Observen a su alrededor por un instante. Se habrán dado cuenta de que nos hemos acostumbrado a habitar una época extraña, dominada por una suerte de obsolescencia acelerada. Cambiamos de teléfono móvil cada año y medio, arrastrados por una inercia compulsiva que nos exige el último modelo, la pantalla más rutilante o el diseño de moda, aun cuando el terminal que llevamos en el bolsillo siga cumpliendo con absoluta solvencia su cometido. Lo efímero ha ganado la partida al valor de lo duradero.

El problema verdadero no reside en que la sociedad de consumo renueve sus enseres con una prisa atolondrada. Lo preocupante, lo verdaderamente grave, es que esa misma ansiedad por la novedad inmediata pretende colonizar el espacio sagrado de las instituciones democráticas.

Se percibe últimamente una tentación peligrosa: la de convertir la acción política en un bien de consumo rápido. Hay quienes confunden la alta responsabilidad de la representación ciudadana con un escaparate de fuegos de artificio. Pretenden medir el calado de un proyecto ejecutivo o legislativo por la repercusión de un post a deshora, la audacia de un titular estrella o el aplauso movedizo de la galería. Es la política concebida como un producto con fecha de caducidad, diseñada para deslumbrar un cuarto de hora y ser sustituida al día siguiente por el siguiente impacto mediático.

Pero conviene recordar, con el sosiego, la responsabilidad y el temple que exige el oficio público, que los derechos, y también los deberes, de los ciudadanos no se construyen a golpe de algoritmo.

La política con mayúsculas, la que dignifica a los pueblos y cohesiona a las sociedades, no es un artículo de consumo de usar y tirar. La verdadera vocación de servicio a la comunidad no habita en la estridencia ni en el trazo grueso. Exige rigor, estudio estricto de la norma, diálogo sereno y una infinita capacidad de escucha para comprender los problemas reales de quienes madrugan cada mañana, dando así una respuesta solidaria, certera y sin efectismos. Exige, en definitiva, ese trabajo abnegado e invisible que rara vez busca el foco, pero que sostiene el andamiaje de nuestro Estado de Derecho.

Es cierto que los tiempos corren desbocados y que el ruido mediático consume liderazgos y debates a una velocidad frenética. Sin embargo, quienes ostentamos la confianza de la ciudadanía tenemos el deber moral y democrático de elevarnos sobre esa vorágine. Los grandes acuerdos, las reformas estructurales que garantizan el bienestar de las futuras generaciones y la vertebración de un territorio no improvisan su arquitectura en un reel, un post o un podcast. Requieren firmeza, madurez, cultura institucional y el conocimiento profundo que solo otorgan la experiencia y el respeto por las reglas del juego.

Frente a la levedad de lo desechable y el artificio de la política de imagen y sonido, es necesario reivindicar la templanza, la solvencia y la altura de miras. Porque la buena política —la del servicio real, ya sea en el ámbito ejecutivo o en el legislativo— no caduca; se consolida. Y al final del camino, la historia no juzgará a los representantes públicos por el brillo del embalaje con el que se presentaron, sino por la solidez de la huella que supieron dejar. Ahí, y solo ahí, reside el valor de lo duradero.