En nuestro país se vuelve a abrir el debate sobre un modelo económico territorial ya caduco. Y lo hace, una vez más, empezando por arriba, por las autonomías. El Consejo de Política Fiscal y Financiera acaba de aprobar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno, que contempla 20.975 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas. En declaraciones del Gobierno, exponen que el modelo pretende corregir desequilibrios, incrementar los recursos disponibles y atender factores como la población, la dispersión, la superficie o la insularidad.

 

La cifra es importante, pero quizás lo verdaderamente más importante sea la pregunta que debería venir inmediatamente después:

¿Y para los municipios, que pasa con vuestros ayuntamientos? Porque si nuestro Gobierno considera necesario revisar la financiación territorial, no parece razonable que el debate termine en las comunidades autónomas y no se amplíen a los ayuntamientos, al municipalismo, pues hay una segunda descentralización pendiente de realizar en nuestro país. Una segunda descentralización que nunca terminó de producirse y la que debe llevar competencias, capacidad de decisión y recursos desde las administraciones autonómicas hasta los ayuntamientos.

 

 

Y no estamos hablando de una cuestión meramente administrativa, estamos hablando de democracia, de justicia redistributiva y de dar más competencias y partidas presupuestaria a la administración más cercana a y  ciudadanía. El ciudadano no suele llamar a la puerta de una consejería cuando tiene un problemas, llama y exige a su ayuntamiento. Cuando falta limpieza, mira al alcalde. Cuando una calle está deteriorada, mira al ayuntamiento. Cuando necesita una ayuda social, acude a los servicios municipales. Cuando reclama vivienda, transporte, seguridad, atención a mayores, políticas de empleo, mantenimiento urbano o espacios públicos, espera una respuesta de su administración más cercana, su ayuntamiento.

 

Sin embargo, demasiadas veces se ha construido un modelo en el que el ayuntamiento es la administración más próxima, pero no necesariamente la que dispone de los recursos necesarios para responder, y en muchas ocasiones asumen el costo de servicios de los que no tienen competencias.

 

Y ahí aparece una de las grandes contradicciones del Estado autonómico. Durante décadas hemos hablado de descentralización como si descentralizar significara exclusivamente transferir poder desde Madrid hacia las comunidades autónomas. Aquella primera descentralización era necesaria y transformó profundamente España, pero hoy resulta insuficiente. Porque el Estado autonómico ha creado un segundo nivel de poder territorial extraordinariamente fuerte, mientras que el tercer nivel, el municipal, continúa soportando buena parte de las demandas cotidianas de la ciudadanía sin disponer siempre de las competencias, financiación y autonomía necesarias.

 

Hemos descentralizado el poder hacia las regiones, pero no hemos descentralizado suficientemente las soluciones hacia los municipios, y quizá haya llegado el momento de hacerlo. Ha llegado el momento que desde la FEMYP se dejé de pedir con voz tenue, como si no quisiera molestar y exijan de una vez más competencias y partidas presupuestarias para realizarlas.

 

La reforma de la financiación autonómica debería servir precisamente para abrir este debate, y la FEMYP debe de ser contundente. Si las comunidades autónomas van a disponer de cerca de 21.000 millones adicionales, sería razonable preguntarse si una parte de ese nuevo escenario financiero debe ir acompañada de una transferencia real de competencias y recursos hacia los municipios. No se trata de quitar dinero a las comunidades, se trata de cambiar la lógica. Si una comunidad recibe más recursos porque debe garantizar determinados servicios, también debe preguntarse qué parte de esos servicios puede prestarse mejor desde un ayuntamiento y qué recursos deberían acompañar esa competencia.

 

Porque descentralizar sin financiación es simplemente trasladar problemas, y ya bastantes problemas financieros tiene nuestros ayuntamientos, algunos por prestar y asumir competencias supramunicipales. Asumir o transferir competencias sin recursos no es descentralizar: es delegar responsabilidades. El principio debería ser sencillo: quien presta, decide y financia, por eso una segunda descentralización debería construirse sobre un principio elemental: la administración que está en mejores condiciones de prestar un servicio debe disponer también de la capacidad financiera necesaria para hacerlo.

 

Eso implicaría revisar qué competencias permanecen en manos del Estado, cuáles corresponden a las comunidades autónomas y cuáles deberían ser municipales. Podríamos hablar, por ejemplo, de reforzar las competencias municipales en políticas sociales de proximidad, vivienda, promoción económica y empleo local, movilidad urbana, mantenimiento de determinados espacios públicos, políticas de mayores, juventud, igualdad, cultura, turismo, medio ambiente urbano o determinados programas de atención comunitaria.

 

Pero no basta con enumerar competencias, hay que hablar de dinero, de financiación suficiente para que se puedan prestar con un mínimo de calidad. Porque uno de los problemas históricos del municipalismo español es precisamente la distancia entre las responsabilidades que los ciudadanos atribuyen a los ayuntamientos y los recursos con los que realmente cuentan. Y esa distancia tiene consecuencias, pues un ayuntamiento puede tener voluntad política para desarrollar vivienda pública, pero carecer de suelo o financiación suficiente.

 

Puede querer reforzar los servicios sociales, pero encontrarse con programas condicionados y financiación finalista. Puede querer impulsar empleo, pero depender de convocatorias externas. Puede querer mejorar el transporte urbano, pero tener una estructura presupuestaria limitada. Puede querer transformar una ciudad, pero encontrarse con una arquitectura financiera pensada más para administrar que para transformar.

 

Más autonomía municipal también significa más responsabilidad, y exigir a nuestros gobernantes gestión responsable. Hay quien puede interpretar esta propuesta como una reivindicación para que los ayuntamientos reciban más dinero, es algo más profundo.

 

Más financiación debe significar también más responsabilidad y gestión, más políticas eficientes y menos políticas electorales de despilfarrar en proyectos interesados que no mejoran la calidad de la ciudadanía, y si el interés de unos cuantos.

Si queremos ayuntamientos con capacidad real para decidir, tendremos que aceptar también ayuntamientos obligados a explicar qué hacen con los recursos públicos, con nuestro dinero.

 

 

La segunda descentralización debería ir acompañada de transparencia, evaluación de políticas públicas, indicadores de resultados y rendición de cuentas y todo ello sin envolver de la verdad en tupidos velos. No se trata simplemente de que los alcaldes tengan más dinero, se trata de que tengan más capacidad para decidir y más obligación de responder ante sus ciudadanos.

 

Porque la democracia local tiene precisamente esa ventaja: la distancia entre gobernantes y gobernados es mucho menor.

El alcalde puede salir a la calle y encontrarse con sus vecinos. El concejal puede escuchar directamente las consecuencias de una decisión. El ciudadano sabe dónde reclamar. Por eso fortalecer a los municipios no debilita al Estado, al contrario. Un Estado fuerte necesita ayuntamientos fuertes.

 

Como politólogo y apasionado del municipalismo creo necesario que nuestro país necesita una segunda descentralización, y 

el debate que se abre ahora con la financiación autonómica es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar.

Podemos volver a enfrascarnos en la batalla habitual entre territorios, discutir cuánto recibe cada comunidad, quién gana y quién pierde y convertir la financiación en otro campo de batalla partidista.

 

O podemos aprovechar desde la FEMYP y las 17 federaciones regionales el momento para plantear una cuestión de mayor profundidad, directa y sin rubor.

 

¿Queremos seguir construyendo un Estado territorial en el que tres administraciones comparten responsabilidades, pero no siempre tienen claramente delimitadas sus competencias? ¿O queremos avanzar hacia un modelo en el que cada administración sepa qué tiene que hacer, con qué recursos y ante quién debe responder?

 

La respuesta debería ser evidente, España necesita culminar su proceso de descentralización. Y eso significa abrir una segunda descentralización: de las comunidades autónomas hacia los municipios.

 

No sería una concesión a los alcaldes, sería una inversión necesaria en democracia. Porque si el ciudadano vive en un municipio, paga impuestos en él, utiliza sus servicios y reclama soluciones a su ayuntamiento, resulta lógico que una parte mayor de los recursos públicos termine allí donde se encuentran los problemas.

 

La financiación autonómica puede ser el primer paso, pero no debería ser el último. Si estamos dispuestos a hablar de cómo repartir casi 21.000 millones más entre las comunidades autónomas, quizá ha llegado también el momento de preguntar cuánto poder, cuántas competencias y cuántos recursos estamos dispuestos a acercar a quienes tienen que dar la cara todos los días ante los ciudadanos: los ayuntamientos. Porque la verdadera descentralización no termina en la comunidad autónoma, 

empieza, de verdad, cuando el poder llega al municipio, nuestros ayuntamientos, y la ciudadanía optiene respuestas a sus demandas.