo fin al procedimiento.

AUGC pide un protocolo para evitar nuevos casos

La asociación reclama ahora a la Dirección General de la Guardia Civil un protocolo “claro y uniforme” que ofrezca seguridad jurídica a los agentes cuando deben tomar decisiones en cuestión de segundos durante una emergencia. AUGC señala además que dos de los cuatro afectados ocupan cargos representativos en la organización: uno es secretario provincial en Granada y otro secretario de Prensa y Finanzas. La asociación precisa que no afirma que exista relación entre ambas circunstancias, aunque considera llamativa la coincidencia.

Para AUGC, obligar a los agentes a elegir entre llegar con rapidez a una emergencia o protegerse frente a posibles consecuencias judiciales puede afectar también a los ciudadanos. La organización defiende que quien llama al 062 ante una situación de grave peligro espera que una patrulla llegue cuanto antes y reclama que los guardias civiles puedan actuar con rapidez “sin miedo a ser perseguidos por cumplir con su deber”.