En la actualidad, la vivienda, aunque reconocida en la Constitución Española como un derecho, cada vez se está volviendo más un lujo. Esto nos lleva a que, independientemente del colectivo social al que pertenezcamos, nos veamos afectados.

Esto lo podemos observar, de forma clara, al ver cómo antes, con un único sueldo, se podía acceder a la compra de una vivienda o, simplemente, al alquiler, y podías seguir cumpliendo no solo tus necesidades básicas, sino también poder disfrutar de coche, ropa nueva y otros “lujos”.

Ya centrándonos un poco en Jerez, podemos observar cómo la situación es igual que en el resto de España, y para ello podemos ver los datos que nos aporta el informe estadístico realizado por el propio Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Emuvijesa.

En él podemos ver cómo, en abril de 2026, casi 5.000 familias se encontraban activamente inscritas para el acceso a una vivienda, tanto en alquiler, alquiler con opción a compra como en compra. Esto nos lleva a ver cómo existe una necesidad real de vivienda.

Este informe también nos lleva a ver cómo el mayor número de personas que se encuentran inscritas están por debajo de 2,5 veces el IPREM, es decir, con menos de 1.750 euros brutos al mes, lo que equivale aproximadamente a unos 1.500 euros netos al mes. Este dato es importante porque, si analizamos el precio de las viviendas VPO, podemos observar que se encuentran por encima de los 150.000 euros y que, para poder acceder a esas viviendas, es necesario obtener unos ingresos superiores a los de la mayoría de las personas inscritas. Concretamente, solo 53 solicitudes se encuentran en un tramo de ingresos que, en principio, les permitiría acceder a una vivienda de ese importe, siempre que no tuvieran otras cargas económicas, como préstamos o deudas.

También es importante destacar que no solo es necesario contar con unos ingresos suficientes, sino que además existe otra dificultad: disponer del ahorro inicial necesario para acceder a una vivienda. No basta únicamente con que el banco considere que puedes asumir una hipoteca; normalmente es necesario aportar alrededor del 20% del valor de la vivienda, además de los gastos asociados a la compra. Esto supone que una familia que quiera acceder a una vivienda de, por ejemplo, 150.000 euros, puede necesitar más de 20.000 euros ahorrados antes de poder plantearse la compra.

Ante esta situación, tanto el Estado, mediante el aval ICO, como la Junta de Andalucía, a través del Programa Garantía Vivienda Andalucía, han puesto en marcha medidas para intentar facilitar el acceso a la vivienda, permitiendo que las entidades financieras puedan conceder una financiación mayor, incluso llegando al 100% del precio de la vivienda en determinados casos.

Sin embargo, estas medidas también nos llevan a plantearnos otra cuestión: ¿realmente es una ayuda para que las familias con bajos recursos puedan acceder a una vivienda?

Si el banco concede el 100% de la financiación, esto implica que la cantidad solicitada es mayor y, por tanto, también lo son los intereses que se deben pagar. Esto se traduce en una cuota hipotecaria más elevada, generando finalmente un mayor gasto mensual para la familia y pudiendo llegar a una situación en la que no puedan asumir el pago.

Y esto nos lleva de nuevo al punto inicial, si las ayudas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda terminan beneficiando principalmente a quienes ya cuentan con suficientes recursos económicos para poder acceder a ella, debemos volver a plantearnos la pregunta: ¿realmente la vivienda es un derecho o se ha convertido en un lujo?

Con esto, podemos ver cómo la vivienda, incluso la considerada como una protección social, se ha convertido en un lujo, siendo cada vez más difícil poder acceder a ella, y esto nos afecta a todos.

Por ello, es necesario seguir luchando por más vivienda social, por la creación de parques de vivienda pública y para que esta sea una herramienta más para seguir garantizando el acceso a nuestros derechos.