En un mundo globalizado y dentro de un mercado de la Unión Europea de libertad de movimientos de capitales, cuando se suben los impuestos a las empresas o, incluso, con solo su anuncio o, por añadidura, ante cualquier inestabilidad política que ponga en riesgo los beneficios empresariales, las compañías no tardan en buscar otras ubicaciones más rentables al principio y, luego, se deslocalizan. A veces la decisión no es inmediata, sobre todo cuando hay instalaciones industriales que son complejas de trasladar. Eso no se produce de un día para otro. Pero el efecto negativo llega más tarde o más temprano, porque se paralizan las inversiones a futuro.
Como ejemplo de ello, lo que ha ocurrido en Cataluña con el clima de crispación e inseguridad económica y el traslado de más de 4.500 sedes sociales de empresas a otras comunidades. Al principio no tuvo una secuela inmediata en su economía, pero ahora ya se empieza a notar. Así, en el mes de agosto la comunidad catalana ha sido la más castigada por el aumento del paro. De hecho, eso es el producto de la drástica reducción de inversiones extranjeras y nacionales que ha generado una disminución del consumo y del ahorro en Cataluña. Hoy día el 76% de los indicadores económicos catalanes están por debajo de la media española, lo opuesto a lo ocurría hasta ahora, cuando antes esa comunidad era el motor económico de España.
Coincidiendo con la llegada del nuevo Gobierno ha habido una salida de capitales en el Ibex 35 enorme: más de 11.000 millones de euros. Eso el ciudadano medio de a pie no lo capta, ni aparentemente le afecta en ese momento, pues su vida no cambia de la noche a la mañana. Al principio solo perjudica a los inversores en bolsa que ven que el apunte contable de sus acciones ha bajado en su cotización y tienen menos patrimonio. Pero a la larga es el ciudadano trabajador, que siempre llega apurado a fin de mes y que tiene que pagar puntualmente sus hipotecas, créditos o gastos, el que va a sufrir más las consecuencias, pues la falta de inversión empresarial es la antesala de la salida de las empresas, de más paro, de menos recaudación de impuestos, de mayor déficit y, por tanto, de menos dinero a repartir en prestaciones sociales.
Cuando los acaudalados ven la posibilidad de ahorrarse impuestos, con el visto bueno de sus asesores fiscales, lo hacen con una facilidad pasmosa, no se cortan un pelo y mueven sus capitales en un pestañeo, con un click de ordenador. Hoy por la mañana puede estar todo su capital en España y por la tarde, tras liquidar sus cargas tributarias, en Luxemburgo o Irlanda y no están cometiendo ningún delito, es todo legal. En el momento que hagan eso masivamente, el impacto recaudatorio que se preveía con un alza impositiva sobre ellos se vuelve en contra y se consigue, todo lo contrario, una merma en la recaudación. Para evitar esto habría que lograr una armonización fiscal europea, pues nos estamos haciendo competencia unos estados a otros, facilitando, de esa manera, un pago de tributos ridículo por parte de las empresas. El juego de la economía europea funciona así desgraciadamente. Es en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la Unión Europea donde se pueden tomar iniciativas legislativas comunes para impedir estas circunstancias.
Además, la mayoría de las veces, subir los impuestos genera un efecto rebote, ya que provoca que haya menos dinero en circulación para gastar y es el camino más rápido para la contracción económica. Ahora que la mayoría de los indicadores económicos adelantados de España están desacelerándose o en negativo, hacer una política restrictiva del consumo privado no es la fórmula más adecuada para el progreso y bienestar de los ciudadanos, todo lo contrario. El tremendo aumento del paro en agosto en más de 41.000 personas es la muestra palpable de lo que ya está sucediendo y de lo que puede estar por venir.
La receta para evitar esta sangría económica es hacer políticas expansivas del consumo y facilitar que las sociedades mercantiles se instalen aquí y no hacerlas que huyan por el temor de la merma de sus beneficios. Hay que poner alfombras rojas para que vengan las empresas, especialmente las industriales, pues la riqueza de un país es su producción de bienes y servicios (PIB), si no se produjese nada no habría nada que repartir y, ante tan magna pobreza, quedaría finiquitado el Estado del bienestar. Si se quiere hacer simplemente justicia contra los que se consideran ricos que se haga, pero con cabeza para que el coste de tomar esa medida no provoque más pobreza a todos. La igualdad debe tender a igualarnos por arriba, no por abajo.
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