Hay imágenes que España no debería olvidar. Y Marruecos, mucho menos, porque es desde sus costas desde donde miles de personas se han lanzado al mar para alcanzar territorio español. Padres que han cruzado el mar a nado con sus bebés; niños de apenas dos años, envueltos en mantas y tiritando de frío; personas exhaustas después de jugarse la vida en el agua; y, sobre todo, miles de jóvenes que alcanzan suelo español después de atravesar el mar.
Son imágenes insólitas para un país como España. Imágenes desoladoras que esconden un drama humano enorme, del que habrá que dar muchas explicaciones, pero del que, sobre todo, habrá que asumir responsabilidades ante la falta de control de una frontera que se ha convertido en un coladero de personas.
Y hay un dato que debería detenernos antes de entrar en el análisis de lo sucedido: al menos 18 personas han muerto intentando llegar a Ceuta, cifra que se conoce a fecha de hoy. Dieciocho vidas. Dieciocho familias. Dieciocho tragedias. Y quién sabe cuántas más quedarán atrapadas en el mar.
Este es el mayor fracaso. Un fracaso de Marruecos, que no ha sido capaz —o no ha querido— impedir que miles de personas se lancen al mar; y un fracaso de España, que no ha sido capaz de anticipar una presión de esta dimensión ni de proteger desde el primer momento una frontera que es frontera europea.
Porque detrás de cada persona hay una historia. Hay desesperación, pobreza, miedo y una esperanza depositada en Europa. Y eso obliga a mirar hacia el origen.
No podemos esperar a que las personas lleguen a la frontera para empezar a actuar. Hay que actuar en los países de origen, combatir las mafias, trabajar con los países de tránsito y exigir a Marruecos que cumpla su responsabilidad. El drama no empieza cuando estas personas llegan a Ceuta. Empieza mucho antes.
Una cuestión también de Seguridad Nacional
Pero hoy hay algo que tampoco podemos esconder detrás del drama humano. Esto es también una cuestión de seguridad nacional.
Lo que hemos visto en Ceuta no es una entrada aislada. Es un asalto masivo a una frontera española, una avalancha de dimensiones extraordinarias que ha puesto en jaque a una ciudad de apenas 85.000 habitantes y ha desbordado a quienes tenían que protegerla.
La Guardia Civil ha estimado en decenas de miles las personas movilizadas. Si finalmente se confirma una cifra cercana a los 40.000, estaríamos hablando de casi la mitad de la población de Ceuta.
Ante las dimensiones de este asalto masivo de territorio español hay una pregunta que el Gobierno debe responder:
¿Cómo es posible movilizar y concentrar a decenas de miles de personas ante una frontera española sin que los mecanismos de prevención y alerta hayan sido capaces de anticiparlo?
No solo importa cuántas personas han llegado. Importa cómo ha sido posible movilizarlas y concentrarlas en tan poco tiempo.
La dimensión, la simultaneidad y la capacidad de movilización obligan, como mínimo, a investigar qué ha ocurrido, quién ha permitido que ocurra y qué papel han desempeñado las autoridades marroquíes. Y, por supuesto, obligan a tomar medidas urgentes. Lo que estamos viendo es inadmisible en un territorio español.
¿Puede hablarse de una invasión? La palabra ha aparecido hoy en buena parte del debate público. No tenemos pruebas para afirmar que exista una operación organizada por Marruecos para ocupar Ceuta.
Pero sí hemos visto algo incuestionable: un territorio español ha sido sometido a una presión masiva hasta desbordar durante horas su capacidad de control. Y eso basta para que la pregunta deje de ser exclusivamente migratoria:
¿Dónde termina una crisis migratoria y dónde empieza un problema de seguridad nacional?
Con lo que hemos visto en las últimas horas hemos comprobado hasta qué punto puede quedar expuesta una frontera cuando se produce una entrada masiva y simultánea de personas. Y esa vulnerabilidad adquiere una dimensión todavía mayor cuando hablamos de Ceuta, territorio español cuya soberanía reclama históricamente Marruecos.
No estamos hablando de cualquier frontera: estamos hablando de una frontera española situada en un territorio cuya soberanía es objeto de una reivindicación permanente por parte de nuestro país vecino.
Por eso es aún más difícil entender la falta de contundencia en la respuesta del Gobierno. Ha tenido que producirse una avalancha de estas dimensiones para que se movilizara al Ejército. Mientras tanto, los agentes han tenido que afrontar una situación excepcional y una ciudad de 85.000 habitantes ha soportado una presión que no puede asumir sola.
Ceuta no puede quedarse sola
Ceuta es España. Su frontera es frontera española y, por tanto, frontera europea. Y como frontera europea, la responsabilidad no es solo de España: la Unión Europea también debe implicarse en la protección de sus fronteras exteriores. La seguridad de Ceuta es la seguridad de España.
La Asamblea de Ceuta ha reclamado al Gobierno central el cierre de la frontera, el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el despliegue del Ejército y la declaración de emergencia nacional al amparo de la normativa de Seguridad Nacional. Pero el Gobierno no ha activado ese mecanismo.
La pregunta es inevitable: ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno considere que estamos ante un problema de seguridad nacional?
No se trata de militarizar Ceuta. No se trata de suspender derechos. Se trata de que el Estado disponga de todos sus recursos cuando una frontera española está siendo sometida a una presión extraordinaria. La prevención también forma parte de la seguridad nacional.
Y aquí aparece una palabra incómoda que desde ayer forma parte del debate público: inacción.
Porque cuando una frontera está siendo desbordada, cuando los agentes están superados y cuando los servicios de una ciudad no pueden absorber una llegada masiva de personas, el Estado no puede limitarse a reaccionar cuando el problema ya ha explotado.
Y lo más grave es que esto ya ocurrió.
En mayo de 2021, miles de personas entraron en Ceuta en plena crisis diplomática entre España y Marruecos tras la entrada en nuestro país, por razones médicas, de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
Aquella crisis demostró hasta qué punto la frontera podía convertirse en una herramienta de presión política sobre España.
Y unos meses después ocurrió algo todavía más trascendente. En marzo de 2022, Pedro Sánchez comunicó a Mohamed VI su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como base para resolver el conflicto. El giro español se conoció públicamente a través del comunicado del Palacio Real marroquí. España había cambiado radicalmente una posición mantenida durante décadas.
No sabemos qué se habló entonces entre Madrid y Rabat. No hay pruebas para afirmar que aquel giro fuera el precio de una negociación secreta.
Pero sí podemos hacernos una pregunta que sigue siendo legítima:
¿Qué problema de fondo se esconde detrás de las relaciones entre España y Marruecos?
Porque lo ocurrido hoy en Ceuta vuelve a poner esa relación bajo el foco. Marruecos es un socio estratégico. España necesita su cooperación para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y las mafias y para controlar los flujos migratorios. Pero Marruecos también tiene sus intereses. Y entre ellos está su reivindicación histórica sobre Ceuta y Melilla.
Por eso España no puede construir una relación estratégica desde la vulnerabilidad. Y tampoco puede olvidar que quienes han llegado no son un ejército. Son personas.
Son padres con sus hijos. Son jóvenes que buscan una oportunidad. Son personas que han arriesgado todo por llegar a España y, en al menos 18 casos, han pagado esa decisión con la vida. Y probablemente nunca sabremos cuántas vidas más se ha cobrado el mar.
Pero precisamente por esas personas, y también por los ciudadanos de Ceuta, España tiene que hacer su trabajo.
Lo ocurrido hoy no puede volver a repetirse. Y a la hora de escribir esta columna -primera hora del viernes- aún no sabemos cómo va a terminar ya que la situación es crítica.
Hay imágenes que España no debería olvidar. Y Marruecos, mucho menos, porque es desde sus costas desde donde miles de personas se han lanzado al mar para alcanzar territorio español. Padres que han cruzado el mar a nado con sus bebés; niños de apenas dos años, envueltos en mantas y tiritando de frío; personas exhaustas después de jugarse la vida en el agua; y, sobre todo, miles de jóvenes que alcanzan suelo español después de atravesar el mar.
Son imágenes insólitas para un país como España. Imágenes desoladoras que esconden un drama humano enorme, del que habrá que dar muchas explicaciones, pero del que, sobre todo, habrá que asumir responsabilidades ante la falta de control de una frontera que se ha convertido en un coladero de personas.
Y hay un dato que debería detenernos antes de entrar en el análisis de lo sucedido: al menos 18 personas han muerto intentando llegar a Ceuta, cifra que se conoce a fecha de hoy. Dieciocho vidas. Dieciocho familias. Dieciocho tragedias. Y quién sabe cuántas más quedarán atrapadas en el mar.
Este es el mayor fracaso. Un fracaso de Marruecos, que no ha sido capaz —o no ha querido— impedir que miles de personas se lancen al mar; y un fracaso de España, que no ha sido capaz de anticipar una presión de esta dimensión ni de proteger desde el primer momento una frontera que es frontera europea.
Porque detrás de cada persona hay una historia. Hay desesperación, pobreza, miedo y una esperanza depositada en Europa. Y eso obliga a mirar hacia el origen.
No podemos esperar a que las personas lleguen a la frontera para empezar a actuar. Hay que actuar en los países de origen, combatir las mafias, trabajar con los países de tránsito y exigir a Marruecos que cumpla su responsabilidad. El drama no empieza cuando estas personas llegan a Ceuta. Empieza mucho antes.
Una cuestión también de Seguridad Nacional
Pero hoy hay algo que tampoco podemos esconder detrás del drama humano. Esto es también una cuestión de seguridad nacional.
Lo que hemos visto en Ceuta no es una entrada aislada. Es un asalto masivo a una frontera española, una avalancha de dimensiones extraordinarias que ha puesto en jaque a una ciudad de apenas 85.000 habitantes y ha desbordado a quienes tenían que protegerla.
La Guardia Civil ha estimado en decenas de miles las personas movilizadas. Si finalmente se confirma una cifra cercana a los 40.000, estaríamos hablando de casi la mitad de la población de Ceuta.
Ante las dimensiones de este asalto masivo de territorio español hay una pregunta que el Gobierno debe responder:
¿Cómo es posible movilizar y concentrar a decenas de miles de personas ante una frontera española sin que los mecanismos de prevención y alerta hayan sido capaces de anticiparlo?
No solo importa cuántas personas han llegado. Importa cómo ha sido posible movilizarlas y concentrarlas en tan poco tiempo.
La dimensión, la simultaneidad y la capacidad de movilización obligan, como mínimo, a investigar qué ha ocurrido, quién ha permitido que ocurra y qué papel han desempeñado las autoridades marroquíes. Y, por supuesto, obligan a tomar medidas urgentes. Lo que estamos viendo es inadmisible en un territorio español.
¿Puede hablarse de una invasión? La palabra ha aparecido hoy en buena parte del debate público. No tenemos pruebas para afirmar que exista una operación organizada por Marruecos para ocupar Ceuta.
Pero sí hemos visto algo incuestionable: un territorio español ha sido sometido a una presión masiva hasta desbordar durante horas su capacidad de control. Y eso basta para que la pregunta deje de ser exclusivamente migratoria:
¿Dónde termina una crisis migratoria y dónde empieza un problema de seguridad nacional?
Con lo que hemos visto en las últimas horas hemos comprobado hasta qué punto puede quedar expuesta una frontera cuando se produce una entrada masiva y simultánea de personas. Y esa vulnerabilidad adquiere una dimensión todavía mayor cuando hablamos de Ceuta, territorio español cuya soberanía reclama históricamente Marruecos.
No estamos hablando de cualquier frontera: estamos hablando de una frontera española situada en un territorio cuya soberanía es objeto de una reivindicación permanente por parte de nuestro país vecino.
Por eso es aún más difícil entender la falta de contundencia en la respuesta del Gobierno. Ha tenido que producirse una avalancha de estas dimensiones para que se movilizara al Ejército. Mientras tanto, los agentes han tenido que afrontar una situación excepcional y una ciudad de 85.000 habitantes ha soportado una presión que no puede asumir sola.
Ceuta no puede quedarse sola
Ceuta es España. Su frontera es frontera española y, por tanto, frontera europea. Y como frontera europea, la responsabilidad no es solo de España: la Unión Europea también debe implicarse en la protección de sus fronteras exteriores. La seguridad de Ceuta es la seguridad de España.
La Asamblea de Ceuta ha reclamado al Gobierno central el cierre de la frontera, el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el despliegue del Ejército y la declaración de emergencia nacional al amparo de la normativa de Seguridad Nacional. Pero el Gobierno no ha activado ese mecanismo.
La pregunta es inevitable: ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Gobierno considere que estamos ante un problema de seguridad nacional?
No se trata de militarizar Ceuta. No se trata de suspender derechos. Se trata de que el Estado disponga de todos sus recursos cuando una frontera española está siendo sometida a una presión extraordinaria. La prevención también forma parte de la seguridad nacional.
Y aquí aparece una palabra incómoda que desde ayer forma parte del debate público: inacción.
Porque cuando una frontera está siendo desbordada, cuando los agentes están superados y cuando los servicios de una ciudad no pueden absorber una llegada masiva de personas, el Estado no puede limitarse a reaccionar cuando el problema ya ha explotado.
Y lo más grave es que esto ya ocurrió.
En mayo de 2021, miles de personas entraron en Ceuta en plena crisis diplomática entre España y Marruecos tras la entrada en nuestro país, por razones médicas, de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
Aquella crisis demostró hasta qué punto la frontera podía convertirse en una herramienta de presión política sobre España.
Y unos meses después ocurrió algo todavía más trascendente. En marzo de 2022, Pedro Sánchez comunicó a Mohamed VI su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como base para resolver el conflicto. El giro español se conoció públicamente a través del comunicado del Palacio Real marroquí. España había cambiado radicalmente una posición mantenida durante décadas.
No sabemos qué se habló entonces entre Madrid y Rabat. No hay pruebas para afirmar que aquel giro fuera el precio de una negociación secreta.
Pero sí podemos hacernos una pregunta que sigue siendo legítima:
¿Qué problema de fondo se esconde detrás de las relaciones entre España y Marruecos?
Porque lo ocurrido hoy en Ceuta vuelve a poner esa relación bajo el foco. Marruecos es un socio estratégico. España necesita su cooperación para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y las mafias y para controlar los flujos migratorios. Pero Marruecos también tiene sus intereses. Y entre ellos está su reivindicación histórica sobre Ceuta y Melilla.
Por eso España no puede construir una relación estratégica desde la vulnerabilidad. Y tampoco puede olvidar que quienes han llegado no son un ejército. Son personas.
Son padres con sus hijos. Son jóvenes que buscan una oportunidad. Son personas que han arriesgado todo por llegar a España y, en al menos 18 casos, han pagado esa decisión con la vida. Y probablemente nunca sabremos cuántas vidas más se ha cobrado el mar.
Pero precisamente por esas personas, y también por los ciudadanos de Ceuta, España tiene que hacer su trabajo.
Lo ocurrido hoy no puede volver a repetirse. Y a la hora de escribir esta columna -primera hora del viernes- aún no sabemos cómo va a terminar ya que la situación es crítica.
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