La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su preocupación por las conclusiones del último informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), dependiente del Consejo de Europa, que señala una situación especialmente preocupante en las prisiones de Huelva, Algeciras y Puerto III. El documento recoge denuncias de personas privadas de libertad que aseguran haber sufrido presuntos malos tratos físicos por parte de personal penitenciario durante la visita realizada por el comité a España entre el 28 de abril y el 9 de mayo de 2025.

Según el informe, numerosos internos relataron haber recibido bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con defensas, algunos de ellos en espacios de los centros penitenciarios que carecían de cámaras de videovigilancia. Para APDHA, estas conclusiones "confirman una realidad que la asociación conoce desde hace años mediante sus visitas periódicas a las prisiones de El Puerto de Santa María y el acompañamiento a las personas presas y a sus familiares".

APDHA denuncia deficiencias estructurales en la investigación de los presuntos malos tratos

La organización sostiene que las quejas por posibles agresiones en módulos de aislamiento y régimen cerrado son habituales y asegura que persisten dificultades para obtener partes de lesiones adecuados o lograr que las denuncias sean investigadas hasta sus últimas consecuencias. Además, advierte de que muchas personas privadas de libertad optan por no denunciar por miedo a represalias, por la dificultad para acreditar los hechos o por la falta de confianza en los mecanismos de control existentes.

A juicio de APDHA, el problema trasciende la posible actuación irregular de funcionarios concretos y responde a deficiencias estructurales en los sistemas de prevención, documentación e investigación de los malos tratos en prisión. La asociación considera que cualquier denuncia de tortura o trato degradante debe dar lugar a una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial e independiente, y sostiene que no resulta suficiente que el esclarecimiento de los hechos dependa principalmente de informes elaborados por la propia institución denunciada.

En esta línea, el CPT insta a las autoridades españolas a reforzar las medidas destinadas a erradicar los malos tratos mediante un mensaje de tolerancia cero, una mayor formación del personal penitenciario en técnicas de desescalada, mejores reconocimientos médicos, partes de lesiones más completos, investigaciones independientes y un control judicial más efectivo sobre las denuncias.

La asociación propone crear un mecanismo andaluz de prevención de la tortura

APDHA recuerda que, ante la falta de investigaciones efectivas en algunos casos, ha recurrido al Tribunal Constitucional mediante recursos de amparo. Uno de ellos, relacionado con hechos ocurridos en Granada, fue estimado, mientras que otro, referido a una denuncia procedente del centro penitenciario de Córdoba, ha sido admitido a trámite. Para la asociación, tener que acudir al alto tribunal evidencia "la insuficiencia de los mecanismos ordinarios de investigación y tutela frente a las denuncias de malos tratos".

La entidad sostiene además que "no puede hablarse de investigaciones eficaces cuando la persona presa soporta prácticamente en solitario la carga de demostrar lo ocurrido y las principales fuentes de prueba se encuentran bajo el control de la propia Administración denunciada". En este sentido, añade que "la opacidad de los espacios de privación de libertad exige más garantías, no menos".

El informe también centra la atención en las deficiencias sanitarias detectadas en los centros penitenciarios. El comité europeo alerta de una escasez de personal sanitario, especialmente de médicos, retrasos en la asistencia y una atención psicológica insuficiente para personas sometidas a separación o aislamiento. APDHA asegura haber recibido quejas en Puerto III por la retirada o reducción de medicación relacionada con problemas de salud mental, la falta de atención psiquiátrica y reconocimientos médicos realizados sin las condiciones de privacidad necesarias.

Por todo ello, la asociación reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que apliquen íntegramente las recomendaciones del CPT, entre ellas la instalación de videovigilancia en las zonas donde se producen intervenciones regimentales, la conservación de las grabaciones, la realización de reconocimientos médicos confidenciales y la comunicación inmediata a la autoridad judicial de cualquier indicio de agresión.

Además, propone que el Parlamento de Andalucía impulse la creación de un Mecanismo Andaluz para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, integrado en el Defensor del Pueblo Andaluz y coordinado con el mecanismo nacional. APDHA concluye que "las torturas y los malos tratos encuentran terreno favorable allí donde existen opacidad, descontrol y ausencia de mecanismos independientes" y considera que "el informe del CPT obliga a reaccionar. Ninguna persona puede quedar fuera de la protección de los derechos humanos por encontrarse privada de libertad".