Insistir en que vivimos un momento de cambio estructural, que puede ser también de paradigma, en el que se cuestionan aspectos tan básicos como el propio rol del Estado o, sobre todo, quién debe ejercer su gobierno real, es tanto como admitir que se están transformando las reglas en las que hemos venido fundamentando el contrato social en que se basa nuestro modelo democrático. Por supuesto, están cambiando las prioridades de los gobiernos a la par que se están alterando los equilibrios geoestratégicos, y nuevos agentes asumen un papel prescriptivo de qué debe ser el futuro, adquiriendo un protagonismo proporcional a su propio interés y al control social y económico que son capaces de ejercer.
La cuestión, de hecho, se concreta en distintas publicaciones, a las que hemos venido haciendo referencia en esta columna, como la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos (con sus críticas y afectaciones a la Unión Europea) o el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage. Pero también en publicaciones que provienen directamente del entorno tecnológico con las que presentan no pocas coincidencias.
Recientemente habría que aludir, y así se ha hecho eco la prensa nacional e internacional, a las 22 tesis contenidas en el denominado Manifiesto Palantir, resumen o conclusión, por así decir, del libro del que es coautor su CEO, cuyo título en sí ya presenta toda una declaración de intenciones: “La república tecnológica” (y más si cabe su subtítulo: “poder duro, pensamiento débil y el futuro de occidente”). Palantir es una empresa de software, dedicada a la gestión de macrodatos, que actualmente pasa por ser una de las primeras contratas del Pentágono.
El libro parte de la necesidad, según sus autores, de asociar Estado y tecnología industrial, llegando a defender un “gobierno de ingenieros”. Considera errónea la que, en su opinión, ha sido la opción más reciente de los desarrolladores tecnológicos en favor exclusivamente del consumo (apps, intermediación y redes sociales) y plantea volver al vínculo entre tecnología y política de guerra (no se obvia tal concepto), en el que funda la original y ahora cuestionable primacía tecnológica de los EEUU. Así, en la que denominan “época del software”, la conexión con la industria militar y una determinada visión de los EEUU (con menciones tangenciales a los socios europeos) se unen a un declarado “deber de la defensa de la nación” (obviamente Estados Unidos), que atribuyen a las propias empresas tecnológicas de Silicon Valley. No es casual que todas las grandes empresas del sector, particularmente en IA, estén firmando contratos con el Pentágono. Guerra, gestión de datos e inteligencia artificial, pero también una determinada concepción de la sociedad, parecen ir de la mano, como sucede a menudo, tristemente, con muchas de las innovaciones humanas.
La guerra, pues, se sitúa como elemento central de la política y del desarrollo tecnológico, asociada a cuestiones no menores como son la visión supremacista de occidente y una alerta constante sobre el riesgo de pérdida de identidad cultural (¿suena?), que otros documentos, y determinados discursos y actuación políticos, vinculan a la inmigración. Este “riesgo” solo sería reconducible a través de un ejercicio fuerte del poder (hard power), frente al fracaso que entienden de una política de influencia meramente cultural (soft power) y de un replanteamiento de las autolimitaciones que supone cualquier comportamiento basado en los tradicionales estándares éticos.
Por supuesto, este planteamiento se pretende fundamentar en una declaración formal de defensa de la democracia, pero sin comprender, o directamente despreciando, los presupuestos de cualquier sistema que merezca reconocerse realmente como tal. Se plantea, por ejemplo, una crítica feroz a la “abstención política empresarial” de los que llaman despectivamente “agnósticos tecnológicos” y se aboga por un apartamiento del mundo intelectual o académico.
¿Qué supone este planteamiento de fondo cuyos presupuestos, por muy comedidos que formalmente parezcan, implican lo que algunos autores denominan directamente tecnofascismo?
En este asunto concurren distintos vectores que nos afectan directamente, partiendo de que son planteados desde posiciones que tienen un poder social y económico consolidado y que aspiran ahora, sin ambages, a ser también poder político.
Supone una declaración expresa de la voluntad de asumir el gobierno (por ahora con minúsculas) por parte de esta oligarquía que, según sus propios datos, controla cerca del 86% del valor global de las empresas tecnológicas a nivel mundial; parte, como decimos, de un modelo social (valores de occidente) al que le dan carácter “religioso”, criticando la equidistancia de la tolerancia con otros posibles; plantea la reforma de las estructuras de decisión política y los aspectos en que se fundamenta, en una visión aparentemente rupturista y salvífica, pero que no esconde intereses puramente comerciales. Por supuesto, excluye cualquier visión social.
Obviamente, la buena recepción de argumentos como estos se basa en que emplean términos genéricos que siempre parecen aceptables. Quién va a estar en contra de la innovación; de la defensa de la patria; quién va a negar la importancia del mérito. Quién puede ser contrario a los valores democráticos que dicen defender (eso sí, sin definir), salvo por el hecho de que excluyen piezas consustanciales elementales.
Algunas propuestas requieren poca interpretación. Por ejemplo, plantea expresamente revertir el estatus de Alemania y Japón derivado tras la IIGM, en lo que supone una declaración de abandonar definitivamente el orden surgido tras la misma. Que lo haga, además, una empresa tecnológica nos debería hacer reflexionar y que la administración norteamericana anuncie “casualmente” al tiempo la retirada de tropas del país europeo, también. Pero, sobre todo, llama la atención la propuesta expresa del Manifiesto de retomar un servicio militar obligatorio, que parece una especie de anunciada leva de jóvenes ante una situación generalizada de guerra que parece preconizar como algo inevitable (y, para ellos, posiblemente deseable). Quizá sea una expresión desacomplejada del papel que se reserva a la juventud y del rol muy secundario en que sitúa a las necesidades de las personas comunes. Habría que hacerlo saber.
Como es fácilmente comprobable, documentos y libros como estos nos ayudan a entender, al menos en parte, lo que está sucediendo. Funcionan como auténticos programas de gobierno. La diferencia es de dónde vienen y qué significan. En una sociedad cada vez más tecnificada, quienes tienen una posición de privilegio pretenden conformar una nueva forma de poder partiendo de la ruptura social o, cuando menos, sin contemplar los parámetros sociales de procedencia, rechazando la igualdad y comprendiendo el respeto a un comportamiento ético como un lastre del desarrollo. Todo ello planteado antes de que la propia sociedad parezca ser consciente, aunque los planteamientos sean públicos y explícitos.
Por ello, tiene importancia qué respuesta dar. No basta con una oposición oportunista, meramente coyuntural y falta de contenido, porque el cambio propuesto es claramente estructural. Requiere de un fondo que fundamente el necesario respeto a principios básicos y elementales. Por eso destacábamos en la columna anterior la posición de la Iglesia y, en concreto, del Papa, con un mensaje claro en favor de la dignidad de la persona y en contra de la guerra y de sus adalides en el que ha vuelto a incidir en estos días. Porque manifiestos como estos tienen repercusión evidente en la vida de las personas y una capacidad de influencia indiscutible.
Por ejemplo, uno de los aspectos (justificaciones) que han sabido colocar, y que es común a quien cuestiona el modelo democrático, es la oportunidad de dejar el gobierno en mano de una pretendida oligarquía meritocrática. Así lo dispone el documento (siempre que el “mérito” sea lo que ellos entienden como tal) y aparece como una de las preferencias de nuestros jóvenes en la encuesta que la Fundación SM ha publicado recientemente (“Jóvenes Españoles 2026”).
Esta encuesta revela datos importantes. Por ejemplo, que el sistema democrático no reúne las adhesiones de antes y se relativiza como modelo de referencia, en favor de sistemas más autoritarios que se consideran más eficaces o efectivos. No parece que los jóvenes sean conscientes del papel que esta oligarquía les reserva. En gran medida, ser carne de cañón, como ya sucedió, con resultados dramáticos, a comienzos del siglo XX en circunstancias que podrían ser más similares de lo que aparentan. Dos guerras mundiales consecutivas fueron el resultado.
En todo caso es claro que la juventud, y gran parte de la sociedad, no está viendo respuestas adecuadas a los retos y necesidades que les atañen, lo que acaba convirtiéndose en frustraciones. Seguramente también tienen una visión propia de la vida. Y posiblemente vean cantos de sirenas en mensajes que no toman en cuenta sus propios derechos y aspiraciones, disfrazados de una falsa claridad y ejecutividad. Así acabamos hablando de “prioridades nacionales” que no saben definir ni quienes las plantean, pero que les “suenan bien”. De eso hablaremos en otra ocasión.
Insistir en que vivimos un momento de cambio estructural, que puede ser también de paradigma, en el que se cuestionan aspectos tan básicos como el propio rol del Estado o, sobre todo, quién debe ejercer su gobierno real, es tanto como admitir que se están transformando las reglas en las que hemos venido fundamentando el contrato social en que se basa nuestro modelo democrático. Por supuesto, están cambiando las prioridades de los gobiernos a la par que se están alterando los equilibrios geoestratégicos, y nuevos agentes asumen un papel prescriptivo de qué debe ser el futuro, adquiriendo un protagonismo proporcional a su propio interés y al control social y económico que son capaces de ejercer.
La cuestión, de hecho, se concreta en distintas publicaciones, a las que hemos venido haciendo referencia en esta columna, como la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos (con sus críticas y afectaciones a la Unión Europea) o el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage. Pero también en publicaciones que provienen directamente del entorno tecnológico con las que presentan no pocas coincidencias.
Recientemente habría que aludir, y así se ha hecho eco la prensa nacional e internacional, a las 22 tesis contenidas en el denominado Manifiesto Palantir, resumen o conclusión, por así decir, del libro del que es coautor su CEO, cuyo título en sí ya presenta toda una declaración de intenciones: “La república tecnológica” (y más si cabe su subtítulo: “poder duro, pensamiento débil y el futuro de occidente”). Palantir es una empresa de software, dedicada a la gestión de macrodatos, que actualmente pasa por ser una de las primeras contratas del Pentágono.
El libro parte de la necesidad, según sus autores, de asociar Estado y tecnología industrial, llegando a defender un “gobierno de ingenieros”. Considera errónea la que, en su opinión, ha sido la opción más reciente de los desarrolladores tecnológicos en favor exclusivamente del consumo (apps, intermediación y redes sociales) y plantea volver al vínculo entre tecnología y política de guerra (no se obvia tal concepto), en el que funda la original y ahora cuestionable primacía tecnológica de los EEUU. Así, en la que denominan “época del software”, la conexión con la industria militar y una determinada visión de los EEUU (con menciones tangenciales a los socios europeos) se unen a un declarado “deber de la defensa de la nación” (obviamente Estados Unidos), que atribuyen a las propias empresas tecnológicas de Silicon Valley. No es casual que todas las grandes empresas del sector, particularmente en IA, estén firmando contratos con el Pentágono. Guerra, gestión de datos e inteligencia artificial, pero también una determinada concepción de la sociedad, parecen ir de la mano, como sucede a menudo, tristemente, con muchas de las innovaciones humanas.
La guerra, pues, se sitúa como elemento central de la política y del desarrollo tecnológico, asociada a cuestiones no menores como son la visión supremacista de occidente y una alerta constante sobre el riesgo de pérdida de identidad cultural (¿suena?), que otros documentos, y determinados discursos y actuación políticos, vinculan a la inmigración. Este “riesgo” solo sería reconducible a través de un ejercicio fuerte del poder (hard power), frente al fracaso que entienden de una política de influencia meramente cultural (soft power) y de un replanteamiento de las autolimitaciones que supone cualquier comportamiento basado en los tradicionales estándares éticos.
Por supuesto, este planteamiento se pretende fundamentar en una declaración formal de defensa de la democracia, pero sin comprender, o directamente despreciando, los presupuestos de cualquier sistema que merezca reconocerse realmente como tal. Se plantea, por ejemplo, una crítica feroz a la “abstención política empresarial” de los que llaman despectivamente “agnósticos tecnológicos” y se aboga por un apartamiento del mundo intelectual o académico.
¿Qué supone este planteamiento de fondo cuyos presupuestos, por muy comedidos que formalmente parezcan, implican lo que algunos autores denominan directamente tecnofascismo?
En este asunto concurren distintos vectores que nos afectan directamente, partiendo de que son planteados desde posiciones que tienen un poder social y económico consolidado y que aspiran ahora, sin ambages, a ser también poder político.
Supone una declaración expresa de la voluntad de asumir el gobierno (por ahora con minúsculas) por parte de esta oligarquía que, según sus propios datos, controla cerca del 86% del valor global de las empresas tecnológicas a nivel mundial; parte, como decimos, de un modelo social (valores de occidente) al que le dan carácter “religioso”, criticando la equidistancia de la tolerancia con otros posibles; plantea la reforma de las estructuras de decisión política y los aspectos en que se fundamenta, en una visión aparentemente rupturista y salvífica, pero que no esconde intereses puramente comerciales. Por supuesto, excluye cualquier visión social.
Obviamente, la buena recepción de argumentos como estos se basa en que emplean términos genéricos que siempre parecen aceptables. Quién va a estar en contra de la innovación; de la defensa de la patria; quién va a negar la importancia del mérito. Quién puede ser contrario a los valores democráticos que dicen defender (eso sí, sin definir), salvo por el hecho de que excluyen piezas consustanciales elementales.
Algunas propuestas requieren poca interpretación. Por ejemplo, plantea expresamente revertir el estatus de Alemania y Japón derivado tras la IIGM, en lo que supone una declaración de abandonar definitivamente el orden surgido tras la misma. Que lo haga, además, una empresa tecnológica nos debería hacer reflexionar y que la administración norteamericana anuncie “casualmente” al tiempo la retirada de tropas del país europeo, también. Pero, sobre todo, llama la atención la propuesta expresa del Manifiesto de retomar un servicio militar obligatorio, que parece una especie de anunciada leva de jóvenes ante una situación generalizada de guerra que parece preconizar como algo inevitable (y, para ellos, posiblemente deseable). Quizá sea una expresión desacomplejada del papel que se reserva a la juventud y del rol muy secundario en que sitúa a las necesidades de las personas comunes. Habría que hacerlo saber.
Como es fácilmente comprobable, documentos y libros como estos nos ayudan a entender, al menos en parte, lo que está sucediendo. Funcionan como auténticos programas de gobierno. La diferencia es de dónde vienen y qué significan. En una sociedad cada vez más tecnificada, quienes tienen una posición de privilegio pretenden conformar una nueva forma de poder partiendo de la ruptura social o, cuando menos, sin contemplar los parámetros sociales de procedencia, rechazando la igualdad y comprendiendo el respeto a un comportamiento ético como un lastre del desarrollo. Todo ello planteado antes de que la propia sociedad parezca ser consciente, aunque los planteamientos sean públicos y explícitos.
Por ello, tiene importancia qué respuesta dar. No basta con una oposición oportunista, meramente coyuntural y falta de contenido, porque el cambio propuesto es claramente estructural. Requiere de un fondo que fundamente el necesario respeto a principios básicos y elementales. Por eso destacábamos en la columna anterior la posición de la Iglesia y, en concreto, del Papa, con un mensaje claro en favor de la dignidad de la persona y en contra de la guerra y de sus adalides en el que ha vuelto a incidir en estos días. Porque manifiestos como estos tienen repercusión evidente en la vida de las personas y una capacidad de influencia indiscutible.
Por ejemplo, uno de los aspectos (justificaciones) que han sabido colocar, y que es común a quien cuestiona el modelo democrático, es la oportunidad de dejar el gobierno en mano de una pretendida oligarquía meritocrática. Así lo dispone el documento (siempre que el “mérito” sea lo que ellos entienden como tal) y aparece como una de las preferencias de nuestros jóvenes en la encuesta que la Fundación SM ha publicado recientemente (“Jóvenes Españoles 2026”).
Esta encuesta revela datos importantes. Por ejemplo, que el sistema democrático no reúne las adhesiones de antes y se relativiza como modelo de referencia, en favor de sistemas más autoritarios que se consideran más eficaces o efectivos. No parece que los jóvenes sean conscientes del papel que esta oligarquía les reserva. En gran medida, ser carne de cañón, como ya sucedió, con resultados dramáticos, a comienzos del siglo XX en circunstancias que podrían ser más similares de lo que aparentan. Dos guerras mundiales consecutivas fueron el resultado.
En todo caso es claro que la juventud, y gran parte de la sociedad, no está viendo respuestas adecuadas a los retos y necesidades que les atañen, lo que acaba convirtiéndose en frustraciones. Seguramente también tienen una visión propia de la vida. Y posiblemente vean cantos de sirenas en mensajes que no toman en cuenta sus propios derechos y aspiraciones, disfrazados de una falsa claridad y ejecutividad. Así acabamos hablando de “prioridades nacionales” que no saben definir ni quienes las plantean, pero que les “suenan bien”. De eso hablaremos en otra ocasión.
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