Existe una dolorosa paradoja universal: la maternidad se celebra en el discurso público, pero se penaliza en la práctica cotidiana. Esta contradicción estructural no solo romantiza la maternidad como el rol supremo de la mujer –de quien se espera plena abnegación–, sino que valida su fiscalización y castigo social. Cuando la teoría se convierte en una realidad con necesidades concretas, el Estado y la sociedad apartan la mirada. De este modo, las mujeres quedan expuestas a múltiples violencias e incertidumbres: desde un parto medicalizado donde pierden el protagonismo, hasta el aislamiento y sobrecarga en la crianza, la penalización laboral que trunca carreras y la desprotección ante los drásticos cambios físicos y personales de las madres. A este escenario se suma el temor fundado a la culpa: el miedo al reproche social por no alcanzar el mito de la "madre perfecta" y a descubrir que, tras el aplauso por dar la vida, solo queda el vacío, porque la misma sociedad que venera la maternidad, es la que desprotege a las madres. 

Ese contraste es el punto de partida del informe que Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos. Bajo el título "Violencia contra las madres". Este documento pionero, elaborado a partir de 167 aportaciones de expertos, organizaciones y colectivos de todo el mundo, es el primer instrumento de la ONU que aborda la maternidad no como una circunstancia más dentro de la violencia contra las mujeres, sino como un motivo de discriminación y violencia con entidad propia.

¿Qué es este informe y para qué sirve?

Los informes de las relatorías especiales de Naciones Unidas son instrumentos jurídicos que fijan estándares, ponen encima de la mesa evidencia recogida sobre el terreno y marcan el camino que se espera que sigan los Estados. En este caso, el objetivo es doble. Por un lado, nombrar y visibilizar una forma de violencia que hasta ahora carecía de entidad propia: la que se ejerce contra las mujeres precisamente por ser madres, o por sus decisiones sobre la maternidad y sus circunstancias. Por otro, ofrecer a los gobiernos una hoja de ruta concreta para combatir esta forma de violencia, desde la sanidad hasta la educación, pasando por la justicia y las políticas de protección social.

El informe insiste en una idea central: la maternidad sigue tratándose como una elección estrictamente privada, un asunto doméstico, cuando en realidad sostiene buena parte del tejido social y económico. Esa infravaloración no es un accidente cultural inofensivo, sino la raíz de múltiples discriminaciones que atraviesan a las mujeres de forma global. 

Una violencia con muchas caras

El documento describe la violencia contra las madres como un fenómeno de múltiples capas: económica, física, reproductiva, psicológica y también institucional. Las cifras que maneja son contundentes. Según recoge el informe, unos 800 millones de mujeres en el mundo carecen de seguridad económica en el momento de dar a luz, y cerca de una de cada cuatro abandona el mercado laboral durante el primer año tras la maternidad. La pobreza, señala el texto, duplica el riesgo de muerte materna en los entornos más desfavorecidos y está directamente relacionada con un mayor número de casos de depresión posparto; además de empujar a algunas mujeres hacia el aborto por falta de medios o hacia situaciones de explotación.

A esa violencia económica se suma la que ocurre dentro de los propios sistemas de salud: el informe reconoce explícitamente la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres, provocada por factores estructurales como la falta de personal sanitario, infraestructuras insuficientes, barreras económicas de acceso y también las separaciones forzosas de las madres y sus hijos e hijas. 

El texto no se detiene ahí. Señala que la violencia contra las madres puede provenir tanto del entorno más cercano –parejas, exparejas e incluso los propios hijos– como de actores institucionales: tribunales de familia que ignoran la seguridad de las madres en los litigios de custodia, gobiernos que no legislan a su favor o personal sanitario que normaliza el maltrato durante el parto. En contextos de conflicto armado, como Gaza, Sudán o Afganistán, la Relatora advierte que las madres se convierten en objetivo directo de la violencia, mientras las sanciones internacionales y los recortes a la ayuda humanitaria han debilitado todavía más el acceso a la salud materna desde 2025: “nueve de cada diez ya no pueden satisfacer la demanda actual”, según ONU Mujeres.

El informe subraya, además, que estas violencias no afectan por igual a todas las mujeres: se agravan según el origen, la situación administrativa, la orientación sexual, la discapacidad o la edad, dibujando un mapa de discriminaciones que se superponen: madres solteras, migrantes, adolescentes, con discapacidad o en situación irregular.

¿Qué pide la ONU a los Estados?

Entre las recomendaciones dirigidas a los gobiernos, el informe reclama garantizar el acceso a la justicia y a la reparación para las madres que han sufrido violencia, reforzar la prevención de la violencia obstétrica y priorizar su seguridad en los procesos judiciales de custodia de menores. Pide también avanzar hacia una atención sanitaria gratuita y respetuosa durante el embarazo y el parto, y proteger de forma explícita el vínculo entre madres y sus hijas e hijos en los sistemas de salud y de protección social.

Pero hay un eje que la Relatora sitúa como transversal a todas las demás medidas: la educación. El informe reclama que los sistemas educativos, formales e informales, combatan de manera activa las normas patriarcales que estigmatizan a determinadas madres, las adolescentes, solteras, divorciadas, adoptivas, y que los currículos escolares incorporen contenidos que reconozcan el valor social de los cuidados desde la corresponsabilidad. Y, lo que es más significativo, la aportación de la maternidad y las madres al conjunto de la sociedad. 

¿Por qué conviene conocer el Informe?

Este informe resulta fundamental porque pone en el centro del debate de derechos humanos que ser madre puede convertirse, en sí mismo, en un factor de vulnerabilidad adicional, una causa específica de opresión y discriminación. No se trata de una cuestión abstracta ni lejana. Afecta a la manera en que se atiende el embarazo y parto, a cómo se resuelve un proceso de custodia, la protección por maternidad en el empleo, el derecho a la baja maternal, la prevención de embarazos de adolescentes, a que las madres menores de edad puedan seguir estudiando sin estigma. Según el Fondo de Población de la ONU, cada año, dan a luz aproximadamente 21 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años, a las que se suman al menos medio millón de niñas menores de 14 años, en muchos casos producto de violaciones, aumentando las posibilidades de perpetuación de la pobreza. Conocer este informe nos permite disponer de un marco de referencia para exigir cambios concretos: en la sanidad, en la justicia, en el mercado laboral, en la educación y la sociedad, en general. 

Ya es hora de que se respete a las madres 

En un contexto de alarmante retroceso jurídico y social, donde se presiona a las mujeres para ser madres y restaurar el modelo de familia tradicional, se veta la educación sexual de los menores, se legisla o sentencia para obstruir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y se inventan nuevas formas de explotación de las mujeres pobres (la gestación subrogada), la hipocresía social resulta insostenible. Mientras el mercado laboral penaliza la maternidad y las mujeres siguen cargando el grueso de los cuidados, la alabaza vacía humilla. Las madres no necesitan la condescendencia de la retórica; exigen respeto, protección real y derechos garantizados. Es un deber inaplazable que el Estado y sus instituciones desplieguen los medios económicos y estructurales para sostener, de una vez por todas, a quienes dan y sostienen la vida: las madres.