El giro de 180 grados de Mbappé en el caso por presunta violación de Hakimi 
El emotivo espectáculo flamenco en Guadalcacín en homenaje póstumo a un gran aficionado 
Este es el equipo andaluz que ha conquistado una 'Champions' 
Detenido un hombre tras besar y abrazar a un niño de 4 años en una piscina 
Dolor en Algodonales por la muerte de Juan, el "niño de la eterna sonrisa" 
La facilidad con la que se colocan sucesivos conceptos en la opinión pública, faltos de contenidos o de significado etéreo, es tremenda. Eslóganes que simplemente pretenden condicionar los debates, y llevarlos a un ámbito puramente emocional, provocando la jocosidad de los intervinientes y de los acostumbran a sumarse como hooligans al coro de estos planteamientos.
Dentro de un concepto vacuo, envuelto en estudiados términos, que generalmente pueden sonarle bien al público destinatario, se consigue el efecto deseado: poder incluir un cúmulo de ocurrencias, no necesariamente hiladas, dentro de una expresión en la que caben diferentes aproximaciones subjetivas, que, no obstante, permiten entusiastas adscripciones colectivas. Caer en la incoherencia está casi asegurado. Sin embargo, la falta de coherencia está lejos de ser un problema para los promotores porque, como decimos, su objetivo es otro. La función pretendida es evitar cualquier razonamiento, obviar cualquier debate sosegado y atacar cuestiones que necesitarían de una reflexión colectiva profunda que precisamente se quiere evitar. Las incoherencias se pretenden salvar gritando o coreando el lema de turno, incluso como verdadera propuesta de gobierno, única pero siempre ocasional, insistiendo en el concepto que se predica como una verdad casi absoluta.
Representa la total simplificación de la política, concordante con el aprovechamiento y fomento de la ignorancia que hemos denunciado reiteradamente, y con una forma hábil de esconder los verdaderos objetivos perseguidos. No es exclusivo de ninguna posición y es un fenómeno recurrente en la actual (y no tan actual) comunicación política. Sin embargo, algunas formaciones abusan más que otras de estas formas de expresión. Así mantienen “prietas las filas”, concentrando sus posicionamientos en este tipo de fórmulas, que se suceden una tras otra de manera adaptativa, según la finalidad pretendida.
Reducir la política a estos estándares debería ser objeto de un análisis detenido. Incluso, de exigencia de responsabilidad (también, cuando corresponda, con la historia) porque lo que se pretende es romper el clima de concordia e imponer criterios oportunistas, casi siempre variables, que parten de criterios excluyentes o únicamente identitarios.
El empleo y abuso de estas estrategias casan mal con la defensa de la convivencia, que debería ser uno de los primeros bienes a considerar por parte de cualquier opción política auténticamente responsable. Por ello, cuando los partidos con genuina vocación de gobierno aceptan los términos de estos falsos debates pueden caer en el descrédito y ser suplantados por quienes han puesto la trampa. Como decimos, su finalidad no considera el bien común.
Es lo que ocurre con la reciente exigencia de “prioridad nacional”. Un concepto que, si se abstrae de su utilización exclusivamente partidaria e interesada, debería aludir a los verdaderos problemas a abordar como nación. Eso sí, con la serenidad y los acuerdos que fueran necesarios desde el respeto de las legítimas posiciones, tal como requeriría el abordaje de problemas complejos (no será por falta de ellos…). Por el contrario, en el caso concreto actual, se utiliza con la idea de atacar a cualquier tipo de inmigración, sea de residentes legales o no, bajo la prostitución de un término que se usa como eufemismo. Incluso nos lleva, de manera inconsciente, a preguntarnos si nosotros mismos entramos dentro del selecto grupo que se merece esa “prioridad nacional”. Si somos “buenos españoles” y, más concretamente, si en algún momento, por nuestras ideas o circunstancias personales, podríamos caer en algunas de las categorías a discriminar. La hilaridad de estas reflexiones provocaría sonrojo si no fuera la manifestación más actual de una posición que realmente pretende, por el momento, la exclusión del foráneo, del forastero en su expresión más castiza. La hilaridad se quiebra cuando se recuerdan las Leyes de Nuremberg, y las palabras de Martin Niemöller (erróneamente atribuidas a Bertold Brecht): “Primero vinieron a por otros, y guardé silencio…”
Por el momento, es el “forastero” el que realmente queda afectado si atendemos a cómo se traslada la pretendida “prioridad nacional” al texto de los acuerdos de gobierno regionales en Extremadura y Aragón, cuyo contenido, muy previsiblemente, se pretendan imponer en Andalucía. Preguntados por los detalles de su propuesta, los mismos promotores no sabían concretar muy bien qué es un “español” a estos efectos, llegando incluso a decir que lo era el que tenía “padre y madre españoles”. Acosados por la realidad, finalmente el “vínculo nacional” parece que se concreta en quienes acrediten un arraigo al territorio, que excluye a extranjeros, pero también a nacionales no vinculados al mismo. Se quiebra así el derecho fundamental de libre circulación por el territorio nacional y una de las libertades básicas de la Unión Europea.
La cuestión no merecería el más mínimo análisis jurídico, ni de legalidad. No podemos esperar una brizna de coherencia en planteamientos que no toman en consideración el respeto a la discusión intelectual sobre el tema. Su finalidad es otra, como decimos, y los referidos documentos son una pésima expresión de la capacidad de quienes aúnan su idea de gobernar. Son, entre otras cosas, documentos muy malos que desprestigian la política; ni siquiera reflejan posiciones que podrían considerarse legítimas y manifiestan una falta de respeto a principios constitucionales elementales, escondiendo la pretensión de favorecer determinadas posiciones casi lobbistas, aunque ni siquiera llegan a tal grado de sofisticación.
Es obligado recordar la consolidada la doctrina constitucional que distingue entre derechos de la persona y derechos de la ciudadanía, situando los derechos fundamentales básicos entre los primeros. Si lo que se pretende exclusivamente es priorizar a esos “nacionales” en el acceso a los servicios públicos además de afectar a derechos de las personas pueden dar lugar a situaciones ridículas, de tomarse en serio. Por ejemplo, ¿se limitaría el acceso a la universidad en función del “arraigo” a un territorio? Si las prioridades nacionales (en abstracto) pretenden dividir la sociedad, dejan inmediata y evidentemente de serlo.
La única finalidad, como decimos, es abusar de un eufemismo para plantear abiertamente el rechazo a las personas inmigrantes, a sabiendas de que ya en torno a un diez por ciento de nuestros ciudadanos han nacido fuera de España o que tenemos muchos andaluces y españoles trabajando fuera (sobre todo jóvenes) que quedarían excluidos del selectivo grupo de personas con arraigo. O incluso entrarían en crisis los cientos de miles, cuando no millones, de familias que ya en nuestro país están formadas por españoles y extranjeros.
Frente a este mantra sobre el reto migratorio, que es global, las auténticas prioridades nacionales están en otro ámbito. Y si hablamos de seguridad, debiera ser cuestión de estado analizar y plantear respuestas adecuadas a los problemas que señala para nuestro país el Informe de Seguridad Nacional 2025, remitido ya al parlamento y al que deberíamos prestar mayor atención.
Son muchos los retos y riesgos que afectan a nuestra seguridad como nación pero, para los expertos en la materia, las personas extranjeras que conviven con nosotros no están entre ellos. Destaca, sin embargo, el Informe, la “vulnerabilidad del ciberespacio y las campañas de desinformación” en cuanto impacto y probabilidad. Como sigue afirmando, “son dos amenazas para la seguridad nacional que, al margen de la situación coyuntural de cada año, siempre han ocupado los puestos más altos en el ranking del mapa de riesgos”; y añade, en otro punto, “las campañas de desinformación se consolidan como un vector destacado de inestabilidad, así como un instrumento híbrido que atenta contra la cohesión social y la legitimidad institucional, impactando también en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas”. Ahí queda.
La facilidad con la que se colocan sucesivos conceptos en la opinión pública, faltos de contenidos o de significado etéreo, es tremenda. Eslóganes que simplemente pretenden condicionar los debates, y llevarlos a un ámbito puramente emocional, provocando la jocosidad de los intervinientes y de los acostumbran a sumarse como hooligans al coro de estos planteamientos.
Dentro de un concepto vacuo, envuelto en estudiados términos, que generalmente pueden sonarle bien al público destinatario, se consigue el efecto deseado: poder incluir un cúmulo de ocurrencias, no necesariamente hiladas, dentro de una expresión en la que caben diferentes aproximaciones subjetivas, que, no obstante, permiten entusiastas adscripciones colectivas. Caer en la incoherencia está casi asegurado. Sin embargo, la falta de coherencia está lejos de ser un problema para los promotores porque, como decimos, su objetivo es otro. La función pretendida es evitar cualquier razonamiento, obviar cualquier debate sosegado y atacar cuestiones que necesitarían de una reflexión colectiva profunda que precisamente se quiere evitar. Las incoherencias se pretenden salvar gritando o coreando el lema de turno, incluso como verdadera propuesta de gobierno, única pero siempre ocasional, insistiendo en el concepto que se predica como una verdad casi absoluta.
Representa la total simplificación de la política, concordante con el aprovechamiento y fomento de la ignorancia que hemos denunciado reiteradamente, y con una forma hábil de esconder los verdaderos objetivos perseguidos. No es exclusivo de ninguna posición y es un fenómeno recurrente en la actual (y no tan actual) comunicación política. Sin embargo, algunas formaciones abusan más que otras de estas formas de expresión. Así mantienen “prietas las filas”, concentrando sus posicionamientos en este tipo de fórmulas, que se suceden una tras otra de manera adaptativa, según la finalidad pretendida.
Reducir la política a estos estándares debería ser objeto de un análisis detenido. Incluso, de exigencia de responsabilidad (también, cuando corresponda, con la historia) porque lo que se pretende es romper el clima de concordia e imponer criterios oportunistas, casi siempre variables, que parten de criterios excluyentes o únicamente identitarios.
El empleo y abuso de estas estrategias casan mal con la defensa de la convivencia, que debería ser uno de los primeros bienes a considerar por parte de cualquier opción política auténticamente responsable. Por ello, cuando los partidos con genuina vocación de gobierno aceptan los términos de estos falsos debates pueden caer en el descrédito y ser suplantados por quienes han puesto la trampa. Como decimos, su finalidad no considera el bien común.
Es lo que ocurre con la reciente exigencia de “prioridad nacional”. Un concepto que, si se abstrae de su utilización exclusivamente partidaria e interesada, debería aludir a los verdaderos problemas a abordar como nación. Eso sí, con la serenidad y los acuerdos que fueran necesarios desde el respeto de las legítimas posiciones, tal como requeriría el abordaje de problemas complejos (no será por falta de ellos…). Por el contrario, en el caso concreto actual, se utiliza con la idea de atacar a cualquier tipo de inmigración, sea de residentes legales o no, bajo la prostitución de un término que se usa como eufemismo. Incluso nos lleva, de manera inconsciente, a preguntarnos si nosotros mismos entramos dentro del selecto grupo que se merece esa “prioridad nacional”. Si somos “buenos españoles” y, más concretamente, si en algún momento, por nuestras ideas o circunstancias personales, podríamos caer en algunas de las categorías a discriminar. La hilaridad de estas reflexiones provocaría sonrojo si no fuera la manifestación más actual de una posición que realmente pretende, por el momento, la exclusión del foráneo, del forastero en su expresión más castiza. La hilaridad se quiebra cuando se recuerdan las Leyes de Nuremberg, y las palabras de Martin Niemöller (erróneamente atribuidas a Bertold Brecht): “Primero vinieron a por otros, y guardé silencio…”
Por el momento, es el “forastero” el que realmente queda afectado si atendemos a cómo se traslada la pretendida “prioridad nacional” al texto de los acuerdos de gobierno regionales en Extremadura y Aragón, cuyo contenido, muy previsiblemente, se pretendan imponer en Andalucía. Preguntados por los detalles de su propuesta, los mismos promotores no sabían concretar muy bien qué es un “español” a estos efectos, llegando incluso a decir que lo era el que tenía “padre y madre españoles”. Acosados por la realidad, finalmente el “vínculo nacional” parece que se concreta en quienes acrediten un arraigo al territorio, que excluye a extranjeros, pero también a nacionales no vinculados al mismo. Se quiebra así el derecho fundamental de libre circulación por el territorio nacional y una de las libertades básicas de la Unión Europea.
La cuestión no merecería el más mínimo análisis jurídico, ni de legalidad. No podemos esperar una brizna de coherencia en planteamientos que no toman en consideración el respeto a la discusión intelectual sobre el tema. Su finalidad es otra, como decimos, y los referidos documentos son una pésima expresión de la capacidad de quienes aúnan su idea de gobernar. Son, entre otras cosas, documentos muy malos que desprestigian la política; ni siquiera reflejan posiciones que podrían considerarse legítimas y manifiestan una falta de respeto a principios constitucionales elementales, escondiendo la pretensión de favorecer determinadas posiciones casi lobbistas, aunque ni siquiera llegan a tal grado de sofisticación.
Es obligado recordar la consolidada la doctrina constitucional que distingue entre derechos de la persona y derechos de la ciudadanía, situando los derechos fundamentales básicos entre los primeros. Si lo que se pretende exclusivamente es priorizar a esos “nacionales” en el acceso a los servicios públicos además de afectar a derechos de las personas pueden dar lugar a situaciones ridículas, de tomarse en serio. Por ejemplo, ¿se limitaría el acceso a la universidad en función del “arraigo” a un territorio? Si las prioridades nacionales (en abstracto) pretenden dividir la sociedad, dejan inmediata y evidentemente de serlo.
La única finalidad, como decimos, es abusar de un eufemismo para plantear abiertamente el rechazo a las personas inmigrantes, a sabiendas de que ya en torno a un diez por ciento de nuestros ciudadanos han nacido fuera de España o que tenemos muchos andaluces y españoles trabajando fuera (sobre todo jóvenes) que quedarían excluidos del selectivo grupo de personas con arraigo. O incluso entrarían en crisis los cientos de miles, cuando no millones, de familias que ya en nuestro país están formadas por españoles y extranjeros.
Frente a este mantra sobre el reto migratorio, que es global, las auténticas prioridades nacionales están en otro ámbito. Y si hablamos de seguridad, debiera ser cuestión de estado analizar y plantear respuestas adecuadas a los problemas que señala para nuestro país el Informe de Seguridad Nacional 2025, remitido ya al parlamento y al que deberíamos prestar mayor atención.
Son muchos los retos y riesgos que afectan a nuestra seguridad como nación pero, para los expertos en la materia, las personas extranjeras que conviven con nosotros no están entre ellos. Destaca, sin embargo, el Informe, la “vulnerabilidad del ciberespacio y las campañas de desinformación” en cuanto impacto y probabilidad. Como sigue afirmando, “son dos amenazas para la seguridad nacional que, al margen de la situación coyuntural de cada año, siempre han ocupado los puestos más altos en el ranking del mapa de riesgos”; y añade, en otro punto, “las campañas de desinformación se consolidan como un vector destacado de inestabilidad, así como un instrumento híbrido que atenta contra la cohesión social y la legitimidad institucional, impactando también en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas”. Ahí queda.
Comentarios