El reciente debate sobre el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Jerez y Saint-Gobain merece una reflexión serena, alejada de lecturas interesadas y, sobre todo, contextualizada en el momento en que se adoptó aquella decisión.

Entre 2007 y 2011 tuve el honor de desempeñar la responsabilidad de delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez. Durante ese mandato se negoció y firmó un convenio cuyo objetivo esencial era uno solo: garantizar la continuidad de una actividad industrial estratégica para la ciudad y preservar el empleo en un momento especialmente difícil para nuestra economía.

Conviene recordar cuál era la realidad de Jerez. Durante décadas la ciudad había asistido al progresivo desmantelamiento de su tejido industrial, estrechamente vinculado al sector vitivinícola. Empresas que cerraban, instalaciones que desaparecían y miles de puestos de trabajo que se perdían. En ese contexto, cualquier oportunidad para consolidar una actividad industrial debía ser considerada una prioridad política.

Saint-Gobain manifestó su voluntad de mantener su implantación industrial en Jerez. Esa era la premisa sobre la que se construyó el acuerdo

Saint-Gobain manifestó entonces su voluntad de mantener su implantación industrial en Jerez. Esa era la premisa sobre la que se construyó el acuerdo. El Ayuntamiento, ejerciendo sus competencias y dentro de la legalidad urbanística, articuló un convenio destinado a ofrecer la seguridad jurídica necesaria para favorecer esa permanencia. No fue un privilegio para una empresa; fue una apuesta por el interés general, por la actividad económica y por el empleo.

El convenio, además, no dejaba desprotegido al Ayuntamiento. Al contrario, incorporaba obligaciones concretas para la empresa y preveía mecanismos de garantía ante un eventual incumplimiento, incluyendo la posibilidad de resolver el acuerdo en los supuestos previstos.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado una realidad que no puede ignorarse. Saint-Gobain terminó abandonando la actividad industrial que justificó aquel acuerdo. Y es precisamente ahí donde puede afirmarse que la empresa tiene una deuda moral con Jerez. Una deuda con una ciudad que confió en su compromiso de permanencia, que puso a su disposición instrumentos urbanísticos para favorecer su continuidad y que esperaba que esa apuesta se tradujera en estabilidad económica y empleo.

Hoy puede afirmarse, con absoluta claridad, que Saint-Gobain tiene una deuda con Jerez. No es económica ni urbanística, sino de responsabilidad con una ciudad que creyó en su proyecto

También conviene recordar otro hecho que suele omitirse. Han transcurrido casi dos décadas desde la firma de aquel convenio. Durante ese tiempo han gobernado el Ayuntamiento corporaciones de distinto signo político y ninguno de esos gobiernos promovió la activación de la cláusula de reversión de la clasificación de los suelos prevista en el propio acuerdo. Ese dato no es menor. Demuestra que quienes posteriormente asumieron la responsabilidad de gestionar el urbanismo municipal tampoco consideraron procedente ejercer esa facultad o, sencillamente, no entendieron que concurrieran las circunstancias para hacerlo.

Gobernar consiste en asumir decisiones complejas. En aquellos años la prioridad era conservar empleo, mantener actividad industrial y evitar que Jerez siguiera perdiendo empresas. Esa fue la razón del convenio y esa sigue siendo una decisión plenamente defendible.

Lo verdaderamente decepcionante no fue que el Ayuntamiento intentara retener una industria estratégica. Lo decepcionante fue que la empresa no mantuviera el compromiso que sirvió de fundamento al acuerdo.

Por eso hoy puede afirmarse, con absoluta claridad, que Saint-Gobain tiene una deuda con Jerez. Una deuda que no es económica ni urbanística, sino de responsabilidad con una ciudad que creyó en su proyecto industrial y actuó en consecuencia. Esa es la verdadera cuestión que no debería perderse de vista cuando se revisa este episodio de nuestra historia reciente.