Entre algunas casualidades y demasiadas causalidades, continuamos contemplando una gestión política de lo inmediato, con elementos de sordidez insoportable que, además de cualquier otra obvia consideración, sigue impidiendo que se aborden los debates necesarios en nuestro país. 

Lo reiteramos: no vale la pena permanecer en el gobierno sin gobernar; entendiendo por gobernar  seguir algún plan o programa auténtico de transformación o de desarrollo social. No cuela tampoco una oposición puramente tacticista que no aclare su programa de actuación. Y, por supuesto, hay  que cuidarse de quienes, con un discurso aparentemente disruptivo, sólo persiguen  interesadamente la ruptura de los consensos sociales.  

En este momento es imposible que se establezcan puentes entre distintas fuerzas políticas que  compartan una idea de comunidad y de país. Sería necesario que, en algún momento, dejen de  ocuparse de la exclusiva disputa personal y se enfoquen en lo importante, porque lo importante  está siendo, ya, imprescindible. Lo contrario traslada a la ciudadanía la idea de que las  motivaciones que mueven la acción política tienen poco que ver con el interés general. Así, como  desgraciadamente lleva demasiado tiempo pasando, se instrumentalizan y desprestigian las  instituciones. Y los partidos, que deberían servir de cauce de una participación ciudadana activa,  ven desaparecer su función constitucional, cediendo su rol en favor exclusivo de determinados  gurús que sirven al líder correspondiente. Un despropósito. 

En este contexto, la confusión de los intereses privados con el quehacer público se petrifica como  mal de carácter transversal y endémico, que diría nuestro admirado Carlos Sánchez (forma muy  educada para referirnos a la corrupción y a la referida instrumentalización de las instituciones). El  esfuerzo político se diluye en la trifulca inoperante y la sensación de frustración ciudadana es  proporcional a la desafección que crece, además, en la misma medida en que los servicios no  funcionan y no se da respuesta a sus problemas más acuciantes. La única sensación que transmite  la política nacional es la de un constante ruido provocado por la pelea por mantenerse o subirse al  podio ejecutivo.  

Entretanto, como hemos insistido en esta columna, el mundo sigue. Un universo de novedades que describen con gran acierto y matices Enric Juliana y Esteban Hernández en su reciente libro Viaje a un Nuevo Mundo. Y sigue la humanidad en un proceso de cambio que está empezando  a crear desasosiego y que presenta, al menos, y entre otros, dos grandes aspectos que deberían  (pre)ocuparnos: la transformación profunda a nivel social y económico que suponen los sistemas  de inteligencia artificial y la constante actualización de nuevos (y viejos) riesgos que afectan a la  seguridad nacional e internacional, en esta nueva configuración del planeta cada vez más convulsa  e impredecible. 

Estos dos aspectos son, en gran medida, indisociables y provocan una situación de incertidumbre  general que requerirían posicionamientos claros, al menos en sus elementos más evidentes, y una  concienciación necesaria basada en la educación y la formación. Sin embargo, la percepción es que no se está dando una respuesta. Tampoco parece que lo estén haciendo con el suficiente compromiso las organizaciones que tienen encomendada la representación institucional de los  intereses de la ciudadanía. 

Ha cobrado por ello especial relevancia la esperada encíclica de León XIV, Magnifica  Humanitas, que extiende largamente los argumentos planteados en documentos anteriores, a los  que ya nos hemos referido en nuestras columnas. El Papa aporta una posición institucional y,  desde su cometido evangélico, lanza una pregunta a los fieles: “¿qué significa custodiar a la  persona humana en el tiempo de la IA?”. No obstante, el documento trasciende su fundamento  religioso y se dirige (así lo entendemos) a toda persona de buena fe que busque la verdad,  concebida, en el propio documento, como “…un elemento esencial para la democracia, que es en  sí misma un instrumento de participación en el bien común”. 

Sin olvidar su concepción y su misión, la encíclica es también un tratado sobre los riesgos y los  deberes para enfrentarse a una nueva realidad, aunque el Papa afirme que su intención no sea,  precisamente, ofrecer un tratado sobre inteligencia artificial. 

Esta nueva realidad provoca (y está conllevando) cambios realmente estructurales de índole social  y económica, en ámbitos tan fundamentales como el mundo del trabajo. Es incluso una  aproximación a la concepción de lo humano como categoría frente a la interferencia de lo  tecnocrático, concentrado en unas pocas manos, que controlarán no sólo el algoritmo, sino su  comportamiento moral. Como afirma con claridad, “…quien controla la IA impondrá su propia  visión moral, que se convertirá en la infraestructura invisible de los sistemas, no serviría de nada una IA más moral, si esta moral es decidida por unos pocos”. 

La Iglesia, como diría en su momento Ferrater Mora, parte de una visión lineal de la historia,  porque, en su concepción, representa la historia misma hasta el fin de los tiempos. La encíclica enlaza con la doctrina de los doctores de la Iglesia y de los Papas anteriores (además de otros  autores católicos que han merecido especial atención de los medios por su consideración más  mediática) y se detiene en la conexión con la Rerum Novarum de León XIII, que se asocia  tradicionalmente al origen de la denominada doctrina social de la Iglesia. 

Sin embargo, y nos gustaría destacarlo en este momento, los presupuestos que dan lugar a una y  otra encíclica (seguramente también su oportunidad y su motivación) han cambiado de forma muy  sustancial. La “Rerum Novarum”, entre otras muchas consideraciones, es una respuesta  relativamente tardía a los cambios sociales que suponían las primeras revoluciones industriales.  Pero también lo era fundamentalmente al movimiento obrero, como reacción colectiva y asociativa  que cuestionaba la propiedad privada por el abuso que claramente suponía en el ámbito productivo. La constatación de una necesidad de cambio social y económico y su reivindicación en esta  dimensión colectiva fue pues previa a la respuesta de la Iglesia. 

Ahora, en cambio, es la Iglesia quien se anticipa, plantea y vindica (en sus términos propios) una  respuesta colectiva para señalar los potenciales, y más que probables, perjuicios de la  concentración de la titularidad del cambio tecnológico en muy pocas manos y los efectos que puede  conllevar, comenzando por la posible afectación de la dignidad humana e incidiendo en la  exigencia de un comportamiento no solo ético sino responsable y de exigencia de responsabilidad ante un nuevo contexto de relaciones jurídicas. Como afirma con claridad, “se necesitan marcos  adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios y una política que no renuncie a su  tarea. De otro modo, el cambio será gobernado sólo por lógicas tecnocráticas y presentado como  necesario e imprescindible, terminando por imponer reglas dictadas por quienes poseen datos,  infraestructuras y capacidad de cálculo”.

Por eso, más allá del indudable valor para las personas creyentes como constructo de la doctrina  de la Iglesia ante un cambio como el que supone la extensión de la IA, el documento fija una  posición valiente ante una nueva realidad, que supone una auténtica transformación transversal, que no ha sido abordada con igual carácter general por otras organizaciones. La Iglesia ha dado  el primer paso, contundente en algunas de sus expresiones, aunque ligada, como no puede ser de  otra forma a su finalidad para la búsqueda del correcto discernimiento. Y esto no lo han hecho  otras posiciones a nivel político. No lo han hecho ni los partidos ni los gobiernos que se auto  definen de izquierdas, a quienes seguramente dirigiríamos las primeras miradas para encontrar una  propuesta de actuación o un posicionamiento, olvidando que, precisamente, su razón de ser debiera  estar en dar respuesta a los cambios estructurales que pudieran afectar a la igualdad efectiva de las  personas, al respeto a sus libertades y derechos básicos (comenzando por la dignidad y respeto a  su privacidad) y a la consecución de un orden social justo.  

Los retos son muchos. Los riesgos también. Y, sin embargo, el abandono de la política real, bien  por la percepción de colapso institucional, bien por el entretenimiento en debates absurdos, que  cuestionan los derechos elementales de los ciudadanos, conlleva la dejación del gobierno necesario  como país ante una realidad que avanza sin parar. Y es que, como dice también la encíclica,  “cuando la política renuncia a una visión a largo plazo y se reduce a cálculos de corto plazo o a  polarizaciones estériles, los discursos sobre el bien común pierden credibilidad, y al mismo tiempo  crecen las desigualdades y las fracturas sociales”. Como supondrán nuestros lectores habituales,  no podemos estar más de acuerdo...