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Hay decisiones políticas que no solo modifican un servicio público. También nos dicen qué sociedad queremos ser. El anuncio del traslado del albergue municipal de Jerez a la periferia me produce una sensación difícil de describir: la de estar retrocediendo varias décadas en la forma de entender la intervención social.
Quienes nos hemos formado o trabajamos en el ámbito social hemos estudiado la enorme evolución que ha experimentado la atención a las personas en situación de exclusión. Durante demasiado tiempo se creyó que el problema era la propia persona: el pobre, el toxicómano, la persona con discapacidad, quien tenía problemas de salud mental o quien vivía en la calle. Se entendía que había que corregir a ese individuo, apartarlo o institucionalizarlo. La sociedad no tenía nada que revisar; era la persona quien debía adaptarse.
Afortunadamente, ese paradigma empezó a cambiar.
Hoy sabemos que las personas no viven en la calle porque sí. Sabemos que detrás del sinhogarismo hay procesos de exclusión, falta de vivienda asequible, problemas de salud, rupturas familiares, desempleo, violencia o ausencia de redes de apoyo. Comprendimos que el problema no era la persona, sino las barreras que la sociedad levantaba y la falta de respuestas públicas para garantizar derechos.
Por eso las políticas sociales modernas dejaron de preguntarse cómo esconder la pobreza y empezaron a preguntarse cómo combatirla.
Sin embargo, decisiones como el traslado del albergue municipal vuelven a despertar una inquietud inevitable. Porque trasladar el principal recurso para personas sin hogar a una zona industrial y alejada del resto de servicios transmite un mensaje que va mucho más allá de un cambio de edificio. Da la sensación de que la prioridad deja de ser la inclusión para convertirse en la invisibilidad.
Como si el problema no fuera que haya personas durmiendo en la calle, sino que las veamos.
Y esa idea es profundamente peligrosa.
Un albergue no es únicamente un lugar donde pasar la noche. Es un recurso de inclusión. Su ubicación importa porque forma parte de la intervención. Estar cerca de los servicios sociales, de los centros sanitarios, del transporte público y de las entidades que acompañan a estas personas facilita su autonomía y favorece los procesos de inserción. Alejar el recurso significa también alejar oportunidades.
Resulta especialmente preocupante que esta decisión se anuncie sin un proceso de participación con las entidades sociales que llevan décadas trabajando con las personas sin hogar. Quienes mejor conocen esta realidad no pueden enterarse por un titular de prensa de un cambio que condicionará su trabajo durante muchos años.
Me preocupa, sobre todo, el mensaje que lanzamos como ciudad.
Una ciudad avanzada no es aquella que consigue que no se vea la pobreza. Es aquella que trabaja para que deje de existir.
Durante años hemos intentado dejar atrás una intervención basada en esconder, separar y tutelar. Hemos apostado por la autonomía, la participación, la comunidad y los derechos. Por entender que las personas sin hogar no son un elemento incómodo del paisaje urbano, sino ciudadanos y ciudadanas con la misma dignidad que cualquiera.
Por eso siento que esta decisión representa un paso atrás.
No porque cambie una dirección en un mapa, sino porque parece recuperar una vieja forma de pensar: si alejamos el problema de nuestra vista, el problema desaparece.
Pero la pobreza nunca desaparece porque dejemos de verla.
Solo desaparece cuando decidimos combatir las causas que la generan.
Hay decisiones políticas que no solo modifican un servicio público. También nos dicen qué sociedad queremos ser. El anuncio del traslado del albergue municipal de Jerez a la periferia me produce una sensación difícil de describir: la de estar retrocediendo varias décadas en la forma de entender la intervención social.
Quienes nos hemos formado o trabajamos en el ámbito social hemos estudiado la enorme evolución que ha experimentado la atención a las personas en situación de exclusión. Durante demasiado tiempo se creyó que el problema era la propia persona: el pobre, el toxicómano, la persona con discapacidad, quien tenía problemas de salud mental o quien vivía en la calle. Se entendía que había que corregir a ese individuo, apartarlo o institucionalizarlo. La sociedad no tenía nada que revisar; era la persona quien debía adaptarse.
Afortunadamente, ese paradigma empezó a cambiar.
Hoy sabemos que las personas no viven en la calle porque sí. Sabemos que detrás del sinhogarismo hay procesos de exclusión, falta de vivienda asequible, problemas de salud, rupturas familiares, desempleo, violencia o ausencia de redes de apoyo. Comprendimos que el problema no era la persona, sino las barreras que la sociedad levantaba y la falta de respuestas públicas para garantizar derechos.
Por eso las políticas sociales modernas dejaron de preguntarse cómo esconder la pobreza y empezaron a preguntarse cómo combatirla.
Sin embargo, decisiones como el traslado del albergue municipal vuelven a despertar una inquietud inevitable. Porque trasladar el principal recurso para personas sin hogar a una zona industrial y alejada del resto de servicios transmite un mensaje que va mucho más allá de un cambio de edificio. Da la sensación de que la prioridad deja de ser la inclusión para convertirse en la invisibilidad.
Como si el problema no fuera que haya personas durmiendo en la calle, sino que las veamos.
Y esa idea es profundamente peligrosa.
Un albergue no es únicamente un lugar donde pasar la noche. Es un recurso de inclusión. Su ubicación importa porque forma parte de la intervención. Estar cerca de los servicios sociales, de los centros sanitarios, del transporte público y de las entidades que acompañan a estas personas facilita su autonomía y favorece los procesos de inserción. Alejar el recurso significa también alejar oportunidades.
Resulta especialmente preocupante que esta decisión se anuncie sin un proceso de participación con las entidades sociales que llevan décadas trabajando con las personas sin hogar. Quienes mejor conocen esta realidad no pueden enterarse por un titular de prensa de un cambio que condicionará su trabajo durante muchos años.
Me preocupa, sobre todo, el mensaje que lanzamos como ciudad.
Una ciudad avanzada no es aquella que consigue que no se vea la pobreza. Es aquella que trabaja para que deje de existir.
Durante años hemos intentado dejar atrás una intervención basada en esconder, separar y tutelar. Hemos apostado por la autonomía, la participación, la comunidad y los derechos. Por entender que las personas sin hogar no son un elemento incómodo del paisaje urbano, sino ciudadanos y ciudadanas con la misma dignidad que cualquiera.
Por eso siento que esta decisión representa un paso atrás.
No porque cambie una dirección en un mapa, sino porque parece recuperar una vieja forma de pensar: si alejamos el problema de nuestra vista, el problema desaparece.
Pero la pobreza nunca desaparece porque dejemos de verla.
Solo desaparece cuando decidimos combatir las causas que la generan.
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